Soler y Pujante reiteran su inocencia tras conocer que el TSJ decidirá si les imputa

El magistrado de Lorca ha remitido la investigación al Alto Tribunal al advertirse "indicios racionales de criminalidad" en los dos aforados

PILAR WALS | LORCA
Bartolomé Soler (PSOE) y José Antonio Pujante (IU) en la Asamblea Regional./ A. GIL/
Bartolomé Soler (PSOE) y José Antonio Pujante (IU) en la Asamblea Regional./ A. GIL

José Antonio Pujante, diputado regional por IU y coordinador general de la coalición en Murcia, ha reiterado su inocencia en una comparecencia ante los medios de comunicación ofrecida esta misma tarde. Pujante se ha mostrado extrañado ante el hecho de que el juez de Lorca no lo haya llamado en ningún momento a declarar dados los indicios delictivos que parecen pesar sobre él. Además, señaló que si el grueso de las acusaciones se encuentran relacionadas con el famoso viaje a Sevilla "el resto de mis compañeros de viaje también deberían estar imputados". Por ello denunció la insuficiente fundamentación de las decisiones judiciales y reiteró su disposición a colaborar con la Justicia. "Todo este asunto me está causando un gran daño personal y está generando un importante daño político a mi formación", concluyó el diputado.

Por su parte Bartolomé Soler, diputado regional por el PSOE, ha dicho esta misma tarde que tiene la conciencia tranquila y que se encuentra a disposición de la Justicia.

Estas declaraciones se han realizado tras conocerse levantar el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Lorca, el magistrado Sergio Romero, el secreto de sumario del caso Limusa, en el cual se consideran imputables a los dos diputados regionales. El juez ha firmado un auto de remisión por el que se inhibe de la investigación en favor del Tribunal Superior de Justicia de Murcia al encontrarse como posibles imputados dos aforados que podrían estar acusados de los delitos de malversación de fondos públicos

El magistrado ha tomado esta decisión tras informarle la Fiscalía de Murcia de que "no se estimaba preciso el mantenimiento del secreto sumarial y que se encontraban indicios racionales de criminalidad en relación con Bartolomé Soler Sánchez y José Antonio Pujante Diekmann, los cuales ostentaban el cargo de diputados de la Asamblea Regional de la Comunidad Autónoma de Murcia, entendiendo por ello que los delitos investigados en la presente causa debían ser elevados a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, a salvo o separando para conocer por el presente Juzgado de Instrucción los delitos cometidos contra la Hacienda Pública, falsedades instrumentales y cualesquiera otros que se encontrasen directamente relacionados con ellos".

En la mañana de hoy, el titular del juzgado mantenía una reunión con los procuradores y abogados de todos los encausados, en torno a 15 personas. Durante el encuentro se les habría hecho entrega de una única copia del sumario, cifrado en más de 3.000 folios. De ella, deberán hacer copia cada una de las partes, un trabajo que ya ha sido remitido a una copistería de la Ciudad.

Además de esos 3.000 folios hay otros 60.000 en los que estarían fotocopiados facturas y otra documentación, y que están todavía pendientes de foliarlos. Estos, todavía, se encuentran en cajas a la espera de poder ser ordenados convenientemente.

El juez se quedaría con una parte del caso, la que se refiere a los delitos fiscales. En las próximas semanas el Tribunal Superior de Justicia deberá decidir si finalmente se queda con el caso o lo devuelve a Lorca.

Las investigacioens de la trama ha llevado a los calabozos, hasta el momento, a doce personas. Entre ellas, el ex alcalde, Miguel Navarro; tres ex concejales socialistas, Miguel Miras, Jesús Molina y Manuel Sevilla; al ex director de Limusa, Francisco Gil Eguino; un notario, Sebastián Fernández Rabal; un médico, Urbano Alejo; un corredor de seguros, Ángel Trinidad Martínez; al ex interventor del Ayuntamiento de Lorca, Francisco Poyato; al ex presidente del Lorca Deportiva, Antonio Baños; a su hermano, José Baños; y al director de la Caja Ahorros del Mediterráneo, Manuel Latorre.

Todos ellos, tras declarar, fueron puestos en libertad con cargos, a excepción de Francisco Gil Eguino, que permaneció en prisión casi tres meses. Durante la investigación se han registrado nuemrosas viviendas y despachos en Lorca y Águilas.Mañana, amplia información en el periódico 'La Verdad'