Peñalver informó del terreno con el que varios imputados buscaban un 'pelotazo'

Joaquín Peñalver Mota, imputado en el 'caso Umbra' y jefe de Planeamiento Urbanístico del Ayuntamiento de Murcia en los años 2005 y 2006, informó favorablemente en esos años sobre el aumento de edificabilidad de unos terrenos adquiridos por la sociedad General Atlantic Business (GAB), con los que otros encausados pretendían dar un 'pelotazo' que el fiscal estima en más de 120 millones de euros. Tal circunstancia quedó ayer de manifiesto durante el interrogatorio al que Peñalver fue sometido, por espacio de casi una hora, ante el titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, David Castillejos, que coordina la investigación sobre este caso de corrupción enraizado en el Ayuntamiento de Murcia.

El fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, trata de desentrañar las relaciones mercantiles supuestamente ilícitas que varios de los imputados en el 'caso Umbra', y en concreto el abogado urbanista Higinio Pérez Mateos y el exdirector de la Gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra, mantenían en torno a la sociedad GAB, de la que supuestamente eran socios. Esta mercantil tenía intereses urbanísticos en la zona norte del municipio, en concreto en el paraje de Cantalares de Cabezo de Torres, y habría conseguido que el Ayuntamiento de Murcia informara a favor de un significativo aumento de la edificabilidad.

Según las estimaciones del fiscal, Higinio Pérez Mateos y Alberto Guerra -quien supuestamente se asoció con el primer utilizando para ello a su mujer, la también imputada María Isabel Fernández- habrían previsto obtener con esa operación urbanística unas plusvalías superiores a los 120 millones de euros.

Con el objeto de determinar cómo se fraguó esa operación, el juez Castillejos citó a declarar el pasado viernes a Pérez Mateos y a Guerra y ayer tomó declaración, también como imputados, a Joaquín Peñalver, a María Isabel Fernández y al ingeniero de origen italiano Renato de Noce.

Aunque Peñalver tenía previsto negarse a prestar declaración sobre esos hechos, al considerar su abogado, Raúl Pardo-Geijo Ruiz, que la competencia en ese asunto corresponde al Juzgado de Instrucción número 4 de Murcia, finalmente accedió a contestar respecto de los dos informes que elaboró sobre GAB.

Fuentes próximas al caso explicaron que el arranque del interrogatorio dio origen a algunos momentos de tensión verbal entre el fiscal y el abogado Pardo-Geijo Ruiz, toda vez que el primero intentaba preguntar por asuntos que iban más allá de esos dos informes, lo que originaba la protesta del letrado.

Una vez centrada la toma de declaración en ambos documentos, fechados a finales de 2005 y primeros meses de 2006, Peñalver defendió la legalidad de ambos, tanto en la forma como en el fondo, y resaltó que en último extremo fue la Comunidad Autónoma la que avaló la operación urbanística. Peñalver incluso animó al fiscal a que llamara a declarar a los responsables de darle el visto bueno en la Administración regional, aduciendo que le interesaba saber por qué habían apoyado sus informes, «ya que podían haber dicho que no los avalaban».

Cuando el fiscal le hizo saber que otro de los altos funcionarios del Ayuntamiento, Ángel Lajarín, se había mostrado disconforme en el juzgado sobre la forma en que Peñalver y el jefe de éste, Guerra, aplicaban las normas urbanísticas, el imputado aseguró no recordar que Lajarín hubiera puesto objeciones en alguna ocasión. Más todavía, aseguró que éste participaba activamente en todas las decisiones, por lo que dijo no entender sus declaraciones en el juzgado.

Por lo que se refiere a Isabel Fernández, negó que fuera socia de Pérez Mateos en GAB y aseguró que el contrato privado suscrito entre ambos no entró en vigor, ya que se dio por resuelto poco después. El ingeniero Renato de Noce fue interrogado acerca de sus posibles relaciones mercantiles con el exconcejal de Urbanismo, Fernando Berberena, y negó que existieran intereses comunes.