Cartagena reclama seguridad jurídica al Estado para dragar sus playas en el Mar Menor

La extracción de estos lodos y secos se ha convertido en una «prioridad absoluta» para la Administración municipal, que sin embargo no encuentra la manera de ponerse de acuerdo con el Ministerio para la Transición Ecológica para solucionar el problema. El Consistorio mantiene que el dragado de esa materia inerte es competencia del Estado, mientras que el Gobierno central echa la pelota en el tejado del Ayuntamiento argumentando que se trata de una mera limpieza de playas, trabajos que sí entrarían en el ámbito municipal, como se refleja en diferentes cartas cruzadas con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.

«Pero no es así, el Reglamento de Costas deja bien claro que el Estado tiene la obligación de la regeneración de playas, incluyendo el dragado, si fuera necesario, y que a los ayuntamientos nos corresponde la limpieza, higiene y seguridad de las zonas de baño», señala a LA VERDAD Noelia Arroyo, vicealcaldesa de Cartagena y coordinadora de la comisión municipal para la recuperación del Mar Menor.

Además, insiste Arroyo, el Ministerio apunta la urgencia de restaurar con «prioridad alta» las playas de Punta Brava y Los Urrutias en su propio Plan para la Protección del Borde Litoral del Mar Menor, publicado hace un año.

El Ayuntamiento de Cartagena reprocha al Ministerio no solo su «inacción», sino también que falte a su propio compromiso, expresado por la vicepresidenta cuarta y ministra Teresa Ribera en septiembre de 2019 tras una reunión en Madrid con el consejero Antonio Luengo, cuando se comprometió públicamente a «identificar una draga apropiada». «El Ministerio para la Transición Ecológica es plenamente consciente de la demanda social existente en los municipios del Mar Menor para la retirada de fangos de las playas, por lo que está trabajando en el diseño de las actuaciones para su retirada y la eliminación de secos en el Mar Menor», dijo entonces. Año y medio después, esas buenas intenciones no se han materializado.

El Consistorio cartagenero está dispuesto a asumir estos trabajos «para responder a una demanda vecinal y una exigencia ambiental que también repercute en el turismo», explica Noelia Arroyo. Pero reclama al Ministerio «seguridad técnica y jurídica por escrito» para acometer una rehabilitación ambiental que será compleja y costosa. Tampoco se ha obtenido respuesta del Gobierno central pese a los reiterados requerimientos municipales.

Preguntado por este diario, el Ministerio no sale de su argumentario: considera la propuesta del Ayuntamiento de Cartagena un «mantenimiento de playas», como los realizados recientemente en San Javier, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares, y mantiene que la autorización para actuar en el Mar Menor debe ser emitida por la Comunidad Autónoma, previa petición de la Demarcación de Costas. Pero esa petición no llegará porque no se pretende una limpieza de playas, recalca Noelia Arroyo, «sino una actuación de más calado, dentro del agua, que requiere maquinaria y un proyecto técnico, y lo saben porque lo hemos pedido reiteradamente en las reuniones del Foro Interadministrativo».

«Queremos hacerlo bien y estamos dispuestos a afrontarlo nosotros pero no queremos pillarnos los dedos y que nos paren las obras a medias», insiste la vicealcaldesa de Cartagena.

El Ayuntamiento ya ha preparado una memoria técnica que incluye dieciséis posibles actuaciones, ocho líneas de trabajo en cuatro fases y un plan de vigilancia para seguir la evolución de la zona intervenida cuando terminen las labores.

La redacción del proyecto se sacará a contratación pública, por lo que la Administración local urge al Gobierno central a que les dé el OK. «Vamos a perder mucho tiempo con esto, porque si interviniese el Ministerio nos evitaríamos este trámite y podría hacerse el invierno que viene. Actuamos con lealtad absoluta y queremos ser parte de la solución, solo pedimos que nos concedan el permiso», plantea Noelia Arroyo.