Una 'isla' urbanizable en la Marina de Cope
El enclavado de 250 hectáreas no protegidas en el corazón del parque regional será uno de los asuntos espinosos del futuro plan de ordenación
La reactivación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN)del Parque Regional de Calnegre-Cabo Cope, en el litoral de Lorca y Águilas, ha ... puesto encima de la mesa un condicionante incómodo:en el corazón del espacio protegido existe un polígono urbanizable de 250 hectáreas, dentro del término municipal lorquino. Aunque parezca un juego de palabras, dentro del parque hay unos terrenos que no pertenecen al parque. Y donde, con la ley en la mano, se puede construir. La cuestión es cómo.
La situación administrativa de esos terrenos puede anticipar conflictos en la tramitación de una normativa que lleva casi treinta años de retraso porque esta extensa llanura litoral, uno de los últimos enclaves deshabitados del Mediterráneo español, siempre ha estado en el punto de mira de los constructores. De hecho, solo una sentencia del Tribunal Constitucional dictada en diciembre de 2012 evitó el gran desarrollo turístico de Marina de Cope, avalado por el Gobierno regional, con 9.000 viviendas, hoteles, complejos deportivos, campos de golf y una marina interior sobre una superficie de 21 millones de metros cuadrados.
La situación ahora es otra: el futuro del parque pasa por la conservación de sus valores naturales, en convivencia con una agricultura que deberá reformularse, pero eso no cambia que el enclavado del Garrobillo –como se le conoce en los despachos de la administración– siga siendo urbanizable. Una circunstancia que, aunque no es nueva, llamó la atención de quienes recibieron hace unas semanas el documento previo del PORN, enviado por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, y comprobaron que en el centro del plano se recortaba una 'isla' de diferente color.
El alcalde de Lorca cree «muy complicado» que se pueda construir en una zona rodeada totalmente por el espacio protegido
Esa 'ventana' abierta a un posible desarrollo existe desde 1992, cuando se declaró por ley el parque, por un empeño del difunto Miguel Navarro –entonces presidente de la Asamblea Regional y concejal socialista del municipio lorquino, y alcalde a partir de 1993, cuando se forzó la dimisión de José Antonio Gallego–, quien insistió en dejar sin protección ambiental unas tierras que tenían la condición de urbanizables según el Plan General de Ordenación Urbana de 1989.
Cien viviendas por hectárea
El borrador de Plan de Ordenación de Recursos Naturales redactado en 1993 por la Agencia Regional para el Medio Ambiente y la Naturaleza (Arman), que quedó guardado en un cajón, desaconsejó «la promoción urbano-turística» porque «entraría en conflicto con los objetivos del espacio protegido como factor de desequilibrio paisajístico, con pérdida de valores por ocupación física». En cualquier caso, en ese suelo urbanizable no programado solo podrían levantarse unas cien viviendas, asegurando «la perfecta integración en el paisaje» y con «una reserva de suelo del 20% de la superficie total delimitada para espacios libres», según ese documento, que preveía una edificabilidad máxima de 0,1 m2/m2 y una densidad de seis viviendas por hectárea.
Tres décadas más tarde, ¿cuál es la situación después de la frustrada Actuación de Interés Regional de Marina de Cope y varios cambios en el PGOU de Lorca? «Veo muy complicado que pueda construirse. Con la ley en la mano es posible pero materialmente es muy difícil porque está totalmente rodeado por el parque regional. No se podrían abrir accesos ni llevar las infraestructuras necesarias», explica a LA VERDAD el alcalde de Lorca, Diego José Mateos (PSOE). El regidor lorquino matiza sin embargo que debe ser la Comunidad Autonóma, a través del PORN, quien defina el posible futuro urbanístico del enclavado del Garrobillo.
El anterior alcalde, Fulgencio Gil Jódar (PP), consultó en 2017 a la Consejería de Presidencia y Fomento por las posibilidades del enclavado y recibió una respuesta poco aclaratoria.
Las parcelas de la discordia están situadas sobre Cala Blanca, aunque no llegan hasta la playa porque se excluye una franja litoral de 200 metros clasificada como suelo no urbanible de especial protección. El enclavado se extiende 1.500 metros hacia el interior, a ambos lados de la carretera asfaltada que lleva hasta el caserío de El Cantal. Dentro hay fincas cultivadas, ramblas y lomas con vegetación natural.
Los terrenos pertenecen a una empresa agrícola y a una particular, que nunca han presentado un proyecto de urbanización
Mateos asegura desconocer de quién son los terrenos, «que seguramente habrán cambiado de manos varias veces en las últimas décadas», aventura. «Aunque los buscaremos para ponernos en contacto con ellos e informarles, ya que como propietarios tienen que estar al tanto del proceso de participación pública previo a la redacción del PORN», explica el alcalde. «El caso es que nunca han presentado un proyecto de construcción ni nada parecido», mantiene. Según ha podido saber este diario, la mayor parte de esas tierras pertenecen a una empresa agrícola y a una particular.
Las organizaciones ecologistas ya han anunciado que exigirán la protección del enclavado para evitar la tentación urbanística en el parque regional.
Restricciones a los invernaderos
Hacer compatible la agricultura intensiva con la conservación de la flora y fauna del parque será uno de los caballos de batalla en la tramitación del PORN, que será restrictivo con los invernaderos. En la reunión que mantuvieron el pasado lunes el director general de Medio Natural, Fulgencio Perona, y los alcaldes de Lorca y Águilas se habló sobre la situación de estas estructuras. La futura normativa será exigente en cuanto a su tipología y las distancias intermedias, y obligará a desmontar los que sean ilegales. A este respecto, la Consejería puntualiza que el contenido de ese encuentro «no es definitivo ni vinculante, ya que ni siquiera se ha iniciado el periodo de consultas».
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