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07.02.09 -

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La Fiscalía ha pedido la apertura de juicio oral contra el presidente de la empresa Áridos del Mediterráneo (Arimesa), Pedro García Balibrea, y contra el ex alcalde, Gil Sánchez, por presuntos delitos medioambientales por la explotación de El Zacacho. La denuncia presentada por un vecino acusa a Balibrea por explotar la cantera sin licencia así como por contaminación acústica y medioambiental, y al ex alcalde por no adoptar medida alguna pese a constarle la citada actividad. La fiscalía pide 18 meses de prisión y 8 meses de inhabilitación para el ex alcalde, y tres años y dos meses de prisión para el empresario, actual presidente de la Cámara de Comercio de Murcia.
El ex alcalde dijo que en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad realizado en su época como primer edil se «acotó» la superficie de la cantera «El Zacacho» y que la Comunidad Autónoma lo devolvió alegando que «debía adaptarse a los derechos mineros de la misma». A su vez, los propietarios de la empresa negaron ayer en un comunicado las acusaciones por las que la Fiscalía de Murcia ha pedido la apertura de juicio oral, contra su gerente, por un presunto delito medioambiental, y aseguraron tener todas las autorizaciones pertinentes para el ejercicio de su actividad.
Gil Sánchez, en declaraciones a Efe, mostró su asombro por la petición del fiscal, su sorpresa porque no se le hubiera comunicado a el ni a su abogado y denunció una posible «intencionalidad» al faltar unos días para su toma de posesión como diputado regional.
«He sido el único responsable político que ha adoptado en 35 años alguna medida contra la cantera», dijo el ex alcalde, quien señaló que además ya declaró en las diligencias abiertas por este caso el pasado 2 de octubre.
Afirmó que en esa comparecencia su abogado solicitó que testificara un funcionario del Ayuntamiento de Santomera, adscrito a la secretaría, para que explicara cómo funcionaba el Servicio Jurídico del consistorio, lo que todavía no se ha llevado a cabo.
Cuatro expedientes
«La cantera lleva conviviendo con la casa 35 años, y en ese tiempo no ha habido otros responsables políticos» se preguntó Gil Sánchez, quien reiteró que él fue el primero en tomar medidas ya que el PGOU acotaba la cantera y protegía la sierra, y el Plan fue devuelto al ayuntamiento por la Comunidad Autónoma para que «se adaptara a los derechos mineros de la cantera».
Gil Sánchez subrayó que además abrió cuatro expedientes a la cantera, uno de ellos tras una sentencia judicial de 2008, y que su sucesor y actual alcalde «ha tenido que cerrarlo, porque no procede». «El único que ha actuado he sido yo y soy el único al que están tratando de quitarse de en medio de forma injusta», subrayó Gil.
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