El BCE avisa de que el gasto en pensiones marca récords y pide acelerar los cambios en el sistema

Grupo de jubiladas. /R. C.
Grupo de jubiladas. / R. C.

Advierte de que seguirá creciendo en países como España si no aprueban reformas para atajar el envejecimiento y el déficit acumulado

José María Camarero
JOSÉ MARÍA CAMAREROMadrid

El Banco Central Europeo (BCE) ha encendido las señales de alarma en torno a las finanzas públicas por el coste que tienen las pensiones. No es la primera vez que lo hace, pero sí con una dosis de insistencia al dirigirse a los países que más pueden sufrir por esta partida presupuestaria. «El efecto será especialmente acusado» en aquellos Estados que tienen sistemas públicos de pensiones de reparto; así como aquellos en los que hay un elevado envejecimiento. Sin nombrarlo directamente en su boletín económico, el BCE ha señalado a España, entre otros, por ambas realidades.

El informe de la institución monetaria también apunta al caso español al recordar «el gasto en pensiones registra máximos históricos en varios Estados miembro». De hecho, la Seguridad Social alcanzó en julio otro récord mensual más con una nómina de pensiones superior a los 9.662 millones de euros, un 7% más que en el mismo mes del año anterior. El propio Ministerio de Trabajo estimaba en el proyecto de Presupuestos del Estado para 2019 un gasto de 151.492 millones, la cifra más alta de toda la historia, un 10,8% del PIB.

Ante este tipo de situaciones, el BCE avisa de que «si no se emprenden reformas» en el sistema, el gasto «seguirá creciendo en muchos países» durante los próximos años, haciendo insostenible las cuentas de la Seguridad Social. El organismo presidido por Mario Draghi explica que una de las causas de que se dispare esa factura será el progresivo envejecimiento de la población. Aunque ya es un problema, será aún más profundo «cuando la generación del 'baby boom' se jubile, es decir, en torno al año 2040 en algunos países de la zona del euro, pero más tarde en otros», añade el informe.

El BCE señala que serán los países en los que predominan los sistemas públicos de jubilación los que más sufrirán el incremento de la edad media de la población, dos factores –el del sistema casi exclusivo de reparto y el del envejecimiento– que atañen especialmente a España. Esta circunstancia «suscitará problemas de equidad intergeneracional» ya que la proporción de cotizantes por cada beneficiario (fundamentalmente jubilado) no solo está disminuyendo. Además, «estimaciones recientes sitúan los compromisos acumulados hasta la fecha de la Seguridad Social en más del 200% del PIB en la mayoría de los países», indica.

Hasta julio, en España había 2,2 trabajadores por cada pensionista, una ratio que se ha incrementado en los últimos meses con la recuperación económica, pero que resulta insuficiente para evitar el déficit del sistema, con un descuadre esperado de 16.000 millones este año, según la AIReF.

Por todo ello, el BCE recomienda actuar a los respectivos gobiernos de cada país. Y lo hace de forma muy específica al aconsejar, por ejemplo, que «no se reviertan las reformas que promueven la sostenibilidad de los sistemas». En el caso de España, las dos últimas reformas (la de 2011, del PSOE, y la de 2013, del PP) han sido puestas en dudas por algunos partidos ante lo que consideran la necesidad de deshacer ese camino, algo con lo que el BCE se muestra contrario.

Sin Pacto de Toledo a la vista

Además, el banco central entiende que «muchos países necesitan constituir colchones fiscales» para afrontar mejor el futuro de los sistemas de pensiones. También precisan «emprender cuantas reformas sean necesarias para reforzar sus mecanismos nacionales». La recomendación llega con el Pacto de Toledo empantanado en el Congreso después de que la comisión que trabaja en la reforma del sistema encallara en sus recomendaciones en marzo, poco antes de que se disolvieran las Cortes para afrontar las elecciones generales del 28 de abril.

En ese mismo informe, el BCEafronta el incremento que también registrarán todas las partidas presupuestarias vinculadas a la sanidad, por el propio envejecimiento de la población. Anticipa que esa circunstancia conducirá «a un aumento del gasto sanitario y a una disminución de la oferta de trabajo, del crecimiento y de la innovación».

El gasto social ha crecido de forma continuada desde 2011 en todos los países del área del euro, aunque en los años de la crisis mostró cierta dosis de volatilidad. En 2017 supuso un 70% del gasto público total y un tercio del Producto Interior Bruto (PIB) de la zona euro, con un desembolso de unos 3,5 billones de euros en ese año.