Una madre lidera una cruzada para que metan ya en la cárcel al pederasta que abusó de su hijo hace catorce meses

Un ejemplo de cruzada personal contra los pederastas y contra los problemas de la falta de medios en la Justicia. El enorme volumen de asuntos cuya tramitación sufre graves retrasos en los dos juzgados de Lo Penal de Cartagena y la huelga de dos meses protagonizada por los funcionarios han sacado a la luz la historia de Dolores M., una madre coraje que, desde hace varios meses lucha por evitar que se retrase más la entrada en prisión del hombre que hace casi un año y cinco meses abusó sexualmente de su hijo (F. J. C. M.), que entonces tenía 10 años.

El hombre, Abdelkrim T., marroquí de 45 años de edad, fue condenado el 20 de noviembre del 2007 a un año de prisión tras confesar los hechos ante el titular del Juzgado de Lo Penal 2, que entonces era Juan Ángel Pérez López.

Sin embargo, a pesar de que la condena para él llegó casi once meses después de la agresión, aún no está entre rejas porque hasta el pasado 2 de abril el fiscal no le remitió al juez el escrito en el que solicitaba que no accediera a la petición del abogado de suspender la pena privativa de libertad. La defensa lo pidió porque el condenado no tiene antecedentes penales y la pena es inferior a dos años. Pero el actual juez (el tercero que tramita el asunto, tras la marcha de Pérez López al Juzgado de Violencia contra la Mujer y la breve estancia de un juez sustituto en Lo Penal 2), ha visto determinante que el delito es de agresión sexual y la víctima, un menor.

Tres jueces para un caso

El juzgado está ahora a la espera de recibir el acuse de recibo de un telegrama que envió el 4 de abril a nombre del interesado para comunicarle que al día siguiente de recibirlo debe presentarse en la sede judicial para ir a prisión.

Hasta que no llegue esa comunicación, el hombre no será conducido al penal de Sangonera. Si el telegrama llega sin firmar, el Juzgado emitirá una orden de busca y captura. Según fuentes judiciales el abogado podría apelar la decisión de denegar la libertad condicional, lo que retrasaría aún más el posible encarcelamiento.

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ) no observa que en este caso haya habido un retraso injustificado o una mala práctica por parte de los jueces o los fiscales. «No se ha detectado ninguna incidencia» que haya alterado los procedimientos habituales, afirmó una portavoz de este órgano.

El caso de Mari Luz

La madre del menor, que ha asumido el papel de abogada de su hijo, asegura que ha sido su presión la que ha hecho que el fiscal y el juez hayan sacado del cajón este caso. «Cuando me enteré por una vecina de que el agresor estaba en la calle, que se había ido a vivir a Urbanización Mediterráneo, no me lo podía creer. Iba varias veces a la semana al juzgado a preguntar, y me decían que el agresor de mi hijo estaba preso. Pero me insistían en que habían visto al hombre por la calle y volví al juzgado. Una funcionaria sacó el expediente de una montaña de papeles y vio que no estaba preso. Entonces, mandó corriendo los papeles a la Fiscalía. Desde entonces, he ido al barrio del pederasta y he avisado a muchas madres de que lleven cuidado y anden con ojo», asegura Dolores, quien considera esta situación al menos un retraso injustificado y pide prioridad para estos casos.

«No entiendo cómo tardan tanto. Tuve que cambiarme de casa y tengo miedo por mi hijo y por los hijos de otras madres. Estos delincuentes no pueden estar en la calle meses y meses por los retrasos o los errores judiciales. Pueden abusar de otros niños. El que abusó de mi hijo incumplió enseguida una orden de alejamiento de nosotros. ¿Es que tiene que pasar lo de Mari Luz (la niña muerta en Huelva cuando la raptó un pederasta) para que actúen?», se pregunta Dolores. Aún no han cobrado la indemnización de 600 euros.