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Viernes, 10 de mayo 2019, 02:28
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En el último minuto de la legislatura, a apenas horas para el inicio de la campaña electoral, el Gobierno regional presentó ayer el Pacto por la Dependencia 2019-2022 arropado por sindicatos, empresarios y organizaciones del sector. El Ejecutivo se compromete a la revisión de los copagos, y de forma más concreta al que se aplica en el servicio de ayuda a domicilio, y promete aumentar las partidas presupuestarias en seis millones de euros el próximo año, en 12 millones en 2021 y en 18 en 2022.
CC OO, UGT, la patronal Croem y las principales federaciones de personas con discapacidad, representadas por Cermi, suscribieron ayer el pacto, al que también se sumaron las asociaciones que agrupan a las residencias y centros de día, así como la Federación de Municipios (Fremm). De la firma se descolgó, sin embargo, el Colegio de Trabajo Social, que valora las medidas incorporadas pero critica la falta de concreción en aspectos como los refuerzos de recursos humanos y los copagos.
Entre las medidas concretas destaca la eliminación, en 2020, de la tasa de solicitud de valoración del grado de dependencia, de 10 euros. La Comunidad ingresa anualmente unos 90.000 euros por esta tasa. El Gobierno también «se compromete a la reducción del copago del servicio de ayuda a domicilio durante el periodo de vigencia del presente pacto», y prevé un incremento de 350.000 euros anuales en la partida destinada a este servicio.
El pacto incluye la elaboración de un Mapa de la Dependencia «para conocer las necesidades reales de los mayores y personas con discapacidad», lo que permitirá «adaptar los servicios a lo que realmente necesitan», destacó el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras. Además, se ampliará el servicio de ayuda a domicilio a todos los municipios mediante convenios con la Comunidad (a día de hoy, los convenios solo cubren la mitad de los ayuntamientos y mancomunidades). Esta prestación se considera imprescindible para que «aquellos que quieran puedan permanecer en sus hogares», subrayó López Miras. El Colegio de Trabajo Social ha denunciado reiteradamente los retrasos en la puesta en marcha de este servicio en los últimos años.
El presidente del Cermi regional, Pedro Martínez, destacó que el pacto será «un punto de inflexión, porque vendrá a mejorar los recursos humanos y la gestión del sistema», lo que permitirá, en definitiva, «mejorar la calidad de vida» de las personas dependientes. Por su parte, el secretario general de UGT, Antonio Jiménez, calificó el acuerdo de «impulso significativo».
El Colegio de Trabajo Social se desmarca del pacto porque, aunque ha participado activamente desde los inicios» en la elaboración de este documento, el resultado no supone «un compromiso y planificación de solución integral para todas las personas que están en espera o que han visto vulnerados sus derechos». Tampoco se concreta «un refuerzo a profesionales que afrontan la sobrecarga de trabajo, incluso a riesgo de su salud». Si bien el Colegio «valora positivamente las mejoras» y reconoce la reducción de las listas de espera tras «una larga etapa de incumplimiento de la normativa por parte del Gobierno regional», las medidas planteadas en el pacto «se consideran insuficientes».
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