10-N

La 'fiesta de la democracia' ahora es todo un drama. Hemos llegado al peor escenario posible, aquel en el que los españoles van a las urnas sin ilusión y hartos de que sus representantes no alcancen un acuerdo de gobernabilidad

Alberto Aguirre de Cárcer
ALBERTO AGUIRRE DE CÁRCER

De aquí a las elecciones generales del 10 de noviembre, las cuartas en cuatro años, nos espera una cansina pugna entre todos los partidos políticos para endosar al adversario la responsabilidad del fracaso de esta legislatura. No va a ser un camino rico en propuestas programáticas, sino una batalla de relatos para convencer al electorado de que la culpa fue de otro. Es obvio que estamos ante un fracaso colectivo, aunque parece evidente que la mayor responsabilidad, pese a no ser exclusiva, está en quien debía haber logrado los apoyos para poder gobernar y no lo consiguió. Lo que en su día se achacó a Rajoy, que nos llevó a las urnas meses después de su insuficiente victoria en 2016, hoy es de aplicación a Pedro Sánchez, cuya incompatibilidad personal con Pablo Iglesias ha dejado de ser un problema para las izquierdas y ya lo es para la gobernabilidad de España (¿Qué pasará si los resultados son muy similares a los de abril pasado?). Hemos desembocado en el peor escenario posible, aquel en el que los españoles van a ir a votar en noviembre sin la más mínima ilusión y más que hartos de la incapacidad de sus representantes para alcanzar un acuerdo de gobernabilidad que dé estabilidad suficiente para impulsar políticas públicas y encarar las reformas que precisa el país.La 'fiesta de la democracia', que se decía hace años, resulta ahora todo un drama. No cabía imaginar mayor irresponsabilidad. Como todo es susceptible de empeorar, lo más grave sería que hubiera una gran abstención el 10-N y un reparto de votos propicio para un nuevo bloqueo.

La política, y en general la vida pública en la Región de Murcia, va a estar muy marcada este otoño por esa convocatoria electoral. Lo peor es que afectará a muchos colectivos, desde funcionarios de la Administración del Estado a los pensionistas, que pueden verse perjudicados por la falta de nuevos Presupuestos (seguirán vigentes los que hizo Montoro hace dos años). También muchas empresas proveedoras de la Administración regional, si la ministra en funciones de Hacienda no logra una fórmula para aportar la financiación pendiente de pago a las comunidades autónomas. Sin techo de gasto aprobado en el Congreso de los Diputados, habrá que ver cómo pueden los parlamentos regionales sacar adelante unas cuentas públicas de 2020 que prácticamente se confeccionarán a ciegas en las consejerías de Hacienda. Algunos proyectos importantes, como los que dependen de Adif, no sufrirán reveses porque estos organismos manejan sus propios presupuestos plurianuales, pero otros, como la regeneración de Portmán o el plan de vertido cero al Mar Menor, se verán cuanto menos ralentizados por la interinidad de quienes deben impulsarlos desde Madrid. Por otro lado, la convocatoria de elecciones va a provocar una frenazo de la actividad en la Asamblea Regional, que todavía no ha arrancado de verdad tras el fin del periodo estival, lo que provocará también demoras en el impulso de leyes absolutamente necesarias, como la que debe proteger integralmente el Mar Menor. En fin, si alguien es capaz de decirme qué puede haber de positivo en la convocatoria de nuevas elecciones, que me lo haga saber. Será un bálsamo bienvenido que no dudaré en compartir.

En el plano puramente de la disputa partidista hay claros síntomas de que todas las formaciones están pensando ya en las urnas, con especial intranquilidad en Ciudadanos, Podemos y Vox, que temen, también aquí, un repunte de apoyos en favor de los dos grandes partidos. Fue sintomático que la dirección nacional de Ciudadanos zanjase en unas horas la crisis abierta por el director general de Emergencias, que cometió el error político de ir al teatro en pleno combate contra los efectos de la DANAen la Región. También es reveladora del clima preelectoral la respuesta de Vox al internamiento de 15 menores inmigrantes en el centro de la pedanía murciana de Santa Cruz. Cierto es que supone un incumplimiento del pacto que propició el Gobierno de López Miras con Ciudadanos, pero hay un punto de sobreactuación que tiene su explicación en la nueva cita con las urnas. Por estar en la antesala de unas elecciones, también es probable que todos los partidos se sumen a un pacto regional por la Justicia, que propugna López Miras, pero también Diego Conesa. También que lleguen con celeridad desde Madrid las ayudas económicas por los daños sufridos con la gota fría. Ya hay un pago genérico de más de 700 millones del Gobierno central para todos los desastres naturales sufridos en el territorio nacional este verano, pero aún falta por saber cuántos, de esa cifra global, llegarán a la Región de Murcia por la devastación de las lluvias. Si las ayudas tardan en llegar, veremos mucha bronca política en la antesala del 10-N. Las espadas de nuevo están en lo más alto. ¡Qué sopor!