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EDITORIAL

Inmigración restringida

PPLL

Domingo, 5 de octubre 2008, 02:49

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Las reformas en la Ley de Extranjería que prepara el Gobierno, algunas de las cuales transponen la normativa de la UE, verifican la determinación del Ejecutivo de endurecer su estrategia tanto en el combate contra la inmigración ilegal, como en la limitación de entrada a quienes buscan asentarse con un trabajo en nuestro país. La ampliación de 40 a 60 días del plazo máximo de internamiento de los sin papeles antes de repatriarlos y la prohibición de que puedan regresar a España durante cinco años son iniciativas que no sólo responden a los requisitos de la lucha contra la llegada irregular de extranjeros, sino que también se ajustan al espíritu más restrictivo que se está extendiendo en la UE como consecuencia colateral de la crisis. En esta misma estrategia se encuadran todas aquellas propuestas destinadas a facilitar el retorno a sus países de origen de los inmigrantes que hayan pasado a engrosar las listas del paro y a dificultar la incorporación al mercado laboral de nuevos extranjeros. La racionalidad que subyace bajo estas medidas y su eventual aceptación por un amplio espectro de las fuerzas políticas y de la ciudadanía no debería llevar a despreciar, en ningún caso, los logros que ha supuesto una inmigración razonablemente ordenada para el bienestar del conjunto de la sociedad.

La nueva estrategia del Gobierno encuentra su justificación en las estadísticas, que constatan cómo el desempleo entre el colectivo inmigrante se ha elevado el 75% en apenas un año y cómo el enfriamiento económico está haciendo mella en los dos sectores -la construcción y los servicios- que más trabajadores foráneos han venido reclamando. Pero si la crudeza de las cifras no avala la exacerbación del discurso que vincula injustamente el paro con la llegada de extranjeros, tampoco termina de explicar la pertinencia de algunas de las iniciativas planteadas. La disposición del ministro Corbacho a restringir las contrataciones en origen, aunque haya sido matizada, ha de adecuarse a los requisitos del mercado laboral, que sigue indicando que persiste una bolsa notable de ocupaciones que son desdeñadas por los trabajadores nacionales. De la misma manera, la oferta de repatriación voluntaria de los extranjeros sin empleo y los límites que se quiere imponer al reagrupamiento familiar suponen una censurable identificación de la inmigración como un fenómeno coyuntural antes que como una fuente para el desarrollo común y colectivo.

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