https://static.laverdad.es/www/menu/img/lospiesenlatierra-desktop.jpg

La Ley de Aceleración sigue vulnerando «el nivel mínimo» de protección ambiental

El diputado regional Víctor Martínez y el presidente López Miras, el lunes, en la Asamblea. / j. m. r. / agm
El diputado regional Víctor Martínez y el presidente López Miras, el lunes, en la Asamblea. / j. m. r. / agm

Los Servicios Jurídicos de la Asamblea advierten de que eludir la evaluación estratégica en normas transitorias urbanísticas puede ser ilegal

Miguel Ángel Ruiz
MIGUEL ÁNGEL RUIZ

Segunda llamada de atención de los Servicios Jurídicos de la Asamblea Regional sobre la futura Ley de Aceleración Empresarial. Si en un primer informe advirtieron de que la nueva norma generaría inseguridad jurídica, invadía competencias de otras administraciones e incluso supondría una «pseudoamnistía urbanística» para legalizar empresas en situación irregular, el análisis de las enmiendas presentadas por los partidos políticos para mejorar el documento saca a la luz otros puntos débiles. El principal es la pretensión, contenida en una enmienda de PP y Ciudadanos -impulsores de la ley, junto a la patronal Croem-, de eludir el trámite de evaluación ambiental estratégica en el caso de proyectos urbanísticos sometidos a normas transitorias.

Para la letrada Irene Bas Carrera, el hecho de que las normas transitorias no se consideren «instrumentos de planeamiento a efectos urbanísticos» -como se propone en la enmienda IX-22137-, y por tanto se exima en esos casos de evaluación ambiental estratégica, supondría una reducción del «nivel mínimo de protección con respecto al fijado por el Estado», lo que podría ser anticonstitucional.

A este respecto, el equipo jurídico del Parlamento autonómico recuerda que, para el TC, solo pueden eludir esa obligación «los planes y programas que tengan como único objeto la defensa nacional o la protección civil en casos de emergencia, y los de tipo financiero o presupuestario». E insiste en que las normas transitorias «son por su propia naturaleza instrumentos de planeamiento», y que por tanto «no pueden sustraerse (...) al trámite de evaluación ambiental estratégica, bien sea ordinaria o simplificada».

Enmienda sorpresa

Esta enmienda de Partido Popular y Cs introduce una propuesta que no estaba contemplada en el texto original de la ley que pactaron ambas formaciones políticas con el sector económico; su objetivo sería salvar el embrollo legal que afecta a Cartagena, donde desde 2017 rigen unas normas transitorias urbanísticas, con vigencia de dos años, tras ser tumbado por el TSJ el Plan General de 2012 a raíz de un pleito perdido con el promotor Tomás Olivo.

Mientras tanto, el parón urbanístico pone en peligro inversiones industriales e inmobiliarias valoradas en 130 millones de euros, según han advertido los empresarios y las autoridades municipales.

El Gobierno regional busca soluciones a este paréntesis legal que compromete el desarrollo de Cartagena: por un lado, ha encargado un informe al Consejo Jurídico para saber qué se puede hacer y qué no en tanto no se apruebe un nuevo plan urbanístico; y, más recientemente, ha pedido al gabinete legal de la Comunidad que examine al máximo las nuevas normas para evitar más denuncias.

La conocida como segunda ley de simplificación administrativa -la primera, ya en vigor, no encontró reproche alguno por parte de los Servicios Jurídicos de la Asamblea- surge por la pretensión, según sus impulsores, de aligerar trámites burocráticos, regularizar 20.000 empresas que estarían en un «limbo legal» y también para dinamizar la actividad económica y generar empleo.

La nueva normativa se aprobará el día 18 con los votos de PP y Ciudadanos

El Pleno de la Asamblea Regional aprobará el jueves 18, previsiblemente con los votos a favor del PP y de Ciudadanos, la Ley de Aceleración Empresarial, que el lunes superó el trámite de enmienda a la totalidad y de la que el próximo lunes 15 se votarán las enmiendas parciales.

La Junta de Portavoces ha establecido ese calendario para la proposición de ley acordada por ambos partidos y contra la que el PSOE y Podemos ya han anunciado que presentarán sendos recursos de inconstitucionalidad si no se enmienda significativamente.

Tanto el diputado regional socialista Alfonso Martínez Baños como el portavoz parlamentario de Podemos, Óscar Urralburu, adelantan que ese texto atenta contra los principios constitucionales de seguridad jurídica, igualdad, medio ambiente adecuado y autonomía local, lo que han calificado de «chapuza» y «barbaridad inconstitucional». Para Joaquín López, portavoz parlamentario del PSOE, la Ley de Aceleración Empresarial «va en la dirección contraria de lo que necesita el modelo económico de la Región y en contra del medio ambiente, además de ser inconstitucional y atentar contra el poder de decisión autónomo de los ayuntamientos».

Los portavoces del PP, Víctor Martínez, y de Ciudadanos, Miguel Sánchez, defienden su legalidad: el primero augura que el TC «les va a decir lo mismo» que en el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PSOE a la Ley de Simplificación Administrativa, donde solo se «cambiaron ocho palabras de un artículo».

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos