Cuenta atrás para la nueva agricultura

La agricultura del futuro será sostenible o no será. En ella se basan las estrategias que distintos organismos internacionales están proponiendo para atender a una población que va a dispararse. Se estima que habrá 9.000 millones de habitantes en 2050. «Es imposible alimentar a tanta gente con el modo de producción actual», sentencia el economista Jesús Navarro, consejero delegado de la especialista en tendencias de innovación Innsai. De ahí surge una corriente «de innovaciones a nivel mundial», añade, hacia «un modo de producción agrícola más sostenible».

En este contexto la Comisión Europea presentó el pasado jueves su plan 'De la granja a la mesa', en el que contempla que el 40% de los fondos europeos dedicados entre 2021 y 2027 a la política agraria contribuyan a la denominada Acción por el clima. Al margen de las críticas que la publicación de esta estrategia ha levantado entre distintos colectivos de agricultores, que piden posponerla para calibrar primero el impacto sobrevenido de la actual crisis sanitaria, lo que no está en duda es que numerosas prácticas agrarias van a tener que ajustarse a esta tendencia en los próximos años. En la Región de Murcia ya existen distintos proyectos que se han anticipado a una forma de extraer bienes de la tierra que va más allá de la conocida agricultura ecológica, en la que esta comunidad autónoma ya es líder nacional, con un 25% de toda su superficie de cultivo adscrito a ella.

«Me he dado cuenta de que la agricultura ecológica no es suficiente», afirma el ingeniero agrícola y productor mazarronero Sebastián Sánchez. «Producir tomates ecológicos en Suecia en invierno no es sostenible, como tampoco los es consumir guisantes ecológicos traídos en avión desde Kenia», ejemplifica este especialista que en 2005 fundó junto a su hermano, Juan Pablo, su propia productora, Worlmark Alimentos Ecológicos. Ahora cuentan con 200 hectáreas al aire libre y dos y media bajo invernadero, más «una nueva central hortofrutícola» que están levantando en un complejo de más de 10.000 metros cuadrados. «No creo que haya en Europa otro proyecto igual al que nosotros queremos implantar», comenta Sánchez, en referencia al logro de «hacer un ciclo cerrado entra la producción del campo y la industrial, en un claro ejemplo de economía circular».

Raúl Zornoza, investigador de la de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y experto en manejo de suelos, explica que la agricultura sostenible es un sistema productivo con beneficios económicos caracterizado por la reducción de impactos hacia el medio ambiente y la salud humana, y en el que se optimizan la utilización de recursos y se potencia el manejo de la biodiversidad y la economía circular. En ella se contempla «desde el campo hasta el consumidor como un todo». Sánchez añade «el bienestar de nuestros trabajadores». El productor, que tiene entre sus empleados a refugiados de guerra malienses, asegura tener «comprobado que con una política de 'trabajadores felices' se puede conseguir una rentabilidad económica mayor».

Este tipo de garantías no están acreditadas en los productos ecológicos, sobre los que Unión Europea se limita a certificar que están libres de pesticidas y fertilizantes, y que no utilizan semillas de transgénicos, principalmente; pero sobre las que no hay un control acerca del uso de agua, energía o plásticos, entre otros.

De momento, las denominadas sostenibles son unas prácticas imprecisas (en ellas sí cabe el uso de pesticidas bajo determinadas garantías sanitarias y de respeto medioambiental, por ejemplo). Ninguna certificación las regula, pero cada vez más productores las aplican, bien por sensibilidad conservacionista, bien por meter cabeza en un 'mercado verde' que incrementa su interés entre los consumidores, o bien para adelantarse a las pautas que preparan distintos organismos internacionales, y tras ellas las administraciones. O todo esto a la vez.

Por una causa u otra, en los últimos años están proliferando en la Región proyectos relacionados con la sostenibilidad, como la puesta en marcha el pasado noviembre de una planta solar fotovoltaica para alimentar de energía limpia a la desaladora privada de la Comunidad de Regantes de Mazarrón, lo que, cada año, ahorrará una emisión de 40.000 toneladas de CO2 y evitará la evaporación de hasta 35.000 metros cúbicos, al tiempo que abaratará el precio del agua. Más ejemplos son la apertura por parte de la firma Kernel Export en Los Alcázares de una planta de generación de biogás y fertilizantes reaprovechando los residuos agrícolas, la creación de una planta de biometano en Lorca en la que se emplearán purines de granjas porcinas, y los esfuerzos de la cooperativa pinatarense Camposeven por introducir unas pautas más estrictas que las que marca la producción ecológica.

Desarrollos de este tipo están en el punto de mira del proyecto 'De la granja a la mesa', que busca «garantizar que los europeos dispongan de alimentos asequibles y sostenibles, combatir el cambio climático, proteger el medio ambiente, preservar la biodiversidad y aumentar la agricultura ecológica». El plan, recoge el texto de la Comisión Europea del que se han extraído estos entrecomillados, incluye trabajar «con los Estados miembros y las partes interesadas» para que la transición sea justa y equitativa para quienes trabajan en el sector; para reducir el uso de plaguicidas químicos, abonos y antibióticos, y desarrollar técnicas innovadoras que protejan las cosechas de plagas y enfermedades. «También ayudará a combatir el fraude alimentario» y, otro punto importante, «los productos alimenticios importados de terceros países deben cumplir las normas de la UE en materia de medio ambiente», añade.

