La CNMC sanciona a Mecánicas Bolea al implicarla en un cártel de empresas para encarecer servicios industriales

Trabajadores de Mecánicas Bolea, en una imagen de archivo. /Antonio Gil / AGM
Trabajadores de Mecánicas Bolea, en una imagen de archivo. / Antonio Gil / AGM

El organismo estatal desmantela el entramado de 19 empresas, entre las que está la firma de Cartagena, a la que impone una multa de 650.000 euros

Zenón Guillén
ZENÓN GUILLÉN

La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) ha desmantelado y sancionado a un cártel organizado por 19 empresas de montaje y mantenimiento industrial, entre las que forma parte la firma Mecánicas Bolea, de Cartagena, que fue creado para encarecer los servicios prestados fundamentalmente a empresas del sector energético y petroquímico. La multa a la firma de la ciudad portuaria asciende a 650.000 euros, mientras que las sanciones al conjunto de las mercantiles implicadas se elevan a 54,26 millones de euros.

Las mayores multas corresponden a MASA (14,5 millones), Navec (9,3 millones), IMASA (9,2 millones), MEISA (4,84 millones), MAESSA (3,49 millones), Tamoin (3,44 millones), Duro Felguera Operaciones y Montajes (1,32 millones), Sacyr Nervión (1,16 millones) y TMS (1,12 millones).

También formaban parte del cártel ACSA (110.000 euros), Atrian Technical Services (914.000), HGL (873.834), Enwesa, (860.000), Montajes Bardadun Industrial (38.577 euros), Millecasa (937.507), Montajes Mecánicos la Puertollanense (560.999), Montajes Metálicos Faysol (267.229), y Prefabricación y Montales del Norte (471.036 euros).

Se trata de empresas muy especializadas que se repartían clientes, licitaciones y fijaban precios mínimos para encarecer sus servicios, advierten desde la CNMC. También se incluyen sanciones concretas a ocho directivos implicados de algunas de estas sociedades por un montante de 280.500 euros.

Hay que tener en cuenta que el montaje y mantenimiento industrial requiere estándares complejos y específicos de seguridad, calidad industrial y medioambientales. Por ello, las grandes compañías del sector energético y petroquímico adjudican dichos servicios a mercantiles especializadas para el mantenimiento de instalaciones como depósitos, tanques en centrales de generación.

La operativa de la trama fue cambiando a lo largo de 17 años, hasta que uno de los participantes denunció el cártel a través del denominado 'Programa de Clemencia' -una vía de salida para quienes participan en un cártel y denuncian su existencia-. Tras las inspecciones realizadas por el organismo estatal, otra de las empresas reconoció su implicación y solicitó también clemencia, aportando elementos de prueba.

El 'modus operandi' de la trama fue evolucionando debido a su larga duración. En una primera etapa, la empresa designada para ser la adjudicataria de la obra daba sus precios para que fueran elevados por las demás mediante ofertas de cobertura hasta un cierto porcentaje. En una etapa posterior, las empresas se intercambiaban versiones de archivos Excel, que iban rellenando cada una con los precios y las ofertas de cobertura. Posteriormente, establecieron códigos propios, como números o siglas para las empresas participantes, indicando con un «sí» o con un «no», si las empresas participaban en una licitación concreta.

La resolución se ha remitido a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado para que las empresas implicadas a excepción de las que se acogieron al Programa de Clemencia, queden sujetas a la prohibición de contratar con el sector público.

Esta resolución pone fin a la vía administrativa, y se puede interponer recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su notificación.