Muchos afectados de Lagoa do Coelho no han hecho el segundo pago

F. C.
NI UNA PIEDRA. Terrenos donde                debía levantarse la urbanización. / LV/
NI UNA PIEDRA. Terrenos donde debía levantarse la urbanización. / LV

Una de las mayores preocupaciones de los más de 600 clientes que compraron viviendas en el resort proyectado en la ciudad de Natal era hace unas semanas el inminente vencimiento de un pagaré -la segunda entrega a cuenta por las casas- por valor del 25% de la vivienda. En la mayoría de los casos, el pagaré debía ejecutarse el 30 de junio. Los afectados trataron de impedir por todos los medios que ese pagaré se ejecutara porque «era el colmo, encima de haber abonado ya un 20% y no haber visto un ladrillo, tenían que entregar otro 25% tal y como están las cosas», explica Ángel Vicente López, abogados de varios afectados. En la mayoría de los casos, según el letrado y varios de los clientes, se logró una medida cautelar que bloqueó los pagarés y en otros sí se ejecutó pero el dinero fue reembolsados unos días después.

Desde entonces, los afectados siguen a la espera de que los juzgados y la Audiencia, donde han presentado las demandas por estafa y apropiación indebida, comiencen la instrucción del caso. Durante el verano, muchos han recibido una carta sin fecha ni firma pero con el membrete de Lagoa do Coelho en la que se les propone un encuentro «para tratar de llegar a un acuerdo, pero no especifica nada y parece otra cortina de humo para ganar tiempo», afirma Ángel López, uno de los afectados.

Los clientes de la urbanización brasileña, que comenzaron a comprar sus viviendas a comienzos de 2006, empezaron a entregar una media de 4.500 euros por apartamento, en concepto de reserva. En el momento de la firma de la compraventa la empresa recibía, aproximadamente, un 15% del valor del inmueble, que costaba entre 75.000 y 150.00 euros. Otro 25% se ceñía al segundo pagaré que muchos han conseguido evitar.

Preocupados por la falta de información y los retrasos sin die de la obra, muchos clientes empezaron en junio a tratar de recuperar su inversión, y en ese momento se enteraron de que la mayoría de los avales presentados por la promotora no tienen validez, ya que las dos sociedades que los emitieron no tienen autorización del Banco de España. Así las cosas, más de un centenar de clientes decidieron interponer ante la Audiencia Nacional y varios juzgados murcianos denuncias por estafa y apropiación indebida.