Aborto y píldora en Japón

En 1955, Japón era el con más de millón y medio de interrupciones voluntarias del embarazo anuales. Pero hasta 1999 el Ministerio de Salud no aprobó la píldora anticonceptiva. Ayako Matsumoto, en su libro desenmascara intereses económicos inconfesables: lo lucrativo del aborto influía en las presiones para no favorecer la píldora. Hoy, cuando la píldora está admitida y los abortos han disminuído, se siguen denunciando intereses ocultos tras la práctica rutinaria de diagnósticos prenatales vinculados al aborto de fetos con discapacidades. Visto desde España, donde los debates sobre aborto se polarizan en torno a la protección y el comienzo de la vida humana, es interesante que eticistas japoneses (aun sin determinada pertenencia confesional) cuestionen la problemática de intereses económicos latente en las políticas de control de natalidad.

Japón legalizó el aborto en 1949, pero hasta 1999 no dio luz verde a la píldora anticonceptiva. Actualmente las estadísticas oficiales hablan de trescientos mil abortos anuales. En 2007, 256.000 abortos, es decir, el 9,3 por mil en mujeres de edades entre los 15 y 49 años. Desde que en 1960 se intentó introducir la píldora, hubo resistencia disimulada bajo el pretexto de efectos secundarios. Tres décadas después proseguía el debate y se aducía como excusa la prevención del Sida. El preservativo era y sigue siendo, junto con el aborto, el recurso principal de control de natalidad en Japón.

En 1998, sin necesidad de debate y con celeridad, se da el visto bueno a la comercialización de Viagra para subsanar las disfunciones de erección masculinas. La reacción indignada por parte de grupos feministas no se hizo esperar. ¿Cómo aceptar que bastasen unos meses para aprobarse este medicamento para los varones, mientras tres décadas de debate no habían sido suficientes para aceptar la píldora anticonceptiva? ¿No estábamos ante una hipocresía más en la cuenta del machismo cultural? Al año siguiente se da por fin la bienvenida a la píldora. Hoy la de dosis hormonal baja se despacha con receta por un precio de unos tres mil yenes mensuales, sin ir incluida en el seguro de enfermedad y con gastos adicionales de pruebas y revisiones clínicas.

En Japón, la ley eugenésica de 1948 duró hasta el 96. En el anuncio de una clínica ginecológica, la frase «con licencia de la ley de protección eugenésica» significaba «aquí se puede abortar legalmente». El artículo primero definía claramente la finalidad de dicha ley: para legalizar el aborto y la esterilización con finalidad eugenésica. Se fue más lejos con esta ley que con la aprobada en 1940, que legisló, a imitación de la normativa nazi, la esterilización obligatoria. Después de la guerra se modificó esta ley, adoptándose la fórmula de «ley de protección eugenésica», que duró hasta el 96. En ese medio siglo se realizaron unas 16.500 esterilizaciones involuntarias. En pacientes de la enfermedad de Hansen (lepra), recluidos en centros asistenciales, fueron frecuentes las esterilizaciones y abortos sin consentimiento.

En 1996 se cambió el nombre por el de «Ley de protección maternal» y se suprimieron párrafos discriminatorios, como el que decía: «Esta ley, desde una perspectiva eugenésica, con el fin de impedir el nacimiento de vidas defectuosas, se propone proteger la vida y salud de las madres». La palabra defectuosa, es la misma utilizada en los controles de calidad de las empresas para designar una mercancía deficiente que debe ser excluida de la venta al público. Fue decisivo el influjo ejercido por grupos de apoyo y asociaciones de familias de personas discapacitadas a la hora de conseguir que se revisara la ley. Desapareció de la ley la palabra («vida superior o excelente»). También se pidió y consiguió la supresión de la cláusula que permitía la esterilización y el aborto como medio para evitar el nacimiento de «vidas de clase inferior o defectuosa».

Me preguntarán si se relaciona todo esto con los debates sobre el aborto en nuestro país. Pienso que, por contraste, nos da qué pensar sobre las contradicciones e incoherencias que se dan, tanto entre antiabortistas como entre pro-abortistas. Polarizados en el sí o no, blanco y negro, de la cuestión sobre el comienzo de la vida humana (obsesionados unos con el llamado «primerísimo instante» y exagerados otros al alargar irresponsablemente los plazos), dejan en segundo plano dos temas preocupantes: el condicionamiento de los intereses político-económicos subyacentes al debate y el reto de conjugar el respeto a la dignidad de la mujer con la protección de la vida fetal. Sería deseable prestar más atención a estos dos temas a la hora de buscar el terreno común en que consensuar la oportunidad de las despenalizaciones.