https://static.laverdad.es/www/menu/img/lospiesenlatierra-desktop.jpg

Los técnicos insisten en que la tubería del Mar Menor precisaba evaluación ambiental

José Martínez Díez de Revenga e Inmaculada Ramírez Santigosa, antes de declarar como testigos, este miércoles en la Ciudad de la Justicia. /Guillermo Carrión / AGM
José Martínez Díez de Revenga e Inmaculada Ramírez Santigosa, antes de declarar como testigos, este miércoles en la Ciudad de la Justicia. / Guillermo Carrión / AGM

Tres funcionarios de la Consejería se reafirman en su informe de 2016 ante el juez que investiga las obras en el espacio protegido del Carmolí

Miguel Ángel Ruiz
MIGUEL ÁNGEL RUIZ

Las obras de la tubería del Carmolí se iniciaron en el verano de 2016 pese a un informe interno de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente en el que se advertía de que ese proyecto precisaba del procedimiento de evaluación ambiental porque afectaba a un espacio protegido. Los responsables de este documento confirmaron ayer esta exigencia legal ante el titular del juzgado número dos de Murcia, que investiga la construcción presuntamente irregular de un emisario cuyo objetivo era derivar los caudales de la rambla del Albujón hasta la red de la Comunidad de Regantes Arco Sur, informan a 'La Verdad' fuentes cercanas a este caso. Esta infraestructura se instaló por el procedimiento de urgencia en plena crisis de la 'sopa verde' del Mar Menor para evitar los vertidos a la laguna.

La ex subdirectora general de Calidad Ambiental Inmaculada Ramírez; el asesor jurídico José Martínez Díez de Revenga; y el ingeniero técnico forestal Francisco Miguel Gonzálvez declararon en calidad de testigos, y de forma conjunta, que avisaron de que las obras no debían comenzar hasta que se decidiese sobre si era necesaria o no la evaluación ambiental -que lo era, según su criterio-; y, en caso afirmativo, de que se desarrollase ese trámite.

Esta advertencia de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental tiene fecha de 29 de agosto de 2016, pero las obras habían comenzado doce días antes. La Consejería estimó que no eran necesarias ni evaluación de impacto ambiental ni de repercusiones porque las obras se desarrollaban «en una zona de servidumbre que no perjudica al espacio natural». El único aval de esta decisión fue un informe que pidió la Dirección General del Agua a la Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente (Oisma) y que se redactó en un solo día.

El fiscal pedirá que se desimpute al ingeniero que firmó un estudio favorable por entender que solo cumplía instrucciones de sus superiores

Tras una denuncia de Ecologistas en Acción que motivó la querella del fiscal José Luis Díaz Manzanera, la juez que entonces estaba al frente del juzgado número dos, Miriam Marín, imputó al ex director general Andrés Martínez Francés y al ingeniero técnico forestal que firmó el informe, José Luis Manovel, por posibles delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio. La Fiscalía, no obstante, va a pedir la desimputación de este último por entender que se limitó a obedecer las instrucciones de sus superiores. Los ecologistas piensan adherirse.

La tubería, que costó 1,7 millones, nunca llegó a funcionar pese a estar terminada y funcionar correctamente porque no se consiguió el permiso para verter a través del emisario.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos