https://static.laverdad.es/www/menu/img/lospiesenlatierra-desktop.jpg

Construir la tubería del Carmolí fue una decisión «colegiada» por el estado «grave» del Mar Menor

Andrés Martínez Francés (c), ayer, junto a sus abogados en el Palacio de Justicia de Murcia./Vicente Vicéns / AGM
Andrés Martínez Francés (c), ayer, junto a sus abogados en el Palacio de Justicia de Murcia. / Vicente Vicéns / AGM

El ex director general del Agua defiende ante la juez la legalidad de las obras de emergencia para evitar la entrada de efluentes con nitratos en la laguna

Miguel Ángel Ruiz
MIGUEL ÁNGEL RUIZ

La tubería del Mar Menor, instalada en parte en el espacio protegido de la Marina del Carmolí a finales de 2016 para evitar la entrada de efluentes cargados de nitratos en la laguna, fue una decisión «colegiada» entre distintos órganos de la Administración y contó con los informes técnicos necesarios. Así lo aseguró ayer ante la juez Miriam Marín el ex director general del Agua Andrés Martínez Francés, investigado en este asunto por presuntos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio, junto con un técnico de la Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente (Oisma) tras una denuncia de Ecologistas en Acción impulsada por la Fiscalía.

Martínez Francés, quien declaró en el juzgado número dos de Murcia tras aplazarse su primera citación, explicó que la canalización de las aguas de rechazo de las desalobradoras, de escorrentías y de drenajes de riego, desde la rambla del Albujón hasta la red de Arco Sur, para su reutilización con fines agrícolas fue una solución arbitrada después de varias reuniones. Participaron en estos encuentros -según la declaración de Martínez Francés, a la que ha tenido acceso 'La Verdad'- representantes de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Oisma, Dirección General del Agua, comunidades de regantes del Campo de Cartagena y Arco Sur y Sindicato Central de Regantes.

Bajo presión

El ex director general del Agua, que cesó en ese puesto en mayo del año pasado, argumentó también ante la juez que la entonces Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente decretó la emergencia de las obras de la tubería presionada por la «situación grave» del Mar Menor, en esos momentos en el punto álgido del proceso de eutrofización que tiñó sus aguas de color verde. Martínez Francés se refirió al informe de la Universidad de Murcia que alertaba del peligro para la salud por la alta concentración de fitoplancton, y también a las protestas de «plataformas vecinales» y las investigaciones de la propia Fiscalía.

Acerca de los informes, supuestamente contradictorios, de la Oisma y la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, Martínez Francés mantuvo que bastaba el primero para ejecutar las obras, y que la escasa afección a la Red Natura 2000 se reparó con una plantación de flora que acreditó con fotografías recientes.

En cuanto al segundo, que señalaba la necesidad de someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental, no fue tenido en cuenta porque, según el investigado, se «extralimitó» al pronunciarse sobre «la desalobración o utilización de las aguas». En la memoria del proyecto no se aludía a la desalación, se defendió, puesto que «las aguas del Albujón podrían utilizarse de forma directa, sin desalobrarse, mezclándolas». Es decir, que la tubería tenía los informes necesarios para transportar agua, siempre que ésta no se desalase en las instalaciones de Arco Sur.

La tubería, de unos cuatro kilómetros y que costó casi dos millones de euros, nunca llegó a funcionar. Está terminada «pero no recibida», admitió Martínez Francés, por «problemas en la acometida técnica de bombeo».

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos