Saltar Menú de navegación
Hemeroteca |
ALBACETE - ALICANTE - MURCIA | Personalizar edición | RSS | ed. impresa | Regístrate | Miércoles, 22 octubre 2014

Región

lGOLPE A LA CORRUPCIÓN URBANÍSTICA l EL ESCÁNDALO DE LA ZERRICHERA

05.03.09 -

Cerrar Envía la noticia

Rellena los siguientes campos para enviar esta información a otras personas.

Nombre Email remitente
Para Email destinatario
Borrar    Enviar

Cerrar Rectificar la noticia

Rellene todos los campos con sus datos.

Nombre* Email*
* campo obligatorioBorrar    Enviar
«Donde hay lechugas, puede haber casas»
Marqués, en La Zerrichera en noviembre del 2005. / P. ALONSO
Donde hay lechugas, puede haber casas», declaró Francisco Marqués en la Asamblea Regional en noviembre del 2005, cuando compareció para dar explicaciones sobre los trámites realizados por su consejería, la de Medio Ambiente, para facilitar la desprotección de una parte de la finca de La Zerrichera de Águilas, con el objetivo de construir más de 3.000 viviendas por el Grupo Hispania y sus socios.
Marqués compareció cuatro semanas después de que el Pleno del Ayuntamiento de Águilas aprobara la recalificación de 250 hectáreas, con el consiguiente revuelo político. Eso no impidió que pocos meses después, el entonces consejero de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana, firmara la resolución que permitía construir.
PARALIZAN EL PROYECTO
El Gobierno regional siempre ha mantenido que no existió ninguna ilegalidad ni dinero de por medio que salpicara a algunos de sus miembros. Creía que, todo lo más, la justicia podía encontrar irregularidades o reproches de tipo administrativo. Las presuntas irregularidades que iban surgiendo -y que La Verdad ha relatado con detalle desde el primer día que estalló el caso de supuesta corrupción urbanística- obligó al Ejecutivo de Valcárcel a paralizar el proyecto en mayo del 2006. Lo hizo el consejero Benito Mercader, que sustituyó a Marqués un mes antes. Eso no impidió la querella que presentó la Fiscalía contra el alcalde de Águilas, un ex concejal y seis cargos del Gobierno autonómico.
Esta denuncia, que instruye el juzgado de Instrucción número 3 de Murcia es la que dio posteriormente origen a la investigación del patrimonio de Francisco Marqués dbido a unas grabaciones, hasta su detención de ayer. Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia decidió paralizar la resolución de Bascuñana. Ahora mismo, no se puede colocar un ladrillo en la finca.
¿QUIÉN DIÓ LA ORDEN?
El escándalo saltó en el Pleno municipal de Águilas del 17 de octubre del 2005, cuando trascendió que un concejal del PP había vendido parte de los terrenos al Grupo Hispania y pese a ello había votado. Otros cuatro ediles del PSOE fueron expulsados de su partido por no votar en contra. Lo más llamativo fue que el Ayuntamiento gobernado por Juan Ramírez (PP) reactivó el convenio urbanístico con Trinitario Casanova después de que hubiera sido archivado a raíz de un informe técnico desfavorable de la Dirección General de Medio Natural, que decía que la urbanización era incompatible con los valores ambientales de la zona, protegida como LIC y ZEPA.
La pregunta saltó inmediatamente. ¿Qué instancia decidió reactivar el proyecto? La orden partió de la Consejería de Medio Ambiente, que se dirigió al Ayuntamiento y se reanudó el expediente. Había que salvar el obstáculo de la Dirección de Medio Natural. Sus técnicos mantuvieron que no se podía urbanizar, razón por la cual fueron ignorados y el trámite lo llevó la Dirección de Calidad Ambiental en manos de Antonio Alvarado.
LOS PUNTOS OSCUROS
¿Cuáles eran los puntos oscuros? 1) El primer informe técnico contrario a la urbanización fue suprimido del expediente final. 2) La Evaluación de Repercusiones, trámite previo a la declaración de impacto, se basó en un estudio de la Universidad de Almería que fue supuestamente manipulado. Así lo hizo constar su autor, que fue llamado a declarar. 3) El jefe de servicio que tramitó la Evaluación informó después a sus superiores de que no asumía lo que había firmado. 4) La Comisión Técnica de Evaluación de Impacto Ambiental no informó a favor del proyecto. 5) Intentaron colar un informe técnico sin firma para favorecer la recalificación. 6) Un fax misterioso llegó al Ayuntamiento de Águilas dando el visto bueno a la recalificación, antes de que la firmara Alvarado. 7) El secretario municipal de Águilas advirtió de supuestas ilegalidades. 8) El alcalde de Águilas dijo en le «rebañaban la cabeza» si no reactivaba el expediente archivado. Lo declaró el secretario, que luego se desdijo. 9) Un informe jurídico de Obras Públicas no se incluyó en el expediente enviado a la Fiscalía, y en su lugar apareció otro favorable al proyecto.
LOS IMPUTADOS
La denuncia que dio origen a la investigación judicial la presentó el PSOE y la Asociación de Naturaluistas del Sureste. En febrero del 2007, el fiscal jefe del TSJ Manuel López Bernal presentó una querella (sin especificar cada caso) por presuntos delitos de prevaricación, falsedad en documento oficial, negociaciones prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias y cohecho contra el alcalde de Águilas Juan Ramírez; el ex concejal del PP José López Díaz; el ex director de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado; la ex directora de Medio Natural, Encarna Muñoz; el ex jefe de Calidad Ambiental, Juan Ignacio Sánchez Gelabert; el ex director de Vivienda y Urbanismo, Manuel Alfonso Guerrero y José María Ródenas, subdirector de Vivienda.
Ninguno de los relacionados con el caso ocupa ahora el puesto que tenía cuando se tramitó La Zerrichera, según explicó posteriormente el presidente Valcárcel. El consejero Francisco Marqués presentó su renuncia en abril del 2006. Negó que fuera a causa de La Zerrichera. El consejero Joaquín Bascuñana pasó a Política Social. Bascuñana se confesó públicamente amigo personal de Trinitario Casanova. Por su parte, Antonio Alvarado dirigió el Cluster del Mar Menor. El alcalde de Águilas revalidó el cargo, con un concejal más.
ELEVADAS PLUSVALÍAS
Los propietarios de los polémicos terrenos, seis socios de una cooperativa agrícola y sus mujeres, vendieron la finca al Grupo Hispania por 1.185 millones de pesetas a pagar en especie (a cambio de 44 viviendas). Al final no recibieron ni un céntimo, según declararon en el juzgado. En este proceso se generaron elevadas plusvalías. Conforme se daban los pasos para la recalificación de la finca, el Grupo Hispania recibió un primer pago de 23,2 millones de euros de Inverlur (inmobiliaria de La Kutxa) por la venta de La Zerrichera. Luego recibió un segundo pago de 105 millones de euros.
Casanova fue apremiado por La Kutxa para que cumpliera lo pactado. Despues vendió el Grupo Hispania al empresario José Ramón Carabante, del Grupo 2002.
Opina

* campos obligatorios
Listado de comentarios


Noticias de la Región de Murcia

Enlaces de Interés

Vocento
SarenetRSS