UMU, UPCT y Croem alertan de que el Estatuto del Becario puede retraer las prácticas y tensionar el mercado

Las universidades comparten el objetivo de proteger a los estudiantes de las situaciones de fraude, es decir, de aquellas prácticas en las que los estudiantes en lugar de formarse están trabajando ahorrando costes laborales. «Por eso estamos de acuerdo en que se limiten y se regulen cuestiones como los tutores, el plan formativo, se revisen las horas y los derechos de los estudiantes...», explica Alicia Rubio, vicerrectora de Estudiantes de la UMU.

«En lo que no estamos de acuerdo es en que se reduzcan las horas de las prácticas extracurriculares, y tampoco en que se establezca una compensación monetaria que supone una gran carga para las empresas definida de forma laxa. La oferta de prácticas curriculares está ya muy tensionada para que la tensionemos más. La UMU tampoco tiene presupuesto para hacerse cargo de la medida», asegura. En la misma línea, el rector de la UPCT asume las críticas de la CRUE, y denuncia que aunque aporta avances, «genera dudas sobre su viabilidad económica».

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La patronal Croem también advierte, en consonancia con la CEOE, de que «estas restricciones, junto a la falta de desarrollo del contrato formativo desde la reforma laboral de 2021, podrían perjudicar gravemente la inserción laboral de los jóvenes».

Desde UGT, al contrario, defienden que «el estatuto consigue al fin acabar con la figura del 'falso becario' y dar paso a un modelo que prioriza la formación real y los derechos. Esta primera aprobación continúa la estela de protección y avance en derechos de las personas becarias», aseguran.