Más de 23.600 ahorradores murcianos capean la inflación con sus pensiones privadas

Más de un cuarto de millón de habitantes de la Región dedican parte de sus ahorros a complementar sus futuras pensiones públicas. Eran 251.855 a primeros de 2021, con una capitalización de 1.628 millones, de acuerdo con los últimos registros de Inverco. Suponen el 46% de los hogares. La media nacional es del 40%.

Del total de suscritores, al menos 23.674 (el 9,4% del total ) tenían hace un año planes basados en cestas de títulos bursátiles, con un capital de 166 millones. Su rendimiento del 8,6% hasta primeros de abril engordó dicha cifra en más de 14 millones en los doce meses anteriores, sin contar las nuevas aportaciones de suscriptores.

Para los 162.447 ahorradores restantes que optaban por planes mixtos hace un año (64,5% del total), el rendimiento a primeros del pasado abril oscilaba entre el 3,3% y el –0,7%. En el caso de los 53.394 que prefieren renta fija (21,2%), los porcentajes se movían entre el –1,9% y el –3,5%. Y los 12.340 conservadores que exigen planes garantizados (el 4,9%) se encontraban con un –3,2%.

El buen funcionamiento de los planes de renta variable se debe al énfasis puesto en Bolsas extranjeras por parte de las gestoras, así como en sus apuestas por gigantes energéticos, farmacéuticos y tecnológicos, si bien aún no se tienen datos que reflejen las convulsiones financieras de este mes.

El recurso a los mercados exteriores ya es habitual por parte de las gestoras. Solo el 44,4% del patrimonio que manejan reside en 'cartera interior' tanto en renta fija como variable; el 38% se basa en títulos extranjeros (27,8% bursátiles); un 9,7% es dinero listo para oportunidades que ofrezcan los mercados; y el 7,9% se basa en otros activos, como inmuebles.

La rentabilidad de los planes de renta variable –al menos hasta ahora– sorprende si se tiene en cuenta que sus equivalentes en fondos de inversión (supuestamente más dinámicos) se movían a primeros de abril entre el 1,25% anual de la Bolsa española, el 1,62% de la eurozona y el –7,7% de los países emergentes. Las excepciones estaban en las carteras de Wall Street, con el 15,9%, y del parqué de Londres, con el 8,8% (al menos antes de las debacles de estos días).

La oferta de pensiones privadas es un gancho de bancos y aseguradoras para fidelizar clientes a cambio de menos comisiones. Estas entidades han encomendado la gestión de los planes a agentes financieros más ágiles a fin de dar a estos productos mayor atractivo vía plusvalías y contrarrestar su castigo tributario.

Así, el Ministerio de Seguridad Social quiere priorizar el ahorro para la jubilación a través de planes colectivos; esto es, los que se crean en el ámbito de las negociaciones sectoriales (ya se perfila uno en la construcción) o a través de asociaciones de autónomos, colegios profesionales y mutualidades. Sin embargo, la mitad de los ahorradores del país (48%) tienen una opinión negativa sobre las sucesivas reducciones en el límite desgravable de los planes individuales, que ha pasado de los 8.000 euros en 2020 a los 1.500 actuales, según una encuesta de Inverco. Apenas un 6% considera positiva esta medida.

Conforme aumenta la edad de los encuestados y el interés por asegurarse su futuro financiero al terminar su vida laboral, crece el rechazo. El 61% de los ahorradores de entre 50 y 59 años tienen una opinión negativa sobre el actual límite deducible. Un 29% de encuestados no se han formado opinión. Este porcentaje se concentra entre los jóvenes, con una carrera profesional por delante.

Inverco y la patronal de aseguradoras Unespa insisten en que los planes colectivos solo funcionan en grandes compañías y administraciones, están fuera del alcance de la mayoría de pymes y dejan al margen a los autónomos.

Para solventarlo, el Ejecutivo ha creado una nueva figura, la de planes de pensiones de promoción pública, que pretende generalizar este ahorro colectivo para cualquier trabajador. Pero hay demora en su creación, inicialmente prevista para otoño. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, espera que el proyecto de ley que los regula se apruebe en dos meses y que su entrada en vigor sea para 2023. Ya existen 157 enmiendas a la citada norma.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) aboga por que los planes individuales tengan el mismo tratamiento fiscal que los colectivos (8.500 euros deducibles), «de forma que todos los empleados tengan acceso a oportunidades similares de cara al ahorro para su jubilación».

Otro desincentivo reside en las rentas obtenidas. A diferencia de los fondos de inversión (solo tributan las plusvalías), el dinero rescatado de un plan de pensiones se considera como rendimiento del trabajo en el IRPF. Si se recupera todo de golpe por paro prolongado, incapacidad o muerte (a partir de 2025 será posible con aportaciones que tengan diez años de antigüedad), el mazazo fiscal puede ser de entre el 19,1% hasta el 47,2% en el caso de Murcia.