El Gobierno eliminará la "ambigüedad" sobre el derecho de los padres a "dar cachetes" a sus hijos

EFE MURCIA

La "ambigüedad" que el Comité de Derechos del Niño de la ONU y diversas organizaciones de infancia aprecian en la redacción del artículo del Código Civil español que da potestad a los padres para "corregir razonable y moderadamente a sus hijos" será eliminada el próximo mes para acabar con la confusión en el uso de métodos violentos, entre ellos, "el cachete".

Así lo manifestó hoy la directora general de las Familias y la Infancia del ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Amparo Marzal, tras la celebración del día universal de los Derechos de la Infancia, que este año se ha celebrado en Murcia con el lema Creciendo en Derechos, en colaboración con el Gobierno regional y el ayuntamiento de la ciudad.

El acto central ha contado con la participación de 150 niños de varios colegios de la Región y del colegio María Zambrano, de Granada, de entre 6 y 16 años, que durante varios días, y a iniciativa de asociaciones vinculadas con la Plataforma de Infancia, han llevado a cabo los talleres didácticos denominados Pasemos Examen a los Derechos.

Marzal explicó que el artículo 154 del Código Civil, cuya modificación está en trámite en el Congreso de los Diputados, y que previsiblemente será aprobada en diciembre, reconoce a los padres el derecho y la obligación a trabajar con sus hijos en valores y dar pautas y referencias en su conducta, pero su redacción actual molestaba a la ONU y a muchas organizaciones de infancia, "porque pensaban que podía amparar, por ejemplo, el cachete".

Añadió que el Gobierno central "no quería que pudiera haber ninguna ambigüedad sobre los métodos que hay que seguir en la educación infantil, que nunca han de ser violentos, por lo que ha modificado ese artículo y eliminado esa redacción".

Entre las iniciativas que el Ejecutivo nacional ha llevado a cabo en favor de la infancia, Marzal citó la elaboración de la Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia, que respondía a un mandato de la ONU de 2002.

"Fue el primer plan de este tipo -dijo- que se hacía en España sobre este asunto, en el que colaboraron todas las comunidades autónomas y un gran número de organizaciones que trabajan con la infancia".

Explicó que en este plan se fijaron once objetivos vinculados a los derechos de la infancia, desglosados en numerosas medidas, en las que las comunidades autónomas, las organizaciones y el Gobierno "se comprometieron a dar pasos concretos en favor de los derechos de la infancia", entre ellos, favorecer su participación mediante actividades en las que conozcan los derechos de que disfrutan.

El plan incluyó medidas para los menores en riesgo, que el Gobierno ha recogido en la ley de Adopción Internacional, en trámite en el Congreso, como la de fijar un plazo de dos años para que los padres biológicos tengan derecho a reclamar cuando sus hijos son dados judicialmente en desamparo.

Sobre este particular, Marzal aclaró que el Ejecutivo consideró que era conveniente que existieran esos plazos, "porque el niño no puede estar toda su vida en una situación de provisionalidad".

Un informe de UNICEF sobre el bienestar de la infancia en los países desarrollados, añadió, revela la importancia de la atención educativa desde los primeros años para eliminar la pobreza infantil que también se da en las naciones más pudientes.

En este sentido, Marzal recordó que los presupuestos generales del Estado para 2008 incluyen 100 millones de euros para universalizar el acceso de los menores de tres años a escuelas de educación infantil.