El Ministerio aparta a un funcionario al desaparecer dos ofertas sobre Portmán

La larga historia para la regeneración de la bahía de Portmán, pendiente desde hace 22 años, ha tomado de repente un giro inesperado: un funcionario del Ministerio de Medio Ambiente relacionado con el proyecto de adjudicación de las obras ha sido apartado de su cargo por intentar amañar supuestamente el concurso para favorecer a una empresa interesada en hacerse con el contrato de restauración de la bahía por valor de 67,2 millones de euros, según han informado a este diario diversas fuentes.

Las irregularidades descubiertas fueron de tal calibre que se sustrajeron dos de la ofertas presentadas. La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar presentó en julio una denuncia ante la Policía Nacional de Madrid, cuyas investigaciones apuntaron a un funcionario, al parecer un ingeniero, estrechamente relacionado con el proyecto. Con posterioridad, fue apartado de sus funciones, indican las mismas fuentes. El gabinete de prensa del Ministerio no dio ayer su versión de los hechos ni tampoco ofreció explicaciones tras las reiteradas solicitudes realizadas por este diario.

Vulnera la ley de Contratos

Este escándalo en el seno del Ministerio ha llevado al secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, a suspender todo el proceso debido a la falta de transparencia y de igualdad de trato y a la vulneración de la libre competencia para acceder a los contratos públicos.

El departamento de Miguel Arias Cañete tendrá que volver a abrir un nuevo procedimiento de licitación debido a las irregularidades que se han producido y a la falta de garantías. La intención es hacerlo lo antes posible, probablemente en diciembre, para que no haya nuevos retrasos que eternicen la recuperación de Portmán. Se mantendrá la parte del proyecto que no haya resultado 'viciada' por la infracción cometida. El funcionario implicado en el 'affaire' había visitado en varias ocasiones la bahía como uno de los responsables de sacar adelante el proyecto, añaden las mismas fuentes. El director general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Pablo Saavedra Inaraja, puso los hechos en conocimiento de la Policía. Éste sustituyó en el cargo al murciano Pedro Antonio Ríos con el cambio del Administración. Durante su corta etapa como máximo responsable de Costas, Ríos consiguió que el Ministerio que dirigía Rosa Aguilar habilitara el dinero necesario para ejecutar los trabajos de regeneración y adecuación ambiental de la zona. De hecho, el anuncio de licitación se publicó en el BOE el 22 de septiembre del año pasado.

Después surgieron los problemas, ya que dos de las ofertas presentadas desaparecieron, y luego volvieron a aparecer, según se explica en la propuesta de desestimiento aprobada el 2 de agosto por el secretario de Estado, a la cual ha tenido acceso este diario. La Mesa de Contratación de la Secretaría de Estado de Cambio Climático abrió el 17 de noviembre los sobres de las empresas licitadoras que contenían la documentación administrativa. El 1 de diciembre, dicha Mesa entregó las ofertas a los servicios técnicos responsables para proceder a la valoración y puntuación. Fue en ese momento del proceso cuando se produjo «la desaparición de dos de dichas ofertas y su posterior aparición».

La decisión de suspender el procedimiento de contratación se ha producido meses después, al considerar que se ha conculcado la Ley de Contratos del Sector Públicos, que establece los principios de transparencia de los procedimientos e igualdad de trato entre los licitadores, asegurando la salvaguarda de la libre competencia. La misma ley exige que los órganos de contratación ofrezcan a los licitadores un tratamiento igualitario y no discriminatorio, y que ajusten su actuación al principio de transparencia.

Otro contratiempo

Las infracciones cometidas no se consideran subsanables, advierte la orden del secretario de Estado, para quien «los hechos acaecidos durante la fase de valoración de las ofertas no permiten garantizar el cumplimiento de los principios básicos de contratación». Propone que se inicie de forma inmediata un nuevo proceso de licitación. Asimismo, Federico Ramos estima que se deben conservar los actos y trámites ya realizados cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción, y en particular la supervisión, aprobación y replanteo del proyecto.

Cuando se había el paso decisivo que tanto esperaban los vecinos de Portmán desde que cesaron los vertidos de los estériles mineros en el año 1990, la licitación del contrato se ha torcido.