La Comunidad elimina la deducción por compra de vivienda en el tramo regional

El Ejecutivo regional también actualizará tasas en 2013, suprimirá la figura del Defensor del Pueblo y la Entidad Pública del Transporte y unificará Murcia Cultural y Murcia Turística

EFE

El Consejo de gobierno ha estudiado hoy el Anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias 2013, conocido como Ley de Acompañamiento, que supondrá, entre otras supresiones, la de la Entidad Pública del Transporte (EPT); del Defensor del Pueblo (cargo que ejerce en estos momentos José Pablo Ruiz Abellán); Murcia Cultural, y Murcia Turística, informó en rueda de prensa el consejero de Economía, Juan Bernal.

El texto incluye modificaciones tributarias como la derogación del tramo autonómico del IRPF de la deducción estatal por inversión en la compra de vivienda habitual, lo que supondrá un ingreso aproximado de 4,5 millones de euros, eso a pesar de que se respetarán a quienes venían disfrutando de esta deducción con anterioridad.

En el impuesto de sucesiones y donaciones se elimina el requisito de que el donante tenga que estar ejerciendo funciones de dirección para poder aplicar la reducción autonómica en la base imponible por la adquisición inter vivos de empresa individual, negocio o participaciones en entidades.

En cuanto a los tributos sobre el juego, se modifican los tipos impositivos en las apuestas, la regulación del impuesto regional sobre los premios del bingo, para dotar de una mayor cantidad neta a los premios, y sobre la gestión administrativa del padrón de máquinas recreativas.

El texto incluye la actualización de tasas regionales, con unos ingresos previstos de 45.000 euros, y se incorpora la de inscripción y realización de las pruebas de conjunto en las enseñanzas deportivas de régimen especial y por la apertura de expediente académico en las enseñanzas de Arte Dramático, Danza, Música, Deportivas y de Diseño.

Además el texto recoge la regulación del sector público autonómico creando la Agencia Tributaria de la Región como organismo autónomo que permitirá racionalizar la actual estructura de la administración tributaria autonómica y en la que se integrarán las funciones de la Dirección General de Tributos y de la Agencia Regional de Recaudación, con la supresión de ambas.

Se crea también el ente Público Empresarial Instituto del Turismo de la Región, en el que se unifican las funciones atribuidas a la Dirección General de Turismo y a la empresa pública Murcia Turística, lo que supone la supresión de éstas y su integración.

Asimismo se crea el Ente Público Empresarial Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la región en la que se unifican las funciones atribuidas a la Dirección General de Industrias Culturales y de las Artes y a la empresa pública Murcia Cultural, con la eliminación e integración en el nuevo organismo.

Por otra parte, la ley recoge la extinción del Defensor del Pueblo y de la Entidad Pública del Transporte (EPT), pasando las competencias del primero a la Comisión de Peticiones de los Ciudadanos de la Asamblea Regional.

El régimen de avales y garantías al sector privado se reordena, concentrándose todas las competencias en el INFO y el Instituto de Crédito y Finanzas queda como órgano ejecutivo de la Administración para la gestión del endeudamiento público.

La ley refuerza además el control del sector público para regular relaciones económicas y presupuestarias, y garantizar el equilibrio financiero. Así se refuerzan las competencias en Hacienda para dictar instrucciones de obligado cumplimiento sobre presupuestos, control y optimización del gasto, contratos-programa, políticas de personal, contratación y control del gasto.

Estas medidas afectan a los entes públicos, entes fundacionales y consorcios, y demás entidades vinculadas o dependientes del sector público regional, que deberán elaborar, aprobar y ejecutar sus presupuestos en términos de equilibrio financiero o superávit presupuestario, con la obligación de remitir periódicamente la información sobre la evolución.

Se regularán de este modo los puestos directivos de máxima responsabilidad para su homologación con la Administración General prohibiendo indemnizaciones y aplicando el régimen jurídico de incompatibilidades y principio de responsabilidad en su gestión.

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