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Mar Menor: la historia continúa

La operación de la Guardia Civil que ha precintado otras 73 desaladoras y pozos demuestra que los vertidos a la laguna nunca cesaron del todo. Y que los agricultores deben abandonar el papel de víctimas para ser parte de la solución

Técnicos de la CHS y agentes de la Guardia Civil inspeccionan una desalobradora en Balsicas (Torre Pacheco)./MARCIAL GUILLÉN / EFE
Técnicos de la CHS y agentes de la Guardia Civil inspeccionan una desalobradora en Balsicas (Torre Pacheco). / MARCIAL GUILLÉN / EFE
Miguel Ángel Ruiz
MIGUEL ÁNGEL RUIZ

La plataforma ciudadana Pacto por el Mar Menor ha difundido en los últimos meses varios vídeos de la rambla del Albujón desaguando en la laguna y la respuesta inmediata de las administraciones y los agricultores era tajante: ya hay 'vertido cero' agrícola, así que serán las lluvias (¿qué lluvias?), será el acuífero, será la depuradora de Torre Pacheco... Hasta que el lunes se desarrolló una clarificadora macrooperación de la Guardia Civil en el Campo de Cartagena, dirigida por la Fiscalía de Medio Ambiente y con la colaboración de agentes medioambientales de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).

El resultado de esta gran inspección sorpresa, derivada del caso 'Topillo' por la degradación de la laguna (que se instruye en el juzgado número 2 de Murcia), se ha saldado con el precinto de 48 desaladoras y 25 pozos, en medio centenar de explotaciones agrícolas, y 45 agricultores imputados. Uno de ellos el presidente del sindicato agrario Coag en Torre Pacheco, Juan Luis Sánchez (cifras que pueden aumentar porque este miércoles estaban previstos más registros). Estos nuevos investigados se unen a los casi cuarenta altos cargos de la administración y propietarios de empresas y sociedades agrícolas que ya están imputados.

Es decir: lamentablemente, la historia continúa. Quienes están señalados como principales responsables de la degradación del Mar Menor (y de un enorme daño ecológico, social, económico y reputacional) siguen sin darse por aludidos e incurriendo en prácticas ilegales. Ha bastado que las aguas de la laguna recuperen la transparencia (lo que no quiere decir que el ecosistema se haya recuperado) para que las 'lavadoras' piratas se hayan puesto de nuevo en funcionamiento para enviar al humedal fertilizantes y salmueras procedentes de la desalinización del agua que se extrae del acuífero para regar sus cultivos.

Los agricultores dicen que van a por ellos, niegan que estas instalaciones precintadas viertan el rechazo de salmuera a la laguna y acusan a los ayuntamientos de haber iniciado hace décadas la barra libre de contaminación (declaraciones de Vicente Carrión, presidente de Coag en el Campo de Cartagena). Aunque tienen razón en uno de sus lamentos: todas las administraciones sabían lo que estaba ocurriendo, desde la CHS (que disponía de un listado de más de mil desalobradoras ilegales, y pese a ello no actuó) hasta la Consejería de Agricultura y los ayuntamientos. Solo se precipitó el sellado de la red de salmueroductos (en junio de 2016, por orden de la Consejería a la CHS) cuando se supo en los despachos que la Fiscalía ponía en marcha una investigación.

Creo que es hora de que el sector agrícola abandone el papel de víctima y se convierta en parte de la solución. La industria agroalimentaria es muy rentable económicamente, pero también claramente insostenible en el entorno de un espacio ¿protegido? como el Mar Menor. Mientras el Gobierno regional, y en general los partidos políticos, doren la píldora a los agricultores (a los agricultores contaminantes y reincidentes, aclaro), solo nos quedará la Fiscalía.