¿Cómo resolver la sobrecarga financiera asociada al pago de la vivienda?

El acceso a la vivienda y la carga que su coste supone para los hogares españoles se ha consolidado desde hace años como uno de los problemas económicos y sociales más profundos de nuestro país. Especialmente si se pone el foco en la vivienda en alquiler, cuyo pago, para casi la mitad de la población en régimen de arrendamiento, supone destinar más del 40% de los ingresos mensuales.

En España, el 9,5% de la población sufre sobrecarga financiera asociada al pago de la vivienda: destina a este fin más del 40% de sus ingresos. El dato es muy similar al de la media de la Unión Europea. De media, según los datos de la OCDE, de 2018, los hogares españoles emplean en el pago de la vivienda más del 24% de sus ingresos mensuales, frente al 20% de media en la UE.

Sin embargo, en lo relativo a los hogares en alquiler, los datos son descorazonadores. Alrededor del 47% sufre sobrecarga financiera, una situación que solo se muestra peor en cuatro países de la Unión Europea: Grecia (89%), Bulgaria (60%), Rumanía (54%) y Luxemburgo (52%).

Estas son algunas de las cifras que arroja el documento España 2050: Fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo, elaborado por la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, que analiza algunos de los problemas y retos más acuciantes de la sociedad española en la actualidad.

Según el informe, las explicaciones a esta coyuntura hay que buscarlas en la escasa oferta de inmuebles en alquiler, que contrasta con el aumento experimentado en la demanda en los últimos años, y en el escaso parque de viviendas sociales: solo el 2,5% del total de viviendas principales está destinado al alquiler social, un porcentaje que supera el 20% en países como Austria, Dinamarca o los Países Bajos.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que realiza sus estadísticas sobre el total de inmuebles, el stock de viviendas sociales en España es más reducido, del 1,1%, solo superior a los de Estonia, Lituania y República Checa.

Precisamente, el organismo que reúne a 38 de las mayores economías del mundo ha hecho públicas recientemente sus recomendaciones a España en materia de accesibilidad a la vivienda en el informe Brick By Brick. Building Better Housing Policies. En opinión de la OCDE, la hoja de ruta de España debe pasar por el aumento de la inversión en vivienda social, que además debe destinarse al alquiler, contrariamente a las políticas de vivienda que en las últimas décadas han primado, y siguen primando, los inmuebles en propiedad.

El aumento del parque de vivienda social es uno de los objetivos que se ha marcado el Gobierno de España en su Plan 2050, que incluye «incrementar la disponibilidad de la vivienda pública y social a través de la compra de viviendas en edificios y comunidades ya consolidadas, la rehabilitación o la construcción de nuevas viviendas». Entre las metas que se marca el plan se encuentra la reducción de la tasa de sobrecarga financiera asociada al pago de la vivienda del 9,5% actual al 8% en 2030, el 6,5% en 2040 y el 4,5% en 2050.

A juicio de la OCDE, la solución no pasa por una mayor regulación de los alquileres, que puede desalentar la oferta. El análisis es similar al que realiza el Fondo Monetario Internacional (FMI), que considera que no existen datos que evidencien que el control de precios haya desembocado en alquileres más económicos, y que cree por el contrario que puede generar una reducción de la oferta y beneficiar únicamente a los actuales inquilinos.

Sin embargo, lo que sí recomienda el FMI es penalizar a los propietarios de pisos vacíos, una medida que según destaca sí ha demostrado tener resultados positivos. En esta alternativa ya trabaja también el Gobierno vasco, que se encuentra creando en la actualidad un Registro autonómico de Viviendas Deshabitadas como primer paso para imponer multas a aquellos propietarios que cuenten con inmuebles desocupados (a excepción de las segundas residencias y otras circunstancias) y recurrir a la expropiación temporal.

Ambas medidas son utilizadas desde hace años en países como el Reino Unido, Francia y Alemania. Los berlineses, precisamente, decidirán el próximo 26 de septiembre si dan un paso más con la votación en referéndum de la iniciativa Deutsche Wohnen & Co enteignen. La medida propone la enajenación de 240.000 viviendas propiedad grandes tenedores y revertir así la venta de vivienda pública que comenzó en la ciudad hace dos décadas, ante la subida de los precios de los arrendamientos en una capital europea en la que alrededor del 85% de la población vive en régimen de alquiler.

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