Iceta planea cesar interinos tras tres años en la misma plaza

El Gobierno sigue dándole vueltas a las fórmulas que puede aplicar para reducir la elevada temporalidad laboral que existe en todo el sector público y rebajarla del 30% actual al 8%, que es su objetivo en tres años. Dentro de los diferentes planteamientos incluidos en los borradores comunicados a los sindicados, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública abre la puerta a que una Administración no pueda prorrogar el trabajo de un interino que lleve ya tres años en ese mismo puesto.

Con esta propuesta se busca evitar el estancamiento de la eventualidad. Esta idea excluye a los eventuales que ya estén ocupando una plaza en estos momentos y no incluye ningún derecho a indemnización para los hipotéticos futuros cesados. De esta forma, su Administración quedaría exenta de responsabilidad por la política de planificación de recursos humanos.

Según se desprende del borrador de la reforma del artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público, al que ha tenido acceso este diario, también se fija que «transcurridos tres años desde el nombramiento del interino se producirá su cese sin que pueda cubrirse esa vacante en el plazo de un año». De esta forma, según el texto, el personal interino no obtendrá el reconocimiento de la carrera profesional hasta que adquiera la condición de funcionario de carrera.

En el caso de que el personal funcionario interino, tras la superación del correspondiente proceso selectivo, adquiera la condición de personal funcionario de carrera, se procederá al reconocimiento periodo de interinidad previo. Sería a efectos de carrera profesional y en los términos de las leyes de función pública que desarrollen el Estatuto.

El propio Iceta puso ayer en valor la coordinación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos para lograr situar la tasa de interinidad en la Administración por debajo del 8% en el horizonte del 2024. «Este Gobierno se compromete a estabilizar en el horizonte de 2024 a más de 300.000 personas», subrayó ayer en el Congreso, donde volvió a recalcar la idea de situar la tasa por debajo del 8%, sobre todo en determinadas comunidades autónomas donde la eventualidad es muy amplia.

El ministro presentó ayer las orientaciones para actualizar y reformar los procesos selectivos en la Administración General del Estado -esto es, las históricas oposiciones-, que irán introduciéndose de forma gradual. Los expertos consultados por el Ejecutivo coinciden en la necesidad de «reducir los procesos selectivos a la mitad de tiempo, recortar las pruebas de memorización, potenciar las prácticas y también la promoción interna».

Por su parte, la directora general de Función Pública, anunció sobre este asunto que ya la convocatoria de más de 10.200 plazas prevista este viernes en la Administración estatal comenzará la agilización de las oposiciones. «Se introducen -dijo- cambios que acortarán sensiblemente los plazos, por ejemplo, con la realización de los exámenes teórico y práctico el mismo día».

Se implementará también una planificación plurianual y una visión estratégica de la Oferta de Empleo Público. «A partir de 2022, cada mes de enero se publicará el calendario de procesos selectivos que se convocarán en el año, con estimación del número de plazas, inicio de las pruebas y duración», anunció Iceta. El proceso de oposición reducirá la duración, que se prolonga en ocasiones hasta 772 días, gracias al uso de tecnologías de la información.