La Asamblea rechaza tramitar la ley que daría derechos al Mar Menor

La pretensión de que el Mar Menor tenga derechos, como una persona o una empresa, ha chocado con la Asamblea Regional, que ha rechazado tramitar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que promueve un grupo de activistas en defensa de la laguna y juristas ambientales. La Mesa de la Cámara, en una resolución fechada el 10 de septiembre y que ha trascendido este martes, considera que la Comunidad Autónoma carece de competencias para reconocer la personalidad jurídica del humedal.

Esta misma propuesta, sin embargo, sí ha sido admitida por la Mesa del Congreso y en un tiempo récord, ya que fue presentada el 29 de julio y no se esperaba una respuesta hasta dentro de al menos cuatro años. El visto bueno de la Cámara Baja a tramitar como ley esta ILP se concedió el martes 22, doce días después de que el Parlamento autonómico la hubiese desestimado basándose en un informe de los Servicios Jurídicos de la Asamblea Regional.

Para Teresa Vicente, directora de la Cátedra de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza de la Universidad de Murcia y miembro del grupo de trabajo que redactó la ILP, la contestación de la Asamblea «era lo esperado. Y aunque esto se vea como una figura nueva que sobrepasa nuestro ordenamiento jurídico, eso no quiere decir ni que esté prohibido ni que no pueda crearse», explica a LA VERDAD.

Por este motivo, el Ayuntamiento de Los Alcázares –que presentó la Iniciativa Legislativa Popular ante la Asamblea– está preparando un escrito en el que solicitará al Parlamento regional que, visto su rechazo a tramitar la proposición de ley, al menos la eleve directamente al Congreso, algo que está previsto legalmente.

Este movimiento de la Asamblea agilizaría el proceso porque evitaría la obligación de que el grupo promotor tenga que recoger las 500.000 firmas contempladas por la ley que rige las ILP. «Pero si no es así no nos importa porque las vamos a recoger igualmente», afirma con seguridad Teresa Vicente.