Versión ciudadana de nuestra autonomía

CLEMENTE GARCÍA GARCÍAExalcalde de Murcia y doctor en Derecho

Cuando en diciembre de 1978 los españoles aprobamos la Constitución, la situación sociopolítica en la Región de Murcia podría describirse como sigue: carencia de conciencia regional; habernos constituido como preautonomía (Real Decreto 30/1978, de 27 de septiembre) y uniprovincial; no disponer de recursos propios suficientes para atender las obligaciones que llegaban porque las transferencias no estaban bien negociadas; no había experiencia legislativa; había dos opciones políticas predominantes, popular y socialista, si bien esta última se responsabiliza desde mayo de 1979 hasta 1995 de la gestión pública, haciéndolo el grupo popular desde dicha anualidad hasta la actualidad, aunque el mandato que comienza en 2015 no tiene mayoría absoluta y aparecen nuevas alternativas que conforman el pluralismo político; una administración pública que descansaba en la estructura de la extinta Diputación Provincial; y otros caracteres que producían preocupación a la hora de adoptar decisiones principales.

El historiador José María Jover, buen conocedor de esta Región, sobre todo de Murcia y Cartagena, en prólogo a la obra de este autor ('La Autonomía de Murcia, Crónicas de 15 años, 1982-1977, I'), remarcaba, de una parte, que, entonces, «el Reino de Murcia jamás estuvo encerrado en límites más estrechos» y, de otra, que «todos somos conscientes de la escasa fuerza que entre ciudadanos manifiesta ahora, y ha manifestado, en contraste con la muy definida de nuestros vecinos andaluces, castellanos... y manchegos». Aunque en espacio mayor tiene asiento una peculiar colectividad humana, dotada de una historia común y de rasgos culturales similares.

A la rigurosa historia del profesor Jover Zamora le sigue la actividad hasta la aprobación del Estatuto en 1982, el desarrollo de este hasta la Reforma de 1994, así como la posterior de 1998, la asunción de competencias (las principales), hasta llegar a nuestros días, además de incorporar la adhesión a la Unión Europea, los efectos de la globalización y otros acontecimientos. Analizada su evolución y resultados, podríamos afirmar que no estamos ante un cambio, sino ante una gran transformación, sobre todo si se dejara constancia de cifras presupuestarias y número de funcionarios. No obstante, no se pueden ignorar los múltiples problemas que el modelo de organización territorial ha generado, principalmente los de naturaleza financiera, y los derivados de las exclusivas competencias del Estado, incluidos los de corrupción. Pero, insisto, nada es igual a la situación de 1978. ¿Habría sido posible conseguir en tal periodo el nivel de equipamientos de estar en un sistema centralizado? La respuesta es, pues, negativa y la conclusión es que todo se centra en la gestión de los recursos públicos, y estos, salvo excepción, no tienen naturaleza ni trascendencia constitucional.

Una nueva etapa se inicia tras las próximas elecciones regionales y municipales, y también desde las generales. De momento, las notas que caracterizan la situación vienen dadas por las siguientes: la circunscripción electoral será la provincia, no las comarcas , lo que originará no pocos problemas en la representación territorial; no se darán, salvo excepción, mayorías absolutas y el pluralismo político podría dificultar el entendimiento y buen gobierno; reconocer la participación ciudadana será la asignatura principal, para cuya aplicación se está trabajando; y, por último, las nuevas tecnologías serán esenciales (informática, redes sociales, etc.) para la relación administraciones-ciudadanos. Mi opinión es, pues, favorable al modelo territorial.

 

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