«Las medidas del Gobierno en materia laboral están pendientes de digestión»

Federico Durán. / . VICÉNS / AGM
Federico Durán. / . VICÉNS / AGM

El registro de horarios, la subida del SMI, las cláusulas de jubilación obligatoria y el aumento de cotizaciones «se han adoptado sin el poso y la reflexión suficiente»

Zenón Guillén
ZENÓN GUILLÉN

Federico Durán (Cádiz, 1950), 'Of Counsel' de Garrigues -jurista colaborador- participó hace unos días en Murcia en la jornada sobre nuevas obligaciones laborales para las empresas. Para este catedrático de Derecho del Trabajo, que presidió el Consejo Económico y Social (CES) en los años 90, «el ajuste de los costos laborales acontecidos estos años es una vía perversa desde el punto de vista social, pero el problema está en la rigidez normativa que obliga a las empresas a acudir a lo más fácil, que es ajustar sus necesidades productivas a través de la extinción de contratos y la depreciación salarial».

-Muchas voces insisten en que es el momento de subir los salarios.

-Creo que el ajuste con la crisis ya se ha producido y es la hora de recuperarlos. A qué ritmo y a qué nivel, no lo sé, pero se deberá afrontar empresa por empresa, según sus circunstancias, sin establecer planteamientos sectoriales muy amplios.

-¿Por qué dice usted que los empresarios tienen que prepararse para un repunte de los costes laborales?

-Es que las iniciativas impulsadas por el Gobierno en el ámbito laboral -subida del SMI, cláusulas de obligatoriedad de jubilaciones en convenios, registro de horarios...- están todavía pendientes de digestión, así que no sabemos qué consecuencias tendrán. Y yo no defiendo costos laborales reducidos, pero sí que debemos ser conscientes de la magnitud del problema, ya que cualquier incremento en este ámbito es un incentivo para la sustitución de trabajo por capital. Es así.

-Pero el auge tecnológico influye.

-Hay una tendencia a sustituir mano de obra por mecanismos automatizados en la medida que sea posible, porque si se encarece un factor de producción existe una tendencia a buscar otros que abaraten el costo. De ahí que estemos ante un problema social complejo, ya que todos queremos salarios del primer mundo pero precios del tercer mundo. Y eso es imposible.

-¿Considera que hay una estrategia de contentar a los sindicatos?

-Está claro que las organizaciones sindicales están en un escenario político más cómodo y proclive para ello, por lo que han tenido más facilidad para marcar la agenda en algún sentido y, por ejemplo, el registro de jornada es evidente que tiene un origen de exigencia sindical. Lo que pasa es que, tras recogerla, luego el Gobierno la ha matizado. Y eso, precisamente, es lo que refleja su dificultad, ya que esta normativa tiene en sí la contradicción de la exigencia pura y dura del registro de jornada y los matices de adaptabilidad del artículo.

-En relación a la subida del salario mínimo, desde la OCDE no se ha apreciado un impacto negativo.

-Si eso es así, estupendo, aunque muchos economistas han alertado de las consecuencias. No obstante, ojalá el aumento del salario mínimo sea absorbido sin efectos negativos.

-Pero su crítica a las políticas laborales del Gobierno parece una enmienda a la totalidad.

-Más que una enmienda a la totalidad, creo que son medidas que se han adoptado de una forma precipitada y sin el poso y la reflexión suficiente. Prueba de ello es que han sacado adelante mediante decreto-ley, que es una fórmula a la que solo se debe recurrir en circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad. Y aunque es verdad que se pueden desarrollar e interpretar, son iniciativas poco maduradas en general.

-¿Existe temor entre los empresarios a esa nueva normativa de control de horarios? ¿Habrá sanciones?

-Puede sufrir mucho la seguridad jurídica porque no está clara la tipificación de las posibles infracciones, por lo que creo que confiar continuamente en la política sancionadora y represiva para afrontar los problemas laborales no es una buena vía.

-Pero es innegable que en el mercado de trabajo español se hacen muchas horas extras y no se pagan.

-Que hay en España horas extras que se hacen y no se pagan no me cabe ninguna duda. Otra cosa es que sean en el volumen que se dice. No lo sé, porque quién lo controla. Es cómo cuando se dan datos de economía sumergida, algo tan difícil de calcular. Por eso no se puede luchar con medidas ineficientes. Por ejemplo, una de las vías de fraude más habituales son los contratos a tiempo parcial cuando luego la jornada es a tiempo completo. Para esa modalidad el registro de jornada ya venía establecido. Por tanto, si este fuera un instrumento eficaz para evitar el fraude ya lo habría hecho, pero no ha ocurrido así.

-¿No cree que el registro de jornada vaya a acabar con el fraude?

-Pienso que se ha adoptado una medida excesivamente generalizante pensando que va a tener consecuencias en contra del fraude, pero si miramos lo que ha ocurrido con los contratos a tiempo parcial vemos que no ha tenido esa eficacia. Aparte, ya existía un registro para las horas extras y, sin embargo, también se ha producido fraude, por lo que no podemos pensar que las cosas se solucionan fijando obligaciones.

-Lo que parece más complicado es resolver la ecuación entre población activa y personas jubiladas. ¿Cómo se debería afrontar?

-Las pensiones deberían sacarse de un debate político que se presta a la demagogia y a medidas cortoplacistas, que son el mayor peligro para la sostenibilidad del sistema. No podemos estar continuamente con la anticipación de la edad de jubilación. Hay que buscar que se acerque a los 70 años porque una persona, hoy en día, puede estar en plena capacidad productiva a esa edad. Aunque hay sectores donde eso es imposible.

-En cuanto a la exigencia de planes de igualdad, ¿cómo se afronta?

-Hay situaciones heredadas del pasado que exigen políticas correctoras, lo que pasa es que estas no pueden establecer medidas como si fuera la entrada de un elefante en una cacharrería. Por ello, creo que no tiene sentido que haya planes de igualdad en empresas de más de 50 trabajadores, tal como sucede en general en Europa. Entonces, dimensionemos un poco a la realidad del mundo empresarial las obligaciones que se establecen. Además, la igualdad no se debe usarse para la confrontación sindical.

-No le veo muy convencido.

-Sin duda alguna, es válida la discriminación positiva que privilegia a la mujer que se encuentra en una situación de desigualdad, pero es en sí misma una discriminación, y por ello debe ser adoptada con una serie de cautelas y estableciendo garantías.