Fecoam pide indemnizaciones y ayudas adecuadas a los daños por catástrofes naturales

Las lluvias dejaron numerosos desperfectos en muchas localidades de la Región de Murcia. / ANTONIO GIL / AGM
Las lluvias dejaron numerosos desperfectos en muchas localidades de la Región de Murcia. / ANTONIO GIL / AGM

El Consejo Rector de la federación traslada a las administraciones la necesidad de contemplar todas las situaciones de agricultores y ganaderos para cubrir las necesidades reales del sector tras el pasado temporal

CRISTINA HEREDIA

Tras las pasadas inundaciones y riadas ocasionadas por los episodios de la DANA que afectaron a la Región de Murcia hace unas semanas, el Gobierno publicó un real decreto ley con medidas urgentes para paliar los daños causados por este tipo de temporales y situaciones de catástrofes naturales. Desde la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), afirman que dichas ayudas tienen carencias importantes que dejan sin cobertura pérdidas sufridas en ciertos casos en el sector agropecuario regional.

Por esta razón, han enviado un documento con diferentes demandas para que sean consideradas en la elaboración de la Orden Reguladora del decreto ley o, si es posible, para la modificación del decreto ley a tal efecto.

El Consejo de Ministros acordó declarar como «zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil» a las provincias y comunidades autónomas que han sufrido temporales, inundaciones, incendios forestales y otras catástrofes naturales desde el pasado 1 de abril.

Solicitan que se contemplen los desperfectos en infraestructuras y puntos de acceso a las parcelas de cultivo

Así, esta declaración se ha plasmado en un real decreto ley que articula un conjunto de medidas urgentes por parte de nueve ministerios para paliar los daños personales y materiales causados por esos siniestros.

Según datos oficiales, el importe de las ayudas se estima en 557,7 millones de euros. A esta cantidad habría que sumar 130,2 millones en actuaciones de la Administración General del Estado, 58,4 millones de euros en exenciones y bonificaciones en materia de empleo y Seguridad Social, y 28,06 millones en beneficios fiscales (IAE e IBI). El impacto presupuestario total rondaría, por tanto, los 774 millones de euros.

Las situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica incluidas expresamente en el decreto ley son los incendios forestales de Tarragona, Madrid y Toledo del mes de junio; las inundaciones en Navarra y Orense en julio; los incendios forestales declarados en la isla de Gran Canaria en agosto y los episodios de Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que afectaron a varias comunidades autónomas, en especial del sureste peninsular, a finales de agosto y a mediados de septiembre.

En el caso del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación está previsto destinar dos millones de euros a la restauración forestal de las zonas afectadas por los incendios y 4,8 millones a actuaciones relacionadas con la financiación de avales.

La mayor parte de la compensación de los daños por las pérdidas sufridas en las producciones agrícolas y ganaderas procederá de las indemnizaciones de los seguros agrarios, pero el decreto ley contempla conceder ayudas a aquellas explotaciones agrícolas y ganaderas que no tengan contratada la póliza del seguro cuando hayan sufrido pérdidas superiores al 30% de su producción, siempre y cuando se hubiera contratado el seguro para la campaña anterior y en esta campaña no se hubiera contratado aún, porque todavía les quedaba plazo para formalizar la póliza, o porque no se había abierto el período de suscripción.

Falta de coberturas

Ante este reparto de ayudas, las cooperativas regionales consideran que no cubren todas las necesidades de agricultores y ganaderos, debiendo ser atendidas otras casuísticas. Por ejemplo, el hecho de que en las coberturas del seguro agrario combinado está contemplada la cobertura de daños en plantación. «Esta cobertura viene a indemnizar los daños provocados por siniestros de origen climático, frente a la perdida de árboles productivos. La cobertura prestada es del 100%, aplicándose una franquicia del 20% sobre el daño valorado y fijado por el perito. En este caso, solicitamos que el decreto ley incluya que la franquicia aplicada por el seguro por este tipo de cobertura sea asumida en su totalidad por parte del Estado compensando de esta manera al productor afectado vía decreto».

Además, aseguran que muchas de las explotaciones agropecuarias han sufrido daños en las parcelas productivas, con corrimientos de tierras, así como enlodamientos o daños en caminos, es decir, desperfectos importantes en sus infraestructuras, «las cuales tendrán un coste económico muy importante en su reparación y reposición. El seguro agrario no contempla este tipo de daños, tampoco los seguros generales, es por eso que solicitamos que el decreto ley incluya este tipo de casuísticas dotando de un presupuesto determinado para paliar estos gastos».

Por otra parte, aseguran que «el seguro agrario es la única herramienta de gestión de riesgos que tiene el sector agropecuario para paliar perdidas en las producciones de sus explotaciones. En este sentido, hay líneas de seguros que tienen una baja o casi nula implantación por diversos motivos. Esta casuística no se ha tenido en cuenta a la hora de elaborar el presente decreto ley».

Como explica Santiago Martínez, presidente de Fecoam, «solicitamos que se establezca una dotación económica para paliar las pérdidas de aquellos productores que no han asegurado, independientemente de la línea y nivel de implantación, exigiendo como contrapartida por parte de la Administración central, la obligatoriedad de asegurar sus explotaciones en los próximos cinco planes de seguros».

Otro de los problemas que no estaría bien reflejado en el decreto de ayudas, a juicio de los profesionales del sector, es el hecho de que las inundaciones del pasado 13 de septiembre están provocando casos en los que las parcelas productivas, bien por encharcamiento, estanqueidad del agua o las altas humedades, «y ello puede ocasionar que sufran daños por enfermedades, debido principalmente a que las parcelas productivas no se pueden tratar para evitar estos daños. Sirva como ejemplo en uva de vino, la botritis, cítricos, con el mal blanco de las raíces, aparición de hongos en el suelo y en los frutos. Solicitamos que el decreto ley las incluya como compensación y permita mantener la renta agraria».

En cuanto a nuevos asegurados, desde Fecoam insiste en que se contemple el hecho de que cuando un nuevo asegurado se incorpora al sistema de seguros agrarios, se le aplica por parte de Agroseguro, un periodo de carencia de siete días desde el pago de la prima del seguro, durante el que la producción no está cubierta si sufre un siniestro. «Es por ello que es necesario incorporar al decreto ley compensación para estos productores que había contratado el seguro y se han quedado sin cobertura y compensación económica de su producción».

Cultivos rotativos

Por último, consideran necesario que se revise el apartado del decreto de ayudas en el que se indica que solo se contemplara la posibilidad de indemnizar a aquellos asegurados que por estar el periodo de suscripción del seguro abierto o todavía no ha empezado, cubrir las pérdidas siempre y cuando se haya contratado el seguro agrario el año anterior, sobre el mismo bien.

«Consideramos que no se ha tenido en cuenta que los cultivos hortícolas son rotativos, y las parcelas de un año a otro se dejan en blanco, pero que el mismo asegurado ha cultivado el mismo cultivo y ciclo en otra parcela que no ha podido asegurar, bien por tener el periodo de suscripción abierto o no haber empezado el mismo. Este apartado debe ser modificado en este sentido para dar cobertura a estos productores que año tras año aseguran y que por motivos de prácticas agronómicas no cumplen con el requisito inicialmente indicado».

«Llevamos cinco años prorrogando el Plan de Sequía, llegando este a su fin por motivos legales, es decir, no se contempla la posibilidad de ampliar el mismo legalmente con el mismo nombre y con las mismas características. Es por ello que solicitamos que se renueve este Plan de Sequía dotando al mismo con el nombre y características necesarias para continuar con los fines por los cuales fueron creados», concluyen.