La base científica del régimen

Franco, durante una visita a los trabajos relativos al 'Plan Badajoz'./EFE
Franco, durante una visita a los trabajos relativos al 'Plan Badajoz'. / EFE

El historiador Lino Camprubí describe, en 'Los ingenieros de Franco', la influencia de investigadores y técnicos en el modelo económico español a partir de la Guerra Civil

IRATXE BERNAL

Durante la Guerra Civil los principales cultivos de arroz quedaron en zona republicana, así que, en un esfuerzo por mejorar la alimentación de las tropas nacionales, el general Queipo de Llano encargó a un terrateniente olivarero convertir la marisma del Guadalquivir en un gigantesco cultivo de arroz. Algo hasta entonces impensable y que se logró (hoy la marisma es la tercera zona de producción de toda Europa) expropiando tierras, empleando a los presos políticos y de guerra como mano de obra en la construcción de canales, trasladando forzosamente a campesinos valencianos, erigiendo poblados para estos colonizadores y estableciendo cotos arroceros. Pero nada de esto hubiese servido de mucho sin un componente esencial: las semillas. En solo tres años, los que duró la contienda, las plantaciones arroceras sevillanas pasaron de estar abastecidas por semillas italianas a estarlo por las obtenidas por hibridación en España. Un logro científico para el que, asumiendo que la única manera de alcanzar cierta independencia económica era la obtención de productos sintéticos que sustituyeran materias primas o bienes de importación, el régimen no escatimó recursos.

Con ejemplos como este, el historiador Lino Camprubí describe en su obra 'Los ingenieros de Franco' (Crítica), un aspecto «hasta ahora poco estudiado» de esta época histórica: «el papel de los ingenieros y científicos en la construcción política del franquismo», un régimen que les permitiera desarrollar sus proyectos sin «los altibajos de la política parlamentaria». En el libro, además de enterrar la creencia de que la investigación estuvo exiliada durante la dictadura, el autor (nieto del filósofo Gustavo Bueno) evidencia la importancia de algunos de estos profesionales en la configuración del nuevo Estado, ya fuera en la gestión de sus recursos (y gentes) como en el establecimiento de acuerdos internacionales, aprovechando el interés estadounidense por el enclave de Gibraltar, el uranio de Córdoba o las reservas de fosfatos del Sáhara Occidental.

La tan anhelada autarquía no llegó nunca a ser plena pero, como muestra el ejemplo de las semillas, sí fue el motor de muchas de las investigaciones realizadas por el franquismo. Y lo fue incluso antes de la llegada al Gobierno de los tecnócratas en 1957. Nada más finalizar la contienda, en 1939, cuando José Ibáñez Martín fue nombrado ministro de Educación recurrió a su amigo José María Albareda, doctor en Farmacia y Química formado con becas republicanas en Alemania, Suiza e Inglaterra, para la creación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Albareda además de un notable científico era miembro del Opus Dei, que ya tenía entre sus objetivos la defensa de la Iglesia en todos los campos de la investigación científica y se había preocupado por captar muchos jóvenes talentos. Ellos veían en la organización religiosa una forma de conseguir contactos y un reconocimiento profesional que además, siguiendo una de las máximas de Escrivá de Balaguer, era «signo de santidad, de caballerosidad, trabajo apostólico y contribución a la redención del pasado anticlerical de España».

El libro entierra la creencia de que la investigación estuvo exiliada durante la dictadura

La redención de España

Así, con «el árbol de la ciencia enraizado en el corazón de la patria» y «señalando a Dios y la Verdad», como rezaba la propaganda del CSIC, tocaba emprender esa redención de España que necesariamente tenía que ir unida a su industrialización y en la que, según Camprubí, «los ingenieros tenían proyectos claros sobre lo que debían hacer los obreros en una fábrica o cada miembro de una familia en un poblado de colonización».

De todos ellos se espera profesionalización, es decir, que organismos como el Instituto Nacional de Colonización y el Instituto Técnico para la Construcción y el Cemento (el mejor financiado del CSIC a principios de los cincuenta) trabajaron especialmente por formar campesinos y obreros competentes para los que incluso se configuran 'ecosistemas': poblados colonos junto a los canales y embalses en las zonas rurales yermas, y casas baratas en los suburbios chabolistas de las incipientemente industrializadas ciudades. Entornos que brindaran ambientes higiénicos y felices en los que podían acatar las pautas dictadas por el Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo y los sindicatos verticales sin dejar de atender sus obligaciones religiosas. Fuentes y plazas donde reunirse a la sombra del ayuntamiento, la iglesia o la sede de Acción Católica eran igualmente planificados en los pueblos del 'Plan Badajoz' como en Madrid.

Y claro está, donde hay intereses, aunque en teoría sean los de la patria, también hay encontronazos. «No fueron pocos los ingenieros, arquitectos y científicos que participaron de este ambiente nacionalcatólico ampliamente compartido y se apoyaron en él para asegurar y legitimar su propio papel y el de sus disciplinas en la economía política española», explica Camprubí. El libro relata, por ejemplo, cómo cuando en el Ministerio de Industria se empezó a mirar a «los famosos pantanos de Franco» como «enormes generadores de kilovatios» los ingenieros civiles se dieron de bruces con los agrónomos, que los consideraban de uso exclusivo para el regadío primando la autosuficiencia alimenticia a la industrial. Una autarquía frente a otra. El 'arroz de la victoria' de la marisma del Guadalquivir frente a la modernidad de las turbinas de la Empresa Nacional Hidroeléctrica de Ribagorzana (ENHER). O frente a la creación de una reserva natural en Doñana.

Lo que hoy es un espacio protegido estuvo a punto de ser desecado y convertido en tierra de cultivo, algo frente a lo que el naturalista José Antonio Valverde, entonces colaborador científico del CSIC, solo encontró una manera de oponerse: comprar los terrenos. O mejor dicho, pedir que lo hicieran a los biólogos y zoólogos ingleses (muchos de ellos, aristócratas) que viajaban hasta allí para disfrutar de uno de los nichos ornitológicos más ricos de Europa. En aquella campaña recaudatoria, encabezada por Julian Huxley (primer director de la Unesco y hermano de Aldous), está el origen de la organización conservacionista Word Wide Fund (WWF), que si bien no llegó a comprar el parque sí produjo el suficiente revuelo internacional como para echar abajo los planes del Ministerio de Agricultura. «Una de las ventajas de una dictadura es que para lograr algo no hay que convencer a medio Parlamento, sino sólo a Tirant lo Blanc», resumía Valverde una vez lograda la victoria.

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