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La letrada jefa de la Asamblea desmonta la Ley de Aceleración Empresarial

Miguel Sánchez (Cs), José María Albarracín (presidente de Croem) y Domingo Segado (PP), en la presentación de la nueva ley. / JAVIER CARRIÓN / AGM
Miguel Sánchez (Cs), José María Albarracín (presidente de Croem) y Domingo Segado (PP), en la presentación de la nueva ley. / JAVIER CARRIÓN / AGM

La secretaria general del Parlamento advierte de que la norma invade competencias estatales y municipales y genera «inseguridad jurídica»

MIGUEL ÁNGEL RUIZ

La normativa estrella del Gobierno presidido por Fernando López Miras es técnicamente «deficiente», invade competencias del Estado y de los ayuntamientos, genera inseguridad jurídica y corre el peligro de ser anulada por el Tribunal Constitucional en el caso probable de que «lesione el derecho a un medio ambiente adecuado». Estos importantes reparos a la proposición de Ley de Aceleración Empresarial, cuyo debate en la Asamblea Regional está previsto para el próximo día 27, no proceden de la oposición -PSOE y Podemos, la normativa la presentan Partido Popular y Ciudadanos-, sino de la jefa de los Servicios Jurídicos del Parlamento autónomo. La letrada Encarna Fernández de Simón advirtió el pasado jueves a los diferentes grupos políticos, en una reunión de la Mesa de la Cámara, sobre diez puntos flacos de una proposición de ley llamada a aligerar los trámites burocráticos, regularizar a unas 20.000 empresas que, según la Comunidad Autónoma, se encuentran en un «limbo legal», y en general a dinamizar la actividad económica y generar empleo.

Esta segunda norma de simplificación administrativa, pactada entre el Ejecutivo y Cs después de duras negociaciones que llegaron a estar rotas, responde a una propuesta de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem), que lleva años denunciando una fuga de inversiones hacia otras comunidades por la incapacidad de la Administración regional de gestionar con rapidez autorizaciones ambientales y otras formalidades. La propuesta legal, según la cual los promotores turísticos podrían reducir a la mitad los plazos para iniciar su actividad, fue presentada oficialmente el 3 de agosto con la presencia del presidente de la patronal, José María Albarracín.

Pero las prisas de Gobierno regional y sector económico no congenian con un texto «tan amplio y complejo», que además se tramitará por el procedimiento de urgencia, avisa la secretaria general de la Asamblea, que considera necesario un informe de los Servicios Jurídicos «difícil» de realizar por falta de tiempo, ya que la votación resultó favorable -tres a dos: dos votos de PP y uno de Ciudadanos contra uno de PSOE y otro de Podemos- a admitir a trámite la proposición de ley, que actualmente se encuentra en fase de presentación de enmiendas.

El PP confía en subsanar las deficiencias durante el periodo de tramitación

Punto por punto

No obstante, y pese a que la nueva normativa requiere «un tiempo de estudio», la letrada jefa de la Asamblea plantea diez observaciones, después de examinarla, que en la práctica desmontan jurídicamente la ley, según expertos legales consultados por 'La Verdad'. Son las siguientes, textualmente:

1. Que no quedan acreditados con precisión los títulos competenciales que fundamentan la facultad normativa de la Comunidad Autónoma en las materias reguladas, observándose que, en algunos casos, se aprecia una clara ausencia de competencias.

2. Que se utiliza una técnica normativa deficiente y contraria a la seguridad jurídica, propiciándose la reforma de normas variadas y no relativas a materias homogéneas ni conexas.

3. Que en algunos de sus preceptos se invaden y suplantan competencias municipales que corresponden a los ayuntamientos con carácter exclusivo.

4. Que se establecen disposiciones que pudieran ser contrarias a la normativa básica estatal.

5. Que la supresión de distintos preceptos en algunas de las leyes que reforma, sin establecer regulación alternativa, puede generar un vacío normativo causante de inseguridad jurídica.

6. Que la regularización de actividades e instalaciones que se contempla puede suponer una quiebra de los principios de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y una infracción de los principios de seguridad jurídica e igualdad en el ámbito urbanístico y/o medioambiental.

7. Que la Disposición Final Primera, que pretende conceder al Gobierno una delegación legislativa para refundir textos legales, está incorrectamente redactada, lo que la deja vacía de contenido.

8. Que incorrectamente se incluye en el texto la fórmula de promulgación de la ley, para lo que los proponentes carecen de atribuciones.

9. Que aunque no existe ninguna regulación parecida o similar a la que se propone en la legislación urbanística y/o de medio ambiente en el ámbito estatal ni en el autonómico, ha de recordarse que el Tribunal Constitucional ha anulado distintas leyes que generaban inseguridad jurídica o lesionaban el derecho a un medio ambiente adecuado, principios constitucionales establecidos en los artículos 9 y 21 de la Constitución.

10. Que las modificaciones propuestas en los artículos 37 de la Ley 2/1985, de 15 de marzo, reguladora del juego y apuestas de la Región de Murcia, deberían quedar pendientes de tramitación (...).

La función principal de la secretaria general de la Asamblea Regional es garantizar la legalidad de los acuerdos que adoptan los grupos políticos, advirtiendo de posibles irregularidades, aunque no tiene capacidad de veto. El vicepresidente segundo de la Mesa de la Asamblea, Domingo Segado (PP), defendió que algunas de las deficiencias y «cuestiones técnicas» apreciadas por los Servicios Jurídicos podrían subsanarse durante el periodo de tramitación.

Pedida y orientada por los empresarios

¿Simplificación o coladero? La ley número 102, sobre Aceleración de la Transformación del Modelo Económico Regional para la Generación de Empleo Estable de Calidad –este es su nombre completo– ha sido polémica desde sus inicios: reclamada y orientada por Croem, los principales dirigentes de la patronal participaron en las negociaciones con los partidos políticos. El PP insiste en que no se trata de un marco legal a medida de los empresarios y que se respetarán todas las garantías ambientales, mientras que PSOE y Podemos aseguran que es un «ataque al medio ambiente». Para Ciudadanos, es una ley «innovadora y valiente».

Podemos amenaza con llevar al Constitucional la nueva norma de Aceleración Empresarial

PP y Cs defienden su ley de simplificación administrativa, a la que ponen importantes reparos los Servicios Jurídicos de la Asamblea

La tramitación de la nueva Ley de Aceleración Empresarial, cuyo debate está previsto para el jueves próximo en la Asamblea Regional, ha embarrancado en un escollo imprevisto: los importantes reparos jurídicos advertidos por la secretaria general del Parlamento autónomo, que no solo considera el texto técnicamente «deficiente», sino que, en su opinión, invade competencias de otras administraciones, genera inseguridad jurídica y puede ser anulado por el Tribunal Constitucional por no garantizar suficientemente «un medio ambiente adecuado», como adelantó ayer 'La Verdad'. Un palo en toda regla a uno de los grandes proyectos del Gobierno regional para esta legislatura que siguen defendiendo PP y Ciudadanos, promotores de la ley:«No dudamos de su legalidad», mantienen sobre una norma cuyo objetivo es agilizar las autorizaciones ambientales y otros trámites administrativos para la instalación de empresas, crear empleo y evitar la fuga de inversiones a otras comunidades.

PSOE y Podemos han aprovechado el varapalo de la letrada jefa de la Asamblea, Encarna Fernández de Simón, para desacreditar un proyecto normativo polémico desde sus inicios porque, según sus críticos –ecologistas y partidos de la oposición–, se trata de un traje a medida de los empresarios para soslayar sus obligaciones en la protección del medio ambiente.

El secretario general de Podemos, Óscar Urralburu, ya ha adelantado que si la ley supera la fase de enmiendas la recurrirá en el Tribunal Constitucional. PP y Ciudadanos, asegura, «se han valido de todas sus artimañas» para diseñar un instrumento que da «carta blanca» a legalizar empresas que llevan «veinte años saltándose las reglas» para que «sigan evitando los controles medioambientales y urbanísticos».

Por parte del PSOE, su portavoz parlamentario, Joaquín López, señala que el PP y su «comparsa» Ciudadanos «hacen el ridículo haciendo suyos los intereses económicos» de la Croem mientras «desprecian el medio ambiente».

PSOE: «En manos de Croem»

«Cuando hay un gobierno paralizado, con un presidente por accidente que no sabe lo que hace ni lo que dice, y se pone en manos de una organización empresarial para hacer leyes, eso tiene como resultado que sean una chapuza y que atenten contra los principios básicos constitucionales y medioambientales», remarcó.

El diputado regional del PP Domingo Segado sostiene por el contrario que su grupo «no duda de la legalidad y la constitucionalidad» de la iniciativa, aunque acepta que se modifique en el periodo de enmiendas «si hay posibilidad de mejora».

El portavoz parlamentario de Ciudadanos, Miguel Sánchez, admite que el texto tiene «cuestiones muy subjetivas» y «aristas» sujetas a interpretación, pero apunta que su grupo ha trabajado con un grupo «multidisciplinar de juristas» para cambiar un borrador inicial que tenía «muchas lagunas». «Por encima de todo hay 20.000 empresas en situación de alegalidad», añadió antes de afirmar que «el que no arriesga no gana».

Finalmente, Somos Región, el partido que lidera el expresidente regional por el PP Alberto Garre, califica de «auténtica chapuza» la propuesta de ley y considera «inaceptable» que se tramite por el procedimiento de urgencia. Somos Región acusa al Gobierno regional de «servilismo con la Croem».

Una interpretación «discutible y genérica»

El consejero de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, Javier Celdrán, quita importancia a las críticas de los Servicios Jurídicos de la Asamblea Regional: «Se trata de apreciaciones jurídicas genéricas e inconcretas, que presumen vulneraciones de la normativa sin detallar los preceptos, ni cómo, ni por qué», alega. Para el consejero, es solo «una interpretación y opinión jurídica» de la secretaria general, «y por tanto totalmente discutible, que contrasta con las de otros muchos expertos». «Nosotros no dudamos de la legalidad de los preceptos que dan contenido a la ley y hay muchos jurídicos de diversos ámbitos que así lo avalan», insiste.

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