La nueva Ley Urbanística Valenciana deja casi sin valor el polémico convenio de las harineras

El suelo que el Ayuntamiento cedía a las mercantiles sólo podría ser utilizado para viviendas de protección, con lo que el beneficio es muy inferior al previsto El Tribunal Superior de Justicia investiga una denuncia del PSOE al respecto y prevé fallar sobre el recurso a mediados de abril, en plena campaña electoral

JOSÉ F. PICÓALICANTE
UNA INCÓGNITA. Terrenos de Benalúa Sur, donde se encuentran las harineras. / U. ARACIL/
UNA INCÓGNITA. Terrenos de Benalúa Sur, donde se encuentran las harineras. / U. ARACIL

El convenio de las harineras, que el alcalde, Luis Díaz Alperi, suscribió con los representantes de las dos fábricas instaladas en la avenida de Elche, no tiene prácticamente sentido ni valor con la entrada en vigor de la Ley Urbanística Valenciana (LUV), según explicaron a este diario fuentes municipales conocedoras del acuerdo y de sus consecuencias prácticas.

El convenio, todavía sin ejecutar, ha sido uno de los arietes utilizados por la oposición, en especial por el grupo socialista, para arremeter contra el alcalde durante el presente mandato. Tanto es así que el asunto está en manos de los tribunales de Justicia, a través de un contencioso administrativo que ya tiene fijada la fecha para su resolución, en concreto para mediados del próximo mes de abril. Tal y como desveló este diario, será para entonces, en plena campaña electoral, cuando la sala del TSJ que entiende de la demanda se reúna para fallar sobre tan polémico caso, tengan ya valor o no las cláusulas establecidas en su día.

CUATRO AÑOS DESPUÉS

Ya sólo Justicia entiende del caso

Transcurridos cerca de cuatro años desde la firma del convenio (27 de diciembre del 2002), aquel acuerdo con Francisco Bufort y Harinas Cloquell Sociedad Anónima tiene escaso valor y menos futuro, según añaden las fuentes consultadas. La Ley Urbanística Valenciana obligaría a que los beneficiarios del suelo cedido por el Ayuntamiento a cambio del traslado de las fábricas -es decir, las harineras- no puedan explotar al precio de mercado aquellos 10.200 metros cuadrados de techo urbanístico que les correspondieron en el ventajoso convenio.

Tal y como recoge el articulado, a cambio del desmantelamiento y traslado de las dos fábricas, el Ayuntamiento cedía suelo municipal correspondiente del excedente de aprovechamiento y, además, lo hacía libre de cargas de urbanización. Es decir, que las harineras se encontraban con unos privilegiados metros cuadrados en una no menos privilegiada zona de Alicante, con fachada al mar en lo que mediáticamente se ha venido a denominar la manzana de oro de Benalúa Sur.

Un informe elaborado por el arquitecto Manuel Ayús a propuesta del grupo municipal socialista fijaba el valor mínimo de los 10.200 metros cuadrados en el mercado inmobiliario en 12,9 millones de euros. Además, advertía de que, como el Consistorio asumía las cargas de urbanización, las harineras se ahorraban 674.000 euros.

El estudio, que fue visado incluso por el Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, establecía para las harineras un beneficio neto de 26 millones de euros, una vez descontados los gastos por indemnización, promoción, ejecución de las viviendas, tasas, proyectos, licencias...

OPERACIÓN VENTAJOSA

31 millones en el 2008

Estos valores estaban fijados para el año 2003 -el informe está fechado en agosto de aquel año- y siempre teniendo en cuenta los precios de la vivienda libre (212.000 pesetas el metros cuadrado residencial), no de un piso de protección oficial. Ayús fue más allá y proyectó estos parámetros hasta el año 2008. Para entonces, los beneficios netos de las harineras ascenderían a 31 millones de euros, en torno a 5.200 millones de las antiguas pesetas.

Pero es que, además de la disminución de los beneficios previstos, cuando fue firmado el acuerdo a finales del 2002, hay que añadir serias dudas jurídicas sobre la validad de aquellos convenios, según apuntan las fuentes consultadas por este diario.

Se da la circunstancia de que las harineras intentaron en su día aprovecharse del ventajoso convenio, con la presentación en el Ayuntamiento de una propuesta urbanística basada, a priori, en las condiciones de los acuerdos establecidos en diciembre del 2002.

Sin embargo, la Gerencia Municipal de Urbanismo la rechazó. Entre otras «incoherencias», las mercantiles no garantizaban el funcionamiento de las fábricas en otros emplazamiento, en contra de una de las cláusulas estipuladas.

URBANIZADORA PAI 10-11

Las harineras lo intentaron

Las harineras crearon la sociedad Urbanizadora PAI 10-11 Sociedad Limitada y presentaron su Plan de Actuación Integrada (PAI) para la unidad de ejecución número dos del Plan Parcial Benalúa Sur antes incluso de que el mencionado plan estuviera aprobado por la Generalitat, lo que ocurrió finalmente el 5 de septiembre del 2003. El Consistorio decidía en el Pleno ordinario de marzo del 2004 rechazar el PAI promovido por las harineras. Ese mismo día, publicaba las bases orientativas para el desarrollo de la citada unidad de ejecución.

Desde entonces, hace ya más de dos años y medio, nada más se ha sabido sobre el desarrollo del pacto de las harineras, más allá de que la nueva legislación impide, a día de hoy, explotar el suelo para vivienda de renta libre, con lo que la operación ya no parece tan ventajoso como lo parecía en diciembre del 2002.