Imputan a un administrador concursal por dar supuestos datos falsos de una empresa

El Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia ha citado a declarar, en calidad de imputado, al administrador concursal de una empresa de frutas, cuyo propietario lo acusa de estar suministrando al juzgado de lo Mercantil datos falsos sobre su sociedad.

El citado administrador concursal, cuya identidad responde a las iniciales J.V.M., fue designado por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Murcia, en mayo de 2011, para supervisar el concurso voluntario de acreedores al que había ido la firma Frutas Picadilly S.L.. Ahora, un año y medio después de que J.V.M. asumiera la responsabilidad de gestionar el concurso, el dueño de la compañía le ha puesto una querella por un presunto delito de falso testimonio cometido por un perito. El Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia la ha admitido a trámite y ha citado a declarar como imputado al administrador concursal.

En concreto, el propietario de Frutas Picadilly lo acusa de haber iniciado dos acciones judiciales para tratar de conseguir que unos bienes, que eran de esta empresa y que habían sido enajenados poco antes de ir a concurso, sean reintegrados a la sociedad. El objetivo último del administrador concursal, según la querella, sería meramente «crematístico», ya que la normativa establece que estos profesionales designados por el juzgado cobrarán, además de lo ya establecido por ley, «el 1% del incremento del valor neto de la masa del concurso por el ejercicio de acciones de reintegración».

De esta forma, si consiguiera su propósito de que las dos citadas fincas fueran devueltas a la empresa, y teniendo en cuenta que cifra el valor de mercado de las mismas entre 5 y 6 millones de euros, se embolsaría entre 50.000 y 60.000 euros adicionales.

Algo similar ocurriría respecto de otras ocho fincas rústicas que Frutas Picadilly arrendó a una compañía del sector, por un periodo de veinte años, y cuya reintegración también ha reclamado el perito.

La querella ha sido redactada en términos especialmente duros por el letrado Raúl Pardo-Geijo Ruiz, quien sostiene que la actuación del administrador «está marcada por la mala fe y un ánimo falsario», así como por «su desmesurado afán de lograr su porpósito crematístico».

Más todavía, y es ahí donde radicaría el supuesto delictivo, considera que el querellado habría faltado a la verdad de manera maliciosa o, cuanto menos, la habría alterado con reticencias, inexactitudes o silenciando datos relevantes, con el supuesto ánimo de inducir al juez de lo Mercantil a una conclusión errónea.

Así, el perito habría asegurado en su demanda de reintegración de fincas que éstas fueron vendidas por 430.000 euros, y que solo llegó a pagarse 86.000, pese a que «le fue explicado hasta la saciedad que el precio de venta de las fincas fue de 1.234.000 euros, que se pagaron con 804.000 euros en efectivo y once pagarés por importe total de 430.000 euros». Los querellantes aportan además diversa documentación que probaría sus afirmaciones.

Por lo que se refiere al alquiler de otras ocho fincas, el administrador concursal habría informado el 21 de febrero de 2012 de que la empresa arrendataria no había abonado las rentas correspondientes a 2011, pese a ser presuntamente consciente de que todavía no tenían por qué estar satisfechas, ya que las rentas eran pagaderas a partir de mayo de ese año.

Este periódico se puso ayer en contacto con el letrado Raúl Pardo-Geijo para tratar de obtener más datos sobre el asunto, pero rechazó hacer declaraciones. «Lo que tenía que manifestar está ya perfectamente recogido en la querella», señaló.