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Invasoras: el indulto está en el horno

PP y Ciudadanos ultiman la reforma legal que evitará la erradicación del arruí y la trucha arcoiris, mientras el PSOE se pone de perfil

Dos arruís en Sierra Espuña./GUILLERMO CARRIÓN
Dos arruís en Sierra Espuña. / GUILLERMO CARRIÓN
Miguel Ángel Ruiz
MIGUEL ÁNGEL RUIZ

La maniobra legal para indultar a especies invasoras como el arruí, la trucha arcoiris, la carpa, el visón americano y el cangrejo rojo está cerca de consumarse. PP y Ciudadanos han llegado ya a un acuerdo para reformar la Ley de Biodiversidad de 2007, una solución política para eludir el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo de marzo de 2016 que obliga a erradicar a las exóticas que aún disfrutaban de un régimen de excepción por motivos económicos. Se lo contó el jueves pasado el diputado de Cs Miguel Ángel Garaulet a la periodista de Efe Caty Arévalo después de una reunión en la que negociaron las más de 50 enmiendas planteadas a la modificación de la normativa. Estos partidos buscan ahora el apoyo de PDeCAT y PNV para aprobar una regulación que mantendrá en ríos y montes a mamíferos, peces y crustáceos que acorralan a la fauna autóctona y empobrecen la biodiversidad.

Esta última frase no va entrecomillada pero no es mía: es la opinión unánime de la comunidad científica (aunque con alguna excepción, como el experto en ungulados del CSIC Jorge Cassinello, incansable defensor del arruí), expresada con claridad en diferentes foros y repetida durante el periodo de comparecencias en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso.

Pese al rechazo científico (¡qué sabrán los científicos!), PP y Ciudadanos lo tienen claro: «Queremos una ley que cuide la biodiversidad, pero que permita la gestión de especies que tengan un interés económico, social o cultural en una comunidad autónoma y que estuvieran en el medio antes de la promulgación de esta ley, en 2007», señala Garaulet. Qué difícil va a ser cuidar lo primero permitiendo lo segundo, según los investigadores, pero en fin...

En contra del criterio científico

Nuestros políticos, siempre en vanguardia: legislando en contra del criterio científico, de las sentencias de los tribunales y del mandato de la Comisión Europea, que considera las especies invasoras como la segunda amenaza para la biodiversidad a nivel mundial, solo por detrás de la destrucción de los hábitats, además de los graves perjuicios económicos que causan. Mucho más elevados que los beneficios que aportan a determinados colectivos (cazadores, pescadores, criadores), y que además pagamos entre todos.

El protagonismo murciano en el capotazo a las especies invasoras merece al menos un párrafo. El primer movimiento para desactivar la sentencia del Supremo lo ejecutó el senador del PSOE Juan Luis Soto, quien en enero de 2017 presentó en la Cámara Alta una moción para modificar la Ley de Biodiversidad impulsada por su compañera de partido Cristina Narbona diez años antes. Ese mismo año, el diputado ciezano del PP Teodoro García Egea fue uno de los promotores de la proposición de ley por la vía de urgencia que fracasó en junio por la falta de apoyos. Y el diputado por Murcia de Ciudadanos Miguel Ángel Garaulet ha actuado como negociador de la formación naranja ante el PP.

Los socialistas no se aclaran

El diputado de Equo-Podemos Juan López de Uralde tiene claro su voto en contra porque considera «un problema ambiental gravísimo» la presencia de especies alóctonas en el medio natural y rechaza que su gestión «se haga con criterios económicos y no científicos».

¿Y el PSOE, qué va a hacer? De momento se ha puesto de perfil. Si en junio pasado rechazó (junto con Ciudadanos) el primer intento del PP, en noviembre apoyó (también junto a Ciudadanos) la posible modificación de la ley. El diputado socialista Gonzalo Palacín señala ahora que estudiarán detenidamente las enmiendas antes de votarlas.

Los cazadores presionan

Pero la postura socialista será finalmente una decisión meramente simbólica porque el PP, una vez recabado el apoyo de Ciudadanos, solo necesita los votos de los nacionalistas vascos y catalanes para mandar el nuevo texto legal al Senado, donde los populares ejercerían su mayoría para modificar la ley y consumar el perdón 'legal' para especies que el Tribunal Supremo considera «dañinas» para los ecosistemas.

Mientras tanto, los cazadores han anunciado para el próximo domingo manifestaciones en las principales ciudades españolas en demanda de apoyo al sector cinegético. Un claro aviso a los políticos: ojo, se están jugando ustedes nuestros votos. Y cuando hablamos de votos, ¿qué importa lo que digan los científicos?

Comentarios, por favor.

PD1. El Tribunal Supremo dictó la sentencia que obliga a erradicar ocho especies invasoras (arruí, trucha arcoiris, visón americano, carpa común, cangrejo rojo, el hongo quitridio, el alga comestible conocida como wakame y la pataca –un tubérculo–) después de estimar un recurso presentado por Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y la Asociación para el Estudio y Mejora de los Salmónidos.

PD2. Sentencia del Tribunal Supremo de marzo de 2016 en este enlace.

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