El agro de la Región aún no paga el 25% de las patentes

Detrás del color, el sabor, el tamaño, la mayor disponibilidad en el mercado y la resistencia a enfermedades y plagas de la lechuga, el tomate o el brócoli que encontramos en el supermercado se esconde una media de más de una década de desarrollo y más de un millón de euros de promedio en investigación. Las compañías obtentoras, que cada año suministran a los productores nuevas semillas con las características que mejores éxitos alcanzan entre los consumidores, dedican en España en torno a 150 millones cada ejercicio a alimentar esa I+D, lo que equivale a más de una quinta parte de todo lo que generan con la venta de sus simientes. Es un esfuerzo en innovación mayor que el que realizan sectores tan tecnológicamente punteros como el de la automoción, el aeroespacial, las farmacéuticas e incluso las compañías informáticas.

Solo en la Región de Murcia se estima una inversión de unos 25 millones al año desembolsados por las compañías privadas en la obtención de nuevas variedades agrícolas más atractivas para el mercado, según la información facilitada por la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales (Anove). Esa cantidad se alimenta con el pago de patentes, al que el director técnico de esta organización, Francisco Petit, califica de «columna vertebral de la financiación de los programas de investigación demandados por el sector agrario de esta comunidad». Sin embargo, «se estima que en la agricultura regional puede haber en torno a un 25% de incumplimiento en el pago de 'royalties'», como son conocidos comúnmente esos desembolsos amparados en el denominado derecho de propiedad intelectual.

«En general, en el sur de Europa hay una falta de respeto por los derechos de propiedad intelectual», asegura Petit, aunque al mismo tiempo afirma que en el sector «cada vez hay más concienciación» sobre estos pagos. Para ello han ayudado las campañas de mentalización; el incremento de la seguridad jurídica; la mejora del material vegetal, «por su adaptación a las necesidades del sector agrario a un clima cambiante», y «la propia Administración».

Desde la Administración regional, el director del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario de la Región de Murcia (Imida), Víctor Serrano, dependiente de la Consejería de Agricultura, apunta que en España «el volumen de los 'royalties' se encuentra lejos de los de otros países de Europa, como Francia, Reino Unido y Alemania». En esto también influye el distinto modelo de negocio: no es lo mismo el uso de semillas hortícolas que el de frutales, ejemplifica. En algunos tipos de cultivos las patentes se pagan por planta, y se amortiza durante su vida útil, con lo que «el impacto sobre el coste de producción es mínimo». Mientras que en otros, como mandarinas o ciruelas, los pagos son anuales.

En la actualidad, de cada cien euros de promedio que genera la explotación de un cultivo, entre 50 céntimos y un euro y medio se destina al pago de patentes, calcula Petit. Ese dinero, concreta, «se utiliza en el refuerzo de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, para la obtención de nuevas variedades, la mejora de instalaciones y la contratación de personal altamente cualificado».

Cuando se detectan impagos, advierte Serrano, los infractores «denunciados por las empresas obtentoras» asumen el «pago de sanciones y son obligados al arranque de la parcela». Antonio Villarroel, director general de Anove, aclara que «en ningún caso se persigue a simples agricultores, porque el uso de estas semillas no está castigado por la ley», sino que únicamente se sanciona a operadores o agricultores que se enriquecen ilícitamente reproduciendo y vendiendo semillas y plantas ilegales.

En todo caso, augura Francisco Petit, «cada vez se respetarán más los derechos de propiedad intelectual, en beneficio del propio sector agrario de la Región de Murcia», en vista de que, según la visión de Anove, la investigación ya «se ha transformado en un factor clave de la competitividad agraria».

Antonio Villarroel apunta que, gracias en buena parte a la innovación vegetal que permite el pago de estas patentes, los rendimientos económicos de los viñedos se han multiplicado por tres, los del olivar por cuatro y los del tomate por más de 12. «Los incrementos de productividad han sido espectaculares en todos los cultivos desde la década de los setenta», resume Villarroel, que achaca a «alrededor del 40% de este aumento en la productividad a la mejora de las variedades vegetales». Se trata de unos resultados obtenidos en unas pocas décadas, precisa, «que los agricultores individualmente tardarían siglos en conseguir».

En este contexto, añade Petit, «la reproducción o la compra de semillas o plantas ilegales, o el reempleo de granos para siembra sin aplicar los derechos de propiedad intelectual, amenazan la investigación y comprometen el futuro de nuestra agricultura». Además, puede derivar en resultados deficientes y «serios perjuicios económicos al agricultor», o generar «focos de transmisión de enfermedades».

El próximo paso, vaticina Serrano, tiene que ver con la modificación genética de variedades, cuyo uso aún está prohibido en Europa, aunque existe un movimiento para permitir su comercialización con algunas características, «como el trigo sin gluten, por ejemplo». Se trata de un factor «que va a revolucionar el sector cuando se legalice». Serrano augura, en este contexto, «una carrera en los centros de investigación y una extensión de cultivos que usan variedades protegidas por 'royalties'». Ese previsible movimiento puede afectar singularmente a España, «uno de los polos más importantes del mundo en obtención vegetal, sobre todo en el sector hortícola», en palabras de Villarroel, que recuerda que Almería y Murcia suman una veintena de centros de investigación, «donde se hallan presentes prácticamente todas las empresas que innovan a nivel mundial».