Un juez esgrime el cambio climático para frenar la voracidad petrolífera de Trump

Donald Trump./EP
Donald Trump. / EP

El dictamen procedente del distrito de Columbia suspende la licitación para extraer crudo y gas en tierras federales en el Estado de Wyoming

CAROLINE CONEJERONueva York

Un juez federal ha bloqueado hasta nueva orden permisos de la Administración Trump de extracción de petróleo y gas en unos 1.200 kilómetros cuadrados en el Estado de Wyoming. Argumenta que la Oficina de Gestión Territorial del Departamento de Interior no consideró suficientemente las implicaciones del cambio climático en sus decisiones de subastar tierras federales para extracción de petróleo y gas en el oeste del país como exige la Ley Nacional de Política Ambiental.

La decisión del juez federal del distrito de Columbia Rudolph Contreras (un nombramiento de Barack Obama) califica de «inadecuado» el informe de valoración que hizo la Agencia de Medioambiente al ignorar cómo los proyectos de extracción aumentan las emisiones de carbono. Y no elimina las extracciones por completo, sino que pide a la Oficina de Gestión Territorial que rehaga su análisis sobre los cientos de proyectos previstos en Wyoming.

LA CLAVE

1.200
kilómetros cuadrados de tierras federales iban a ser licitados en Wyoming para efectuar extracciones de petróleo y gas.
Pide una revisión.
El dictamen critica al Gobierno por ignorar en sus proyectos el aumento de emisiones de carbono
Esperanza.
Grupos ecologistas creen que el fallo desincentivará la inversión privada en este tipo de subastas

Aunque el bloqueo es por ahora solo temporal, el dictamen marca la primera vez que la Administración Trump es cuestionada sobre el impacto climático de su hinchada agenda energética, y tendrá serias consecuencias en su plan para relanzar la producción de energía fósil a través del país.

El dictamen, que responde a un caso presentado por los grupos ecologistas WildEarth Guardians y Médicos para la Responsabilidad Social, es también importante porque establece judicialmente que las emisiones de gas son causantes del cambio climático.

Jeremy Nichols, director del programa de clima y energía de WildEarth Guardians, declaró que la decisión cuestiona la legalidad de todo el programa de petróleo y gas del Gobierno y le obligará a enfrentar la realidad de cómo su política energética incrementa el cambio climático. El grupo tratará ahora de bloquear nuevas subastas previstas para la semana que viene.

Si en el peor de los casos la decisión federal sólo retrasase la agenda de extracción marcada por la Administración, los grupos ecologistas ven en ella un avance positivo que tendrá un efecto de advertencia en los planes de explotación en el oeste del país. Un efecto que, creen, desincentivará las inversiones privadas en subastas de extracción en tierras federales ante la incertidumbre de futuros cambios en la legislación.

El senador republicano por Wyoming John Barrasso, miembro del Comité de Medioambiente y Obras Públicas del Senado, calificó el dictamen como una mala decisión que, en su opinión, perjudicará a los trabajadores de ese Estado, reducirá los ingresos de Wyoming y ralentizará la producción energética nacional.

Informes descartados

El Departamento de Interior comenzó a tomar en cuenta el impacto climático en este tipo de permisos hacia el final del mandato del presidente Obama, aunque las previsiones fueron eliminadas por la actual Administración cuando Donald Trump llegó al cargo. Altos cargos del Gobierno y el propio Trump han descartado informes recientes que reclaman que Estados Unidos y otros países deben reducir drásticamente las emisiones de carbono en la próxima década o sufrir consecuencias desastrosas en el cambio climático.

Un informe internacional difundido en 2016 estimaba que las emisiones de gas de EE UU suponían el 13% de las de todo el planeta y se teme que los niveles de emisión correspondientes a 2018 se hayan incrementado como consecuencia de la eliminación de regulaciones y criterios restrictivos a la industria por parte de Washington. Se calcula que la eliminación de regulaciones efectuada a instancias de la Casa Blanca ahorró unos 39 millones a la industria energética.