La AIReF denuncia la entrega de 14.000 millones al año en subvenciones públicas sin evaluación

José Luis Escrivá, presidente de la AIReF./Efe
José Luis Escrivá, presidente de la AIReF. / Efe

El organismo ritica que hasta el 10% de su importe se pierde en costes de gestión y propone un régimen sancionador para los beneficiarios que no cumplen con los requisitos

Edurne Martínez
EDURNE MARTÍNEZMadrid

En España se otorgaron casi 14.300 millones de euros en subvenciones en el año 2017 a través de unas 30.300 convocatorias. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) hizo público este lunes su primer 'Spending Review' o análisis de las cuentas públicas, donde han puesto el foco en la planificación estratégica de estas subvenciones.

Las conclusiones no son muy positivas, ya que el organismo presidido por José Luis Escrivá detecta una «falta de vinculación» entre las políticas públicas, los presupuestos y las estrategias que se siguen con los 14.300 millones, además de una «falta de transparencia» en la rendición de cuentas por la poca eficiencia de las administraciones públicas en este ámbito. En este sentido, la AIReF pide una modificación de la Ley General de Subvenciones que «clarifique» su ámbito de aplicación e impulsar las conferencias sectoriales como órganos especializados.

Es la primera vez que se realiza este estudio de revisión del gasto público en España, una «gran carencia» en nuestro país hasta ahora, según la opinión del presidente del organismo. Y es que aunque hay un control de «legalidad», hay una «escasísima evaluación de resultados». Considera que hay un «extraordinario margen de mejora» en la gestión del gasto público, que llega al 40% del PIB en España, por lo que es «importante» revisarlo.

Consideran que pueda haber duplicidades porque no hay «transparencia» suficiente para elaborar un «mapa del dinero» en las ayudas en España

Como no existe una definición única de subvención, la utilizada por el organismo en este primer proyecto se centra en las ayudas definidas en la Ley General de Subvenciones, por lo que del total de 30.000 millones del 'Spending Review', este primer punto se basa en los 14.300 millones de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, donde hubo más de un millón de beneficiarios con datos de 2017.

Entre sus conclusiones, el informe sostiene que del 5% al 10% del importe concedido se destina a costes de gestión del propio procedimiento subvencionador, lo que pueden suponer hasta 1.400 millones de euros. Desde la AIReF reiteran en estos casos la «falta de transparencia» y de «vinculación» entre el control que se realiza al otorgar la subvención y su reintegro en caso de que no le corresponda.

Régimen sancionador

Por ello, pide la implantación de una cultura sancionadora. El organismo sostiene que debido a la caducidad de los procedimientos, no se consigue el reintegro ni se producen sanciones en caso de que no corresponda la subvención. «Una subvención es un compromiso que exige cierto comportamiento del beneficiario y si no está cumpliendo tendría que haber un reintegro y unas sanciones», aseguran fuentes de la AIReF. Sin embargo, en la práctica es el gestor quien tiene que pedir el reintegro, pero suele caducar y «como mucho» lo que se logra es el reintegro de la ayuda, pero nunca una sanción.

Es más, consideran que «es posible» la existencia de duplicidades en las subvenciones porque no se ha podido elaborar un 'money map' o 'mapa del dinero' de las ayudas en España por la falta de transparencia e información en este ámbito. «Nunca se ha puesto el acento en la eficiencia de las administraciones públicas», explican. Por ello, hay veces en las que se pueden observar ciertos patrones que «sorprenden» porque hay algunos beneficiarios que reciben varias subvenciones de varias administraciones, pero hasta ahora no se puede realizar su trazabilidad. «Hay que exigir que la Administración Central además de cumplir la ley, sea eficiente a la hora del reparto de los recursos públicos», señalan las mismas fuentes.

Conferencias sectoriales

Avisan además de que la coordinación entre administraciones es «ampliamente mejorable» porque a pesar de que hay un número elevado (40 conferencias sectoriales) hay «pocas reuniones», centradas además en el reparto del dinero más que en las políticas concretas. Más allá, al ser tan heterogéneras hay un intercambio «muy limitado» de información. La AIReF propone que estas conferencias sectoriales sean una red especializada y la creación de un secretariado técnico formado por especialistas en la materia.

Desde el organismo aseguran que Murcia, Navarra y Cataluña son las comunidades que presentan un mejor plan estratégico, con indicadores de seguimiento de objetivos en detalle. Le siguen Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Baleares.

Este primer estudio sirve de marco de referencia para los otros seis de la primera fase, que analizan 30.000 millones en subvenciones distribuidas en ámbitos como el del gasto farmacéutico no hospitalario (11.000 millones), políticas activas de empleo (6.000 millones), becas universitarias, ayudas a la investigación, apoyo al sector industrial y el servicio postal de Correos.