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José del Pino. / P. S.
Cinco ex directivos de Navantia serán juzgados por la falsificación de facturas
CARTAGENA

Cinco ex directivos de Navantia serán juzgados por la falsificación de facturas

El sexto imputado es un socio de la empresa que emitía facturas falsas

LA VERDAD

Martes, 16 de octubre 2007, 05:07

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Cinco ex directivos de la fábrica de Motores de Navantia se tendrán que sentar en el banquillo de los acusados para responder a las acusaciones de un presunto delito de falsedad en documento mercantil para el desvío de cantidades de dinero del astillero público a través de una empresas subcontratada, Zafrucsa. Un socio de esta última empresa es el sexto imputado. La fecha del juicio aún está por señalar.

El juez instructor del caso, el titular del juzgado número dos y decano de Cartagena, Jacinto Aresté, dictó un auto de procesamiento en el que imputa a los ex altos cargos de Navantia un presunto delito de falsedad documental. Dicho escrito de acusación ya ha sido comunicado a los seis acusados, al Ministerio Fiscal y a la propia empresa, que ejerce la acusación particular. Fuentes judiciales aseguraron que el documento judicial no hace referencia ni a las posibles condenas ni las cantidades supuestamente defraudadas al astillero público. Desde la propia Navantia informaron hace dos años de que el montante podría rondar los dos millones de euros.

Entre los acusados formalmente por el juez están quien fue director de la división de Motores de Navantia, José del Pino. Cuando se descubrió el agujero económico en la empresa, Del Pino también presidía el Consejo de Participación Social de la Universidad Politécnica y su nombre sonaba con fuerza como posible consejero del Gobierno regional tras su entonces reciente prejubilación. También están acusados el ex director de Motores Cartagena, Luis Rodríguez Bustelo, destituido fulminantemente cuando estalló el escándalo; el ex jefe de Planificación de Motores, Luis Armada Vadillo, el ex gestor de Producción, Diego Sánchez Sánchez; y el ex jefe de Postventa, Emilio Sánchez Álvarez. El sexto imputado es J. M. Z., socio de Zafrucsa.

Las fuentes consultadas por La Verdad explicaron que con este auto, el juez confirma la existencia de indicios de un presunto delito por la existencia de facturas emitidas por Zafrucsa y pagadas por la fábrica de Motores a cuenta de trabajos que supuestamente no se hicieron.

El agujero económico fue descubierto en febrero de 2005. Desde aquella época, el juez ha tomado declaración a todos los implicados. Casi todos ellos han reconocidos la existencia de una caja B en la factoría de Motores en la que se habrían guardado cientos de miles de euros. Pero algunos de ellos coinciden en que ese dinero se utilizaba para pagar comisiones a intermediarios y poder optar a contratos internacionales para el astillero y nunca para provecho particular.

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