El juez imputa a BBVA en el 'caso Villarejo' por cohecho, corrupción y revelación de secretos

Sede del BBVA en la Gran Vía de Bilbao./Luis Ángel Gómez
Sede del BBVA en la Gran Vía de Bilbao. / Luis Ángel Gómez

Asume el criterio de la Fiscalía, que había pedido que el banco fuera investigado por el supuesto espionaje encargado al excomisario

José María Camarero
JOSÉ MARÍA CAMAREROMadrid

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha elaborado un auto en el que imputa a BBVA como persona jurídica dentro del caso por el que se investigan los trabajos de supuesto espionaje encargados al excomisario José Manuel Villarejo por parte de la entidad cuando estaba presidida por Francisco González. Lo hace achacándole los delitos de cohecho,descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios.

De esta forma, BBVA aparece dentro de la lista de investigados, entre los que la Audiencia Nacional ya había acordado incluir a varios directivos y exdirectivos de la entidad financiera en el marco de la pieza separada 9, conocida como 'Operación Tándem', que instruye hasta dónde llegaron los contratos con la empresa de seguridad Cenyt, vinculada al policía Villarejo, ahora en prisión.

Entre ellos se encuentra el exconsejero delegado del grupo entre 2009 y 2015, Ángel Cano; el exjefe de seguridad de la entidad, Julio Corrochano, en libertad bajo fianza de 300.000 euros;la sustituta de Corrochano, Inés Díaz Ochagavia; el jefe de grupo en el equipo de Seguridad del banco Nazario Campo Campuzano; y el director de Red Banca Comercial en la entidad Ignacio Pérez Caballero, entre otros.

Todos los hechos se remiten al año 2004, cuando el expresidente de BBVA, Francisco González, habría encargado a Cenyt una serie de seguimientos físicos y telemáticos contra empresarios, políticos y periodistas para evitar el desembarco de otros grandes accionistas en la entidad, como la constructora Sacyr, cuyo presidente era entonces Luis del Rivero. Por ahora, González no está imputado en la causa.

La decisión del magistrado llega apenas cinco días después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara esa imputación para así dejar zanjada la cuestión incluso antes de tomar vacaciones, como apuntan fuentes judiciales. Existía la posibilidad de que el auto fuera remitido a la vuelta del verano ante la premura de los plazos en este final de mes, aunque finalmente todos los tiempos se han acelerado.

Pagos «ilícitos»

En el auto el juez hace suyos prácticamente todos y cada uno de los postulados que el ministerio fiscal había exigido en su informe la semana pasada. La Fiscalía Anticorrupción había llegado a la conclusión de que se acreditaría la contratación y los pagos «supuestamente ilícitos» a la compañía de seguridad por parte de la entidad financiera, en una operación que además «afectó a varias áreas sensibles» de la entidad así como a «diversos ejecutivos» durante un «prolongado periodo».

Las escuchas habrían proseguido, una vez anulada la operación de Sacyr, con fines similares hasta casi el final de la presidencia de González, quien renunció al cargo a finales del año pasado para dejar paso al actual presidente, Carlos Torres, consejero delegado desde 2015.

Anticorrupción sostiene en su escrito que esas contrataciones perseguían realizar «múltiples servicios de inteligencia» así como de «investigación de naturaleza patrimonial y carácter ilícito», en lo que considera que habría implicado una «reiterada injerencia en los derechos fundamentales de las personas» espiadas con «seguimientos personales y acceso a sus comunicaciones» e incluso a su «documentación bancaria»; esto es, delitos de descubrimiento y revelación de secretos.

Además, el escrito fiscal daba un paso más allá y extiende la duda sobre una parte de los responsables que han pasado por BBVA en los últimos años. Considera que «alguno de los directivos investigados habría percibido dádivas del entorno de Cenyt» por la facilitación de todas esas contrataciones. Hasta ahora se desconocía esta posibilidad, incluida en el escrito, cuyo contenido incorpora detalles que describen acciones «indiciariamente» ligadas a la relación que habrían mantenido los ejecutivos con Villarejo, apuntan fuentes jurídicas.

Será con el levantamiento del secreto del sumario cuando se conozcan todos los detalles de la investigación de García Castellón, quien ha rechazado la petición de BBVA de personarse como perjudicado.

Antes de presentar resultados

El presidente de BBVA, Carlos Torres, se ha pronunciado tras la imputación de BBVA en el 'caso Villarejo' para recordar, como en anteriores ocasiones, que la «prioridad» del banco es «el esclarecimiento de los hechos y la colaboración con la justicia». Torres ha recordado que, por ahora, «la condición de investigado no implica la acusación formal por ningún delito». El auto del juez ha llamado a las puertas del banco dos días antes de que presente sus resultados semestrales ante analistas y medios. Será el consejero delegado, Onur Genç, quien responda públicamente.

La Fiscalía retira la fianza al cargo que contrató a Cenyt

El mismo día en el que el juez del 'caso Villarejo' ha imputado al banco en la causa por los delitos de cohecho, corrupción y desvelación de secretos, la Fiscalía Anticorrupción retiraba la petición que había hecho la semana pasada para que fijase una fianza de medio millón de euros al que fuera jefe del Área de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias de BBVA, Antonio Béjar, para eludir prisión.

El cambio de criterio del Ministerio Público llegaba después de las tres horas de declaración del exdirectivo, que el pasado viernes también fue cesado de su cargo como presidente de Distrito Castellana Norte (la conocida como 'Operación Chamartín' en Madrid). En cualquier caso, el juzgado sigue investigando la supuesta orden que dio Berjar en junio para que Distrito Castellana Norte destruyera la documentación relacionada con los contratos de Villarejo y la entidad, una circunstancia que todavía no se encuentra clarificada.

La situación laboral de Béjar puede suponer otro problema para BBVA, porque su contrato con el banco le faculta para reanudar su relación laboral en la entidad, tras su paso por Castellana Norte, donde accedió de la mano del propio banco. Ahora, la corporación «está valorando la situación» para determinar si finalmente le permite reincorporarse «en aplicación de sus políticas y procedimientos laborales»; u opta por un despido para evitar tener al directivo imputado trabajando dentro del propio banco.

En su comparecencia ante el juez Manuel García Castellón, Antonio Béjar le avanzó que tenía la intención de aclarar toda su implicación en la presunta contratación por parte de BBVA al excomisario José Manuel Villarejo de los trabajos que supuestamente fueron de espionaje. Tras las aportaciones realizadas al caso, los fiscales optaron por retirar la petición de fianza para eludir prisión preventiva.

La primera declaración de Béjar fue el 4 de julio, cuando reconoció que la empresa Cenyt estuvo contratada como proveedora de su departamento entre 2010 y 2013 para localizar morosos. En cualquier caso indicó que desconocía que esa sociedad fuese propiedad del comisario ya jubilado, y ahora en prisión.

Además, Antonio Béjar recalcó que durante este tiempo que trabajó para la entidad financiera siempre actuó conforme a las normas legales y a los códigos internos del banco, que a su vez se ajustaban a una estricta legalidad.