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Cristina Herrero, presidenta de la AIReF, en una comparecencia en la Comisión de Hacienda del Congreso Archivo
La AIReF no se ve capaz de evaluar el uso de los fondos europeos

La AIReF no se ve capaz de evaluar el uso de los fondos europeos

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal establece como una de sus prioridades el análisis de las consecuencias que puede tener sobre las cuentas públicas la ejecución de los avales del ICO por impagos de sus beneficiarios y requiere información sobre ello a la Administración

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Viernes, 25 de septiembre 2020, 13:54

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Los organismos independientes de evaluación de cada país tendrán la misión, según marca Bruselas, de analizar los planes de inversiones y reformas que elaboren como propuesta para poder recibir los fondos aprobados en el Consejo Europeo del pasado mes de julio y que ascienden a un total de 750.000 millones de euros entre transferencias y préstamos. España percibirá alrededor de 140.000 millones de euros en total. Y la institución que debería realizar las labores de evaluación tendría que ser la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Fuentes de la AIReF afirman que «no visualizan que ninguna institución en solitario pueda efectuar una evaluación de los planes» que diseñe el Gobierno con los programas en los que prevé invertir los recursos comunitarios. Además, precisan que la AIReF sola no tendría capacidad suficiente para abordar esa tarea.

Fuentes del organismo han argumentado que el problema fundamental que impide pensar en que la AIReF en particular o cualquier otra institución en general pueda efectuar en solitario la evaluación del programa español de reconstrucción ligado a los fondos europeos reside en que se tratará de un documento muy complejo que abordará materias muy diversas: transformación digital, transición ecológica o medidas en el ámbito laboral. Por ello, se considera imposible que alguien pueda contar con conocimientos amplios de todos esos temas.

Tambien se interpone en la capacidad de realizar esa labor una cuestión de plazos: España tiene que presentar un borrador del plan de inversiones y reformas en el mes de octubre y ya a partir de enero y hasta abril, un documento más detallado. «Existe un problema de recursos y también de tiempo», señalan desde la institución, para acto seguido puntualizar que la Comisión Europea marca que los organismos de cada país tienen que evaluar las reformas, pero ello no tiene que significar que tenga que ser exclusivamente la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal la encargada de hacerlo.

En todo caso, fuentes del organismo han defendido que la AIReF sí podría realizar evaluaciones de líneas de actuación concretas en que se puedan apoyar las tomas de decisiones finales. Y, además, en general, considera convenientes las evaluaciones de los programas que se incluyan en el plan que presente el Gobierno.

Este viernes, ha tenido lugar la presentación del plan estratégico de la AIReF para el periodo 2020-2026. Algunas de sus prioridades para estos años pasan por el análisis de cuestiones medioambientales, «en las que tenemos margen de recorrido y mejora, según la Comisión Europea», según las mismas fuentes; además, la institución analizará los efectos del envejecimiento de la población en lo que afecta a sanidad y pensiones; así como el sistema de dependencia. También ocupará un lugar especial en sus análisis la evaluación del gasto sanitario, dado que varias comunidades autónomas han pedido estudios particulares sobre la cuestión, así como respecto al sistema educativo.

Aunque la AIReF insiste en la necesidad de analizar las consecuencias en el déficit de los créditos concedidos con el aval del ICO para hacer frente a la pandemia. Se trata de los que denomina «pasivos contingentes», es decir, de una serie de préstamos que no tienen efecto inmediato en el déficit y en la deuda, pero que pueden tenerlo en el caso de que quien ha recibido el crédito no pueda devolverlo, lo que llevaría a que se tuviera que ejecutar el aval del que, en este caso, es titular el Estado.

La AIReF ha pedido a la Administración que le dé información, no ya de la cuantía, puesto que es una cifra conocida -los dos programas de avales puestos en marcha por el Gobierno ascienden a un total de 140.000 millones de euros-, sino del riesgo de que algunas de las operaciones financieras vinculadas a esos avales y que no cuentan todavía como déficit pasen a ser operaciones no financieras y contribuyan a engordar el descuadre presupuestario que se espera para éste y próximos ejercicios.

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