La experiencia de los interinos pesará hasta un 40 por ciento en las oposiciones

Luz verde a la reforma para regularizar la situación de más de 300.000 interinos de las distintas administraciones públicas, de los que 15.000 son murcianos. Tras semanas de negociaciones, el Ministerio de Miquel Iceta, comunidades y sindicatos acordaron ayer por la tarde las pautas que regirán «un nuevo proceso de estabilización» con el que se pretende reducir la temporalidad en el sector del 30% actual al 8% en apenas tres años. El texto llega hoy al Consejo de Ministros para su visto bueno definitivo con algo de retraso, provocado por el rechazo de algunas autonomías al mismo. Al fin y al cabo, son las principales afectadas al concentrarse la mayor temporalidad en servicios gestionados por ellas, como la sanidad o la educación.

Así, al menos 15.000 trabajadores de la Región pueden verse involucrados por esta medida. Destacan los 7.000 del Servicio Murciano de Salud (SMS), que ha incrementado sus plantillas con contratos eventuales para afrontar la pandemia. El porcentaje de temporalidad en el SMS oscila entre el 30% y 35%, según CC OO.

Les siguen los docentes interinos, que oscilan entre 5.000 y 6.000 (1.500 fueron contratados el pasado otoño a raíz de la pandemia), según los sindicatos de enseñanza. Administración y servicios públicos suman otros 1.660. A todos ellos hay que sumar cientos de eventuales en los ayuntamientos.

El objetivo es que, a través de procesos de concurso-oposición, esas 300.000 plazas sean fijas antes del 31 de diciembre de 2024. Para ello, se autoriza una tasa adicional y, por primera vez en la historia de la oferta de empleo público, se valorará la experiencia adquirida en el puesto con hasta un 40% sobre el cómputo global, una de las principales reclamaciones de los interinos. Los temporales que no superen este proceso podrán acceder a nuevas bolsas de trabajo que pondrán en marcha las administraciones, similares a las que rigen en algunos sectores como la educación. Los procesos selectivos irán unidos a procedimientos de movilidad y promoción interna de los funcionarios de carrera.

Aquellos que no pasen la prueba y no consigan hacerse con la plaza que están ocupando, también recibirán una indemnización de 20 días por año de servicios, con un máximo de 12 mensualidades, tanto si son funcionarios interinos como personal laboral. En este último caso, la 'compensación' consistirá «en la diferencia entre el máximo de 20 días y la indemnización que le correspondiera percibir por la extinción de su contrato, prorrateándose por meses los periodos inferiores a un año, hasta un máximo de doce mensualidades».

Aunque el texto marca algunas excepciones en las que se podrá mantener trabajadores eventuales (por ejemplo, cuando exista un exceso de trabajo, con un plazo máximo de nueve meses), los sindicatos han aplaudido el acuerdo. Desde CC OO destacan que «se ha conseguido que se incluya la indemnización como medida compensatoria, sancionadora y disuasoria para que las administraciones cumplan». La misma idea lanzan desde la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CESIF), al considerar que el acuerdo «ofrece seguridad jurídica e incorpora medidas disuasorias y sancionadoras para acabar con el abuso en la temporalidad».

Las partes firmantes fijarán un calendario en septiembre de 2021 para materias como la promoción interna o la movilidad, con una comisión de seguimiento.

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