Descrédito judicial

El profundo deterioro sufrido por las principales instituciones judiciales del Estado en los últimos años, a raíz de la división del Consejo General del Poder Judicial, de la insólita parálisis de casi dos años en su renovación y de las fuertes tensiones suscitadas en el Tribunal Constitucional, constituía un mandato ineludible para que el Gobierno y la oposición, por una parte, y la propia Magistratura, por otra, restablecieran la credibilidad del sistema en esta legislatura. Ese mandato exigía de los dos grandes partidos, al contrario de lo que ambos han parecido interpretar, no sólo la búsqueda de un consenso que permitiera designar a los nuevos vocales del CGPJ y proceder a los relevos pendientes en el TC, sino que en el pacto primara la profesionalidad y la capacitación personal de los candidatos antes que las afinidades ideológicas o partidarias. Resulta evidente que el reparto equitativo entre socialistas y populares de 18 de las 20 vacantes del Consejo y la adscripción partidista de varios de sus integrantes han truncado la posibilidad de reapoderar al órgano de gobierno de los jueces frente a la voluntad del poder político de controlarlo. Una disposición que se ha llevado hasta el extremo con el nombramiento como presidente del CGPJ, y con ello del Supremo, de Carlos Dívar.

La elección del cargo corresponde por Ley a los vocales del CGPJ. De ahí que resulte particularmente enojoso que se haya aceptado la designación como una decisión personal del presidente del Gobierno vista con complacencia por el PP, sin que ello haya merecido reproche democrático alguno y sin provocar más cuestionamiento por parte de quienes debían nombrarle formalmente que el derivado del perfil religioso y conservador de Dívar. Si sus inclinaciones personales sólo pueden inquietar en el supuesto que interfieran en el correcto desarrollo de sus funciones, no ocurre lo mismo con el modo en que se le ha elegido y el hecho de que se haya convertido en presidente del CGPJ y del Supremo sin pertenecer al Alto Tribunal. El malestar con que éste ha recibido la designación abre otro preocupante foco de discordia para un Consejo que nace lastrado por el descrédito. Descrédito que podría contaminar irremediablemente al Constitucional si los partidos no renuncian a imponer sus intereses en la renovación de los cuatro magistrados que deben ser elegidos por el Senado, tras la novedosa y controvertida propuesta de los parlamentos autonómicos.