Un fondo inmobiliario británico pide precio por La Manga Club

Que el principal complejo turístico y deportivo de la Región, La Manga Club, esté en concurso de acreedores no ha sido obstáculo para que uno de los principales fondos de inversión inmobiliario del Reino Unido, London & Regional (L&R) Properties, haya intentando adquirirlo recientemente. Las negociaciones con la propietaria, MedGroup, están paralizadas en este momento. No obstante, el sindicato Confederación General de Trabajadores (CGT), con representación en el comité de empresa, ya da por hecha la venta.

«Es cierto que hubo convesaciones. Pero en estos momentos no tenemos información», reconoce a 'La Verdad' el director general de La Manga Club, Antonio Ros, para trasladar tranquilidad a empleados, propietarios y clientes.

La oferta de L&R Properties está enmarcada en la nueva estrategia de esta empresa interesada en desembarcar en el mercado español. El fondo británico propiedad de los hermanos Ian y Richard Livingstone cerró el pasado mes de junio su primera operación en España: la compra de dos sedes de FCC en Madrid y Barcelona para alquilárselas a la misma compañía. Anteriormente pujó por un lote de activos inmobiliarios del BBVA.

La Manga Club es uno de los objetivos que pretende conseguir la compañía británica aprovechando la gran depresión del mercado inmobiliario español. Según el delegado sindical de la CGT, Alfonso González, mientras MedGroup se ha centrado en desarrollar el negocio urbanístico desde que compró el enclave de Los Belones en 2004, entiende que la trayectoría de London & Regional Properties sería más beneficiosa para el negocio hotelero. El sindicalista recordó que esa compañía posee una cartera de sesenta hoteles, entre los que destacó tres de lujo en Londres de la cadena Hilton. El fondo de inversión británico gestiona una cartera de activos valorados en más de 9.000 millones de euros y repartidos en nueve países.

La Manga Club presentó a finales de 2008 un concurso de acreedores ante la imposibilidad de hacer frente a una deuda de 97 millones de euros. Este año, los acreedores han dado luz verde a un convenio que quita un tercio de esa deuda y aplaza el pago a tres años. Sin embargo, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Murcia revisa una alegación presentada por los administradores contra ese acuerdo.