

Secciones
Servicios
Destacamos
El Circuito de Velocidad de Cartagena cierre sus puertas, al menos de manera momentánea. La directiva del trazado ha tomado la decisión de manera voluntaria para regularizar su situación. La instalación carece de licencia de actividad, no garantiza la seguridad de los usuarios y sigue «incumpliendo» las medidas, entre ellas antirruido, que tienen en pie de guerra a los vecinos de los alrededores. El presidente Antonio Martínez está en continuo contacto con los técnicos del Ayuntamiento, que tumbaron la documentación aportada en agosto por «insuficiente», además de por incumplirse, con el objetivo de al fin encontrar una solución definitiva.
1 millón de euros
es la deuda que arrastra el Circuito de Velocidad de Cartagena, según su presidente Antonio Martínez, a fecha de febrero de 2024. El directivo ocupa el cargo desde diciembre de 2022 y hasta ese momento pudo reducir el montante en 200.000 euros.
Tanto en febrero de 2021 como en agosto de 2024, el Ayuntamiento de Cartagena restringió la actividad del Circuito hasta subsanar las irregularidades en materia de ruidos e infraestructuras, con la instalación de vegetación, barreras antirruido y la limitación de motocicletas en la pista a determinadas horas del día, entre otras limitaciones. La directiva esquivó el cierre total en esas dos ocasiones, cuando se entregaron al Ayuntamiento las medidas correctoras a aplicar e informes de ruidos con sonómetros, que garantizaban tanto la seguridad de los usuarios como el descanso de los vecinos. Sin embargo han pasado los años y esas líneas señaladas en rojo por el Ayuntamiento «se siguen incumpliendo», anunció ayer la alcaldesa Noelia Arroyo, lo que ha llevado a la cúpula directiva del Circuito a dar el paso de manera voluntaria antes de una actuación mñas grave: el precintado.
Los técnicos municipales «seguían viendo insuficientes» esas medidas correctoras, explicó Arroyo, que además se incumplían. La propiedad del Circuito ha decretado este cierre voluntario mientras en el Ayuntamiento analizan la nueva documentación, aportada a finales de la semana pasada por el trazado, para obtener la licencia de actividad. El Circuito albergó hace quince días un evento multitudinario de carreras de coches con la presencia de miles de personas, lo que motivó nuevas denuncias y quejas de los vecinos en un intento por cancelar ese acontecimiento que no surtió efecto. La plataforma que aglutina a varios afectados, algunos del residencial de Santa Ana, pidió hace dos semanas a la Delegación del Gobierno la «adopción de medidas urgentes». Este organismo dio aviso al Ayuntamiento, a la Comunidad Autónoma y la Jefatura Superior de Policía «para que adopten las medidas que consideren oportunas».
La lucha vecinal por una regularización de la instalación viene de lejos. En 2022 y en 2023 se archivaron dos denuncias al no apreciarse «daños graves ni sustanciales» de delito medioambiental, pero desde entonces y hasta ahora la Fiscalía sí requiere al Ayuntamiento que vele por el cumplimiento de la normativa de emisión de ruidos. La propiedad del trazado fue enviando puntualmente informes y mediciones que le permitieron mantener la actividad hasta poco a poco ir levantando las restricciones.
«Hay que aclarar que para el Ayuntamiento esta infraestructura es imprescindible, lo importante que es y el impacto que genera. Pero el Circuito de Velocidad no tiene licencia. Y quienes tenemos responsabilidades públicas tenemos que ser responsables y ellos, que son los propietarios, tienen que velar por la seguridad de los usuarios y aplicar las medidas correctoras», aseguró la alcaldesa al respecto, y añadió las intenciones de la directiva por colaborar y revertir la situación. «Los propios propietarios han decidido el cierre cautelar para dar un tiempo a los técnicos y puedan analizar la información de última hora que han presentado dentro de sus planes de empresa para conseguir la licencia de actividad».
El tiempo corre en contra del Circuito de Velocidad, que cada día que pasa sin actividad repercute para mal económicamente. El trazado tiene cerrados varios compromisos de aquí a final de año que pueden verse cancelados si no se obtiene a tiempo la licencia de actividad. Este mes diferentes empresas tienen programadas rodadas de motocicletas y el domingo 27 la empresa 103 Octanos tiene previsto desarrollar un evento automovilístico.
La plataforma vecinal que lucha por el cumplimiento de las normas en el Circuito de Velocidad, integrada por residentes de zonas como el residencial de Santa Ana, se personó el pasado domingo en la Policía Local para reclamar soluciones contundentes y respaldados por diversa documentación oficial. Su portavoz, Pedro Luis Ros, recordó a LA VERDAD que la plataforma tiene una causa judicial abierta desde hace meses, reiteró que el trazado nunca tuvo licencia de actividad pero sí de apertura y confió en encontrar la armonía entre todas las partes.
El Circuito de Velocidad de Cartagena, cerrado de forma cautelar desde ayer, lleva años esquivando curvas. Los encontronazos entre las diferentes directivas, las obras sin autorización a espaldas de la Concejalía de Urbanismo y una crecimiento deuda han salpicado el día a día del trazado y condicionado su normal actividad, estabilidad y despegue económico.
La cafetería quedó clausurada hace meses al carecer de licencia municipal porque hace unos años la Concejalía de Urbanismo detectó una serie de irregularidades y denunció la construcción de unos edificios fuera de la ley. Así se encuentra también una pista de minimotos e incluso quedó en el punto de mira una pequeña enfermería.
El trazado intenta dejar atrás esa etapa oscura, en primer lugar, recuperando un calendario de actividad más completo. Todo pasa por tener una licencia de actividad y cumplir con las medidas antirruido, a fin de evitar las molestias entre los vecinos de los alrededores. Económicamente interesa encauzar la instalación legalmente, pues al menos en febrero la deuda superaba el millón de euros.
Actualmente al frente de la directiva está el funcionario Antonio Martínez. Esta persona ganó las elecciones en diciembre de 2022 a Manuel Nicolás, su mandato concluye en diciembre de 2027 y su mayor reto es liquidar esa deuda que, en menos de dos años, llegó a reducir en alrededor de 200.000 euros. Este cierre supone un paso atrás. Este diario intentó ponerse en contacto con Martínez pero no obtuvo respuesta.
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.