El campo reclama soluciones en la calle

200.000 manifestantes toman Madrid para denunciar que el sector se arruina por la subida de costes y la caída de precios

G. H. MURCIA / MADRID
La cabecera de la manifestación escucha a los representantes de las organizaciones agrícolas en Atocha, mientras llegan participantes por el Paseo del Prado desde la salida en la Plaza de Cibeles. / PEDRO ARMESTRE / AFP/
La cabecera de la manifestación escucha a los representantes de las organizaciones agrícolas en Atocha, mientras llegan participantes por el Paseo del Prado desde la salida en la Plaza de Cibeles. / PEDRO ARMESTRE / AFP

«El campo se arruina, exigimos soluciones». Ese fue el mensaje que abrió ayer la multitudinaria manifestación -más de 200.000 personas según los organizadores, mientras que una firma de conteo decía que apenas 12.500- convocada en Madrid de forma unitaria por las tres grandes centrales agrarias y ganaderas: Coag, UPA y Asaja. La insólita -hasta ahora- unanimidad entre las organizaciones agrarias sirvió para denunciar la lenta desaparición del sector, ahogado por unos costes al alza y unos precios en caída libre.

De entre los miles de trabajadores procedentes de toda España destacaron en gran número los andaluces; y por porcentaje, los murcianos. La Región desplazó a la capital a más de 12.000 personas, muchas de las cuales llegaron en los más de 200 autobuses fletados desde todos los municipios murcianos. Practicamente todas las cooperativas agrarias de la Región estuvieron representadas tras la pancarta que encabezaba el cortejo murciano, y que rezaba «Por la dignidad del campo».

Tras ella marchaban los máximos representantes de Coag -Pedro Lencina-; UPA -Marcos Alarcón-; Asaja -Alfonso Martínez- y Fecoam -Santiago Martínez-. Los alcaldes de Lorca -Francisco Jódar-, Alhama de Murcia -Juan Romera-, Mazarrón -Francisco Blaya- y Cieza -Antonio Tamayo-, entre otros, también estuvieron presentes en la manifestación.

Los agricultores clamaron contra la dejación del Gobierno ante «el desmantelamiento agónico del campo», y exigieron unos «precios justos» que les permitan continuar su labor «con dignidad». Todo, entre gritos que pedían la dimisión del presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, y de la ministra del ramo, Elena Espinosa.

La marcha, que superó en cuanto a participantes todas las expectativas de la organización, se vio plagada de mensajes contra las grandes cadenas de distribución, a las que los agricultores acusaron de ser «un puñado de chorizos», como denunció el secretario general de Coag, Miguel López. Y es que, señaló, la inmensa mayoría del sector se ve obligada a vender sus productos por debajo del coste de producción a oligopolios que después inflan los precios a los consumidores finales.

«Problema de Estado»

López advirtió de que la sangría del campo «es un problema de Estado», en el que todas las administraciones deben «arrimar el hombro». Desde Asaja, su presidente, Pedro Barato, dirigió su petición de dimisión directamente al presidente del Gobierno, al que acusó de «hacer oídos sordos», y le recordó que «Sarkozy ha destinado 1.500 millones a sus agricultores». Barato exigió una ley de contratos estables y con garantías para ganaderos y agricultores que, afirmó, «en los últimos años han visto subir sus costes de producción y sus tarifas eléctricas un 35% y un 300%, respectivamente, mientras la renta agraria caía un 26%».

El líder de la ugetista UPA, Lorenzo Ramos, menos incendiario en sus mensajes al Gobierno, levantó también los aplausos de los asistentes al trasladar el sentir del sector: «estamos hartos, somos miles de familias y se están forrando a nuestra costa, ya no podemos más». Ramos pidió una política agraria estable «y que no cambie cada dos años» y subrayó que «el campo sólo pide que «lo que el consumidor paga se reparta de forma justa, con un precio mínimo que permita no condene a desaparecer al trabajador».

Las organizaciones reclamaron también ayudas a la financiación, un IVA reducido a los insumos agrarios, un gasóleo profesional y una política agraria «fuerte y más allá de 2013». Agricultores y ganaderos denunciaron también que la debilidad del Ejecutivo español ante Bruselas está condenando la producción nacional en beneficio de los países centroeuropeos.

López, Barato y Ramos, que confiaban en trasladar a la propia Espinosa sus demandas al término de la marcha, se negaron a ser recibidos por el subsecretario de Medio Ambiente, Medio Rural y Medio Marino, Santiago Méndez de Luarca, y la secretaria general de Medio Rural, Alicia Villauriz.

Villauriz explicó que el Gobierno «ya desarrolla» algunas de las reivindicaciones de los agricultores y dijo que el sector recibe ayudas «nada despreciables» y recordó que los apoyos comunitarios suman 7.000 millones anuales.