El CES considera «incomprensible» que la Red Natura siga sin Comités de Participación
El Consejo Económico y Social critica que Medio Ambiente no haya creado aún la comisión del plan del Noroeste, vigente desde 2015
La normativa sobre la Red Natura 2000 no solo se está aprobando con cuentagotas en la Región de Murcia –acumula ya un retraso de ocho años–, sino que los planes vigentes, solo cuatro hasta el momento, padecen una carencia importante: ninguno cuenta con Comité de Participación Social pese a que debería reunirse al menos una vez al año para certificar la buena marcha de las medidas adoptadas para la protección de los valores naturales de cada Zona Especial de Conservación (ZEC), entre otras funciones.
Esta carencia es aún más llamativa en el caso del Plan de Gestión Integral (PGI) del Noroeste, el primero en ser aprobado, en abril de 2015, una circunstancia que el Consejo Económico y Social (CES) considera «incomprensible» puesto que faltan pocos meses para que se cumplan seis años de su entrada en vigor y haya que revisarlo. Este órgano consultivo de la Administración regional recuerda, en un dictamen reciente sobre el PGI de Sierra de Ricote y La Navela, la importancia de estas comisiones por «la necesidad de profundizar en los aspectos de gobernanza y participación pública no solo de la planificación, sino también de gestión de los espacios protegidos».
El CES lamenta también que los planes de gestión de Red Natura 2000 aprobados hasta la fecha —Noroeste;Ríos Mula y Pliego; Minas de la Celia y Cueva de las Yeseras; y Mar Menor—, y también el que ahora se tramita para la Sierra de Ricote y La Navela, carezcan de dotación presupuestaria para sus correspondientes Comités de Participación Social.
Las funciones de estas comisiones, inéditas aún en la Comunidad Autónoma, consisten en «promover y facilitar la participación de las administraciones públicas y de los agentes sociales y económicos en la gestión de los espacios protegidos; fomentar e impulsar las acciones del Plan de Gestión Integral; fomentar la investigación y la divulgación del conocimiento;informar sobre la memoria intermedia y final del PGI y sobre su revisión; y conocer los procedimientos de evaluación de repercusiones de los planes, programas, proyectos y actividades que afecten a los espacios protegidos».
La presidencia corresponderá a «una persona de reconocido prestigio y experiencia, y acreditados conocimientos de los espacios protegidos Red Natura 2000», designada por el consejero a propuesta del resto de miembros, que procederán de ayuntamientos; consejerías competentes en ordenación del territorio, urbanismo, montes, agricultura, ganadería, industria, minas, cultura y turismo; y organizaciones agrarias, Cámara de Comercio; grupos de acción local; universidades; organismos de investigación e instituciones; asociaciones dedicadas a la conservación y estudio de la naturaleza; asociaciones de vecinos; propietarios de fincas; asociaciones de consumidores; y federaciones deportivas.
La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente admite el retraso en la constitución de los Comités de Participación, que achaca a «la necesidad de desarrollar reglamentariamente sus normas de funcionamiento con el objetivo de una gestión más eficaz y óptima que resuelva y a la vez evite duplicidades de órganos de participación para un mismo territorio».
Medio Ambiente alega que actualmente funcionan «con regularidad» siete juntas rectoras de seis parques regionales y de la Reserva de Cañaverosa.
La «obligación» de proteger la naturaleza
El CES da un tirón de orejas al Gobierno autónomo, en su dictamen, por el retraso en la tramitación de la normativa sobre los espacios de la Red Natura 2000, que «no responde a una decisión política discrecional o de oportunidad», sino a una «ineludible obligación con la normativa regional, nacional y europea».
