Detienen al alcalde de Aledo y a ocho personas más en una redada anticorrupción

Simón Alcaraz ha sido arrestado hoy en el marco de una operación que ha llevado también al registro de las consejerías de Presidencia y Sanidad. Las actuaciones estarían relacionadas con una ramificación del llamado 'caso Biblioteca', que investiga una presunta trama de corrupción en Librilla

LAVERDAD.ESMURCIA

El alcalde y la secretaria del ayuntamiento de Aledo, Rosario Hita, han abandonado esta noche el consistorio, en el que han permanecido detenidos desde primera hora de la mañana durante los registros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por una presunta trama de corrupción urbanística. Ambos han sido trasladados a la comandancia de la Guardia Civil, en cuyos calabozos pasarán la noche a la espera de pasar a disposición judicial.

El alcalde de Aledo, Simón Alcaraz, del Partido Popular, ha sido arrestado en el marco de una gran operación anticorrupción desarrollada esta mañana en varios puntos de la Región por agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). Junto a él también habrían sido detenidas ocho personas más, entre ellas, la secretaria municipal y el ingeniero de caminos Domingo Peñalver, copropietario de la empresa Acadi, adjudicataria de la redacción del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) urbana de Librilla. Completan la nómina de arrestados Francisco Juan Redondo, Francisco Juan Mena, la abogada Encarnación Martínez (que no tiene nada que ver con la también letrada Encarnación Martínez Segado), Gabriel Carrión, José David Buendía y Francisco Javier Conejo, este último arrestado en Alicante.

Las actuaciones están relacionadas con el llamado 'caso Biblioteca', que investiga una presunta trama de corrupción en Librilla por delitos de cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos que la Benemérita comenzó a investigar en 2007 en dicho municipio y que ahora tiene ramificaciones en la localidad vecina de Aledo. De hecho, Estas actuaciones, declaradas secretas, forman parte de una pieza separada de este procedimiento, según han informado fuentes del TSJ.

Los agentes han registrado desde las 8 de la mañana, además del Consistorio de Aledo, la Secretaría General de la Consejería de Presidencia, situada en el Palacio de San Esteban, donde han solicitado diversa información correspondiente al periodo 2003-2007, y dependencias de la Consejería de Sanidad. Concretamente, según confirman fuentes de este departamento, se habría procedido a registrar las instalaciones del Servicio de Obras y Contratación, situado dentro de la Secretaría General Técnica.

Desde el Gobierno regional se asegura que esta actuación policial no tiene nada que ver con la gestión del Ejecutivo autonómico sino que se circunscribe únicamente a lo acontecido en Librilla y Aledo. Se trataría, por tanto, de un asunto que tiene que ver con presuntas irregularidades de funcionarios, y no de políticos.

Parte de las diligencias están declaradas secretas por el juez que instruye el caso, el titular del Juzgado de Instrucción número Seis de Murcia, Andrés Carrillo, y están siendo seguidas por el fiscal anticorrupción, Pablo Lozano. En total se ha acordado la entrada y registro en cinco dependencias de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia, en dos dependencias de la Consejería de Sanidad, en el Ayuntamiento de Aledo, así como en otros domicilios particulares y sedes sociales.

Los registros que se llevan a cabo hoy fueron solicitados por la Guardia Civil hace un mes al considerarlos necesarios para el esclarecimiento de los hechos que se investigan, han indicado las fuentes.

La consejera Sanidad muestra su "total colaboración"

La Consejera de Sanidad, Maria Angeles Palacios, ha declarado que su departamento está en "total colaboración con la justicia" respecto al registro de esta mañana. La consejera ha añadido que en un primer momento el secretario general iba acompañando a los agentes para llevarles a los funcionarios que podían facilitar cada documento solicitado, "y allí están todos los funcionarios colaborando como no podía ser de otra manera con la justicia".

Respecto a qué documentación están pidiendo, Palacios ha precisado que cree que "le corresponde en este caso a la Guardia Civil decir qué están pidiendo o qué necesitan, no somos nosotros quien" para decirlo.

Por su parte, el consejero de Presidencia, acudía esta mañana a la Consejería que dirige y dio instrucciones al secretario general, a la vicesecretaria general y a los funcionarios para que se pusieran a disposición de los agentes, que solicitaban diversa documentación, parte de la cual se encontraba además en los servicios económico e informático de la Consejería.

En algún caso y al tratarse de documentación que databa de hacía varios años, los agentes tuvieron que ser acompañados por la vicesecretaria de Presidencia al Centro de Documentación, donde se encontraba almacenada.

Campos ha mantenido informado desde primera hora al presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, quién, según el consejero, expresó su deseo de que se facilitara la máxima colaboración a la UCO.

El consejero indicó que aunque las diligencias judiciales son secretas, se trata de la investigación abierta en 2008 que intenta determinar la existencia de un entramado de empresas que podrían haber tenido relación con algunos funcionarios para favorecer en su actuación a algún municipio.

Anunció también que si el Gobierno regional tuviera que personarse en estas actuaciones para exigir responsabilidades, lo haría, pero que tiene que aguardar primero a que concluya la investigación judicial y a que la administración conozca el contenido de la documentación que analiza el juzgado de instrucción.

De lo que se desprende por ahora, apuntó que podría obedecer la investigación a intereses particulares de determinadas personas que han tenido trato o relación con la administración "desde una pura pertenencia como funcionario, o en su caso en las relaciones contractuales que pueden haberse instrumentado como medio comisivo delictivo para obtener un beneficio de tipo económico".

"Somos los primeros interesados en que a través de las actuaciones judiciales se aclare el tema", añadió, y subrayó que esperan que pronto se aclaren los hechos y que los ciudadanos tengan información puntual de lo que ha ocurrido.

La Guardia Civil también ha solicitado un Expediente de Información Reservada de la Comunidad Autónoma cuando tuvieron lugar las primeras detenciones del caso "Biblioteca" reactivado años después por el juzgado, expediente que, según Campos, concluyó cuando era consejero de Presidencia, Fernando de la Cierva.

La consejería de Presidencia abrió en abril de 2007 un procedimiento de información reservada para aclarar supuestas irregularidades atribuidas a su entonces responsable del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios, José Luis Cano, implicado en la trama y ya fallecido.

Según informaron fuentes de la Consejería en noviembre de 2008, "no detectó irregularidades administrativas" en su actividad en el procedimiento de carácter interno abierto a Cano.

El PSRM-PSOE afirmó el 18 de noviembre de 2008 que Cano se encargaba desde su función pública de captar la contratación de proyectos de planeamiento y de obra pública de Librilla , pero también de Aledo y de Caravaca de la Cruz.