El Gobierno regional declara el estado de emergencia climática

Murcia sigue la senda marcada por el Parlamento europeo (noviembre de 2019), el Gobierno de la Nación (enero de 2020) y otras nueve comunidades y ciudades que ya han aprobado esta declaración: País Vasco, Cataluña, Canarias, Valencia, Castilla-La Mancha, Navarra, Baleares, Madrid y Barcelona.

Se trata de una apuesta voluntaria pero imprescindible para alcanzar los compromisos que han asumido todos los países miembros de la Unión Europea en su intento de ser menos vulnerables a la subida de temperaturas y los estragos que está produciendo este fenómeno. El objetivo principal consiste en reducir las emisiones de CO2 un 26% en el año 2030 y lograr la neutralidad en 2050.

El Gobierno regional asume que debe aprobar la declaración de emergencia climática y ambiental fundamentalmente por tres motivos, según informa a LA VERDAD: por el incremento de fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más frecuentes, virulentos y dañinos (como las DANAS); la escasez en la disponibilidad de agua, lo que supone una «sequía estructural extrema» y un avance de la desertificación; y el aumento de las temperaturas medias y la alteración de las estaciones.

Efectivamente, en la Región de Murcia el otoño y la primavera pasan cada vez más desapercibidos; tan solo unos días de transición entre el verano –cada vez más largo, con los datos en la mano los actuales duran cuatro meses– y el invierno.

La primera consecuencia de la declaración de emergencia que se aprobará el jueves será la puesta en marcha de la Estrategia de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, un programa que incluye quince líneas de actuación y que ya ha superado el trámite de exposición pública.

Entre sus líneas maestras, la incorporación de medidas de adaptación y mitigación a través del procedimiento de evaluación ambiental; reducción del vehículo privado y electrificación de la movilidad; tener en cuenta las proyecciones de subida del nivel del mar en el planeamiento urbanístico; fortalecer la salud pública; planes municipales de energía sostenible; proteger el medio natural mediante la gestión forestal y la conservación de la biodiversidad.