Díaz-Cano no garantiza el desalojo del campamento de rumanos del Trasvase

Esperará a recibir la petición formal del alcalde de La Herrera para analizar la situación con la Guardia Civil, que va a reforzar su presencia

LA VERDADALBACETE
ACAMPADOS. Dos inmigrantes junto al Trasvase. / LV/
ACAMPADOS. Dos inmigrantes junto al Trasvase. / LV

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Máximo Díaz-Cano, aseguró ayer que se reforzará la presencia de la Guardia Civil en La Herrera, donde cientos de inmigrantes acampan junto al acueducto Tajo-Segura, y que estudiará la petición del alcalde del municipio, Pablo Escobar, de que sea desalojado el asentamiento.

Así lo indicó en declaraciones a los periodistas en Toledo el delegado del Gobierno -que el lunes por la noche visitó la zona-, al concluir una reunión con el alcalde de La Herrera, Pablo Escobar, quien pedirá formalmente por escrito al delegado en los próximos días que el asentamiento sea desalojado.

Díaz-Cano solicitó al alcalde que exprese por escrito la petición de desalojo y dijo que estudiará el expediente administrativo con los responsables de la Guardia Civil.

El desalojo, según Díaz-Cano, reviste «complejidad» dada la presencia de menores de edad en el asentamiento, y subrayó que «a medida que pasan los días el problema va remitiendo».

Asimismo, recordó que los rumanos son ciudadanos de la Unión Europea con derechos y que infracciones administrativas como penetrar en el dominio público hidráulico o hacer hogueras (prohibido en Castilla-La Mancha en verano) no conllevan que se puedan realizar actuaciones de fuerza.

Díaz-Cano afirmó que la Inspección de Trabajo está «en el lugar» para garantizar que las contrataciones son regulares y aclaró que los rumanos son ciudadanos europeos que no requieren contratos en origen, sólo autorizaciones especiales para empleos de temporada.

El delegado del Gobierno pidió al alcalde de La Herrera que colabore para calmar los ánimos y que no se produzca ningún «choque o enfrentamiento» entre los 400 vecinos del pueblo y los inmigrantes, que superaron los 2.000 en julio y son aún más de 500, según el Ayuntamiento.Díaz-Cano reconoció que este año se han producido en La Herrera unas 700 infracciones administrativas, mientras que el año pasado por estas fechas se habían contabilizado menos de 150.

En cuanto a las infracciones penales, en 2006 se produjeron seis (tres delitos y tres faltas) y han sido diez en lo que va de año; «un ligero incremento que no es significativo», dijo Díaz-Cano.

Reacción vecinal

En este sentido, dijo comprender la reacción de los vecinos, pero «desde la preocupación» más que desde los hechos, y apeló «a la prudencia» y a la confianza «en los responsables de la seguridad, la Guardia Civil».

Pablo Escobar, que acudió a la reunión en Toledo acompañado por dos concejales del Ayuntamiento de La Herrera, señaló a los periodistas que el compromiso adquirido es que la presencia de la Guardia Civil se va a incrementar y que se estudiarán «medidas más concisas».

Escobar expuso que el asentamiento tiene varios focos y se extiende junto al acueducto a lo largo de unos tres kilómetros, e indicó que en el pueblo «la situación de miedo e inseguridad se está agravando» porque «cuando la situación se va alargando en el tiempo, las sensaciones se van agudizando».

Nuevo robo

Por otra parte, también Escobar dio a conocer que la madrugada del pasado domingo un empresario local sufrió el tercer robo este verano, al serle desvalijado un camión, aunque destacó que la Guardia Civil acudió enseguida.

«Sus declaraciones no se las tengo que recordar», dijo el alcalde al preguntársele si le recordó en la reunión a Díaz-Cano que dio un plazo de una semana para la solución del problema hace más de siete días. El alcalde de este municipio manifestó que regresaba a La Herrera «moderadamente contento» y que «dentro de dos o tres días» sabrá «cuánto», en probable referencia a la atención por la Administración de la petición de desalojo que realizará por escrito, aunque no se refirió a ésta en ningún momento.