En la época de nuestros abuelos, apunta Sánchez, se «cumplían con los preceptos que hoy día conocemos como agricultura sostenible». El cambio llegó, relata, con la irrupción de «la actual agricultura industrial basada en el monocultivo, con la que pasamos a depender de agroquímicos y semillas producidos por multinacionales». Raúl Zornoza aclara que gracias a esa «agricultura industrial», que irrumpió durante la segunda mitad del siglo XX en Europa y Estados Unidos, se logró «garantizar el suministro de alimentos a una población creciente, y se mejoró la rentabilidad de las explotaciones agrarias».

La llamada 'revolución verde', como se bautizó a ese cambio, logró sus objetivos, aunque «sin pensar realmente en los impactos negativos que podría tener en el medio ambiente o en la salud pública». Esos «efectos negativos» de la nueva producción intensiva se sintieron principalmente a partir de la década de los años 1980, y entonces comenzó a percibirse que se «podría poner en compromiso la continuidad de la agricultura por la degradación del suelo, la contaminación y la reducción de la biodiversidad, lo que lleva a que los sistemas sean cada vez más susceptibles a estreses como plagas, enfermedades y sequías». Ese «riesgo de reducir la productividad en el futuro, acompañada de efectos no deseados en la calidad ambiental y en la salud», abrió la puerta «a hablar de una agricultura sostenible en la que, además de tener en cuenta la producción y la rentabilidad económica como pilar fundamental, se incluyeron otros conceptos, como la optimización de los recursos, el mantenimiento de la biodiversidad, la calidad del suelo, el agua y la atmósfera, y el aprovechamiento de los recursos naturales disponibles en la Región; mientras se reduce la dependencia de insumos externos, aunque esto no quiere decir que se erradiquen, sino que se optimiza su uso», precisa el investigador.

La primera definición del nuevo modelo se recoge en el denominado 'Informe Brundtland', de 1987. En él se explica que la agricultura sostenible es «aquel desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades». La cumbre de Naciones Unidas en Johanesburgo (Sudáfrica) del año 2002 y la FAO, su organización específica para la alimentación y la agricultura, han ido perfilando el concepto, al que se ha añadido la necesidad de garantizar «la rentabilidad, la salud del medio ambiente y la equidad social y económica».

La propuesta no pasa por retornar a unas antiguas prácticas que difícilmente podrían cubrir las crecientes necesidades de la población. Sánchez afirma que con la tecnología actual ya es posible «aprovechar todos los recursos de nuestro planeta de forma sostenible». Por su parte, Jesús Navarro insiste en que «la clave» es conseguir una transformación hacia estas prácticas «sin que ello implique un incremento de los costes y, en consecuencia, un mayor precio de venta de los productos». A su entender esto se logra con «el uso de la tecnología 4.0 (inteligencia artificial, robótica, drones, sensores, computación en la nube, etc.), que ayudará a los agricultores a ser más productivos y eficientes».

«Creo que en un futuro próximo los objetivos de sostenibilidad irán muy ligados a los de digitalización de los modelos de negocio», coincide. Raúl Zornoza, que es investigador Ramón y Cajal en la Escuela Superior de Ingeniería Agronómica de la UPCT. Este experto encabeza tres proyectos de «promoción de la agricultura sostenible mediante el manejo de la biodiversidad», como él mismo los define. Se trata de Divefarming, financiado por el programa europeo Horizonte 2020; Soildiver Agro, también del programa Horizonte 2020, y de Asocia Hortus, un proyecto nacional sufragado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. En los objetivos de estas iniciativas, insiste, «siempre se tiene el punto de vista puesto en la producción, ya que un sistema no es sostenible si no es rentable».

En el caso de la Región, la agricultura «se ha caracterizado en los últimos años por su carácter intensivo y los efectos negativos al medio ambiente, pero como en gran parte de Europa y del mundo donde se ha desarrollado una agricultura mecanizada vinculada a una industria asociada y a las exportaciones», aclara el especialista. «No obstante», añade, «gran parte de los agricultores [murcianos] son conscientes de la degradación del medio que ha supuesto esa agricultura intensiva, que ha sido además fomentada por la [Política Agraria Común europea] PAC en las últimas décadas, y ahora están adaptando sus modelos hacia una agricultura más sostenible», ejemplifica.

«Cada vez hay más conciencia sobre este tema y se está trabajando en mejorar la sostenibilidad de las explotaciones», sentencia. Y advierte de que la administración pública «tiene una misión muy importante para marcar directrices de actuación basadas en los principios de desarrollo sostenible, que sirvan de guía al agricultor y siempre acordadas en consenso».

De momento ya «hay muchos proyectos en la Región, en España, en Europa y en el mundo relacionados con estos temas», afirma Zornoza, que destaca la alta conciencia que está mostrando la Comisión Europea. Pero también advierte de la necesidad de realizar estudios que evalúen qué prácticas son mejores en cada caso: «Porque no todas las estrategias funcionan bien en todos los lugares». Al contrario de lo que opinan otros especialistas, como el economista Jesús Navarro, el investigador de la UPCT no cree que la crisis de la Covid-19 sensibilice más sobre estos asuntos a una población que va a estar más preocupada por la reactivación económica que por asegurarse de que se realicen unas prácticas. «Eso es un error», denuncia, «porque las prácticas sostenibles son las que van a garantizar que la producción sea rentable y se mantenga en el tiempo